En dos semanas termina el 2022: un año en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado afianzar su poder rumbo a la próxima elección presidencial, en vez de reconstruir un país mejor tras la pandemia.
Desde julio de 2021, el presidente ha aprovechado la conferencia mañanera y los eventos oficiales para destapar “corcholatas” y alimentar un juego político que se siente como una campaña interminable rumbo al 2024. Lo preocupante es que en medio de este sueño egoísta hay tres tendencias que se han enfatizado en los últimos 12 meses y que podrían tener consecuencias fatales para las y los mexicanos.
La primera de ellas es un discurso cada vez más polarizado y arraigado a la narrativa presidencial. Llevamos cuatro años escuchando monólogos donde prevalece la idea de “ellos y nosotros”. En donde choca el pueblo, refiriéndose a sus simpatizantes, contra los neoliberales, que son aquellos que hacen daño y se oponen a la transformación. Una narrativa que vende muy bien en el contexto actual y que pareciera contribuir a la aprobación del presidente entre diversos grupos.
Sin embargo, esta narrativa es peligrosa y se puede salir de control. El ejemplo más claro es la constante estigmatización de la prensa al grado de sugerir que es dañino escuchar a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento. Días después, el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado cuando manejaba de regreso a su casa. ¿Casualidad? En el país más letal del mundo para ser periodista, las palabras del presidente no se pueden tomar a la ligera. Le guste o no, es una figura de autoridad y por ningún motivo puede permitirse decir cosas que podrían motivar un asesinato de personas que piensan diferente o que no respaldan su proyecto de nación.
La segunda tendencia es una destrucción de instituciones que comenzó con una lucha generalizada en contra de los organismos autónomos y que ataca con saña al Instituto Nacional Electoral (INE). En un inicio el presidente buscaba transformar el sistema electoral desde la Constitución lo que movilizó a miles de ciudadanos para marchar en su defensa. La reacción fue tal que se detuvo esta reforma, pero avanzó el “Plan B” que busca reestructurar al INE de una forma más moderada, pero aún no concluye el proceso legislativo.
Cerraremos el año con el INE “a salvo”, pues operará de forma normal hasta que el Senado retome sesiones en febrero. Sin embargo, lo hará con un presupuesto 18% menor del solicitado para el siguiente año. Ante estos sucesos preocupa la supervivencia de la institución que blinda y da legitimidad a las elecciones en México.
La tercera tendencia es la toma de decisiones con fines clientelares. Un ejemplo es el incremento de 20% en el presupuesto de programas sociales, incluyendo los recursos que se le recortaron al INE durante la negociación del presupuesto. Si bien, estos programas compensan el ingreso de los beneficiarios, también contribuyen a una mayor aprobación del presidente y su partido como lo midió una encuesta del periódico Reforma. Además, este tipo de gasto no sustituye otros que son primordiales como el de salud, educación, vivienda o infraestructura. ¿Alcanzará para todo o estos incrementos han desplazado otras partidas que son clave para abrir oportunidades para las poblaciones vulnerables?
No tengo una bola de cristal, pero lo más seguro es que en 2023 estas tendencias continúen. Sin embargo, como ciudadanos debemos estar alertas, exigir resultados y recordar que todos los recursos son escasos. Si el presidente invierte su energía, su tiempo y el presupuesto de su administración para continuar con esta campaña electoral sin fin, desatiende otras prioridades que son básicas para la población. ¿Ese es el tipo de país que queremos?
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en Expansión.
20-12-2022
