Si tuviera que resumir el peor problema que padece México, en menos de 10 palabras, este sería el resultado: “Nuestras instituciones no están alineadas con el sentido común”. Las normas y costumbres que rigen nuestra convivencia son un asalto a la lógica y un insulto a la razón. Cuando diseñamos los cuerpos de policía municipal o cuando redactamos algunas de las reglas que rigen la economía, la musa de la estupidez nos susurra al oído. Ante esta arquitectura de absurdos institucionales, la mayoría de los mexicanos ejercitamos una frustración resignada. Sincronizar nuestras leyes y hábitos con el sentido común parece una empresa propia del Quijote que desafió a una tropa de molinos de viento. Sin embargo, los adversarios de la sinrazón nacional no son personajes de la ficción cervantina, sino ciudadanos comprometidos en cambiar a México.
Abel Montenegro tiene 62 años y es servidor público en el ayuntamiento de Hermosillo. Como parte de sus derechos laborales buscó afiliarse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). El trámite burocrático se transformó en un vía crucis. Don Abel fue rechazado como derechohabiente, ya que no cumplía con un requisito del reglamento institucional: para acceder a los servicios médicos del sector público de Sonora había que gozar de cabal salud. Don Abel padece de hipertensión arterial, esta condición le canceló, a él y a su familia, el derecho a acceder a los servicios médicos del estado. En esencia, las normas del sistema de salud sonorense establecían una claúsula de discriminación: “Pacientes de enfermedades crónicas, favor de abstenerse”. El caso de don Abel fue tomado por Sonora Ciudadana, una organización civil, dirigida por Guillermo Noriega.
Sin bloquear carreteras, ni provocar estridencias, Sonora Ciudadana encabezó una rebelión de los enfermos. “Los políticos mexicanos sólo se preocupan del fuego, cuando les empieza a quemar los pies”, con esa premisa Guillermo Noriega buscó a un publicista que pudiera retratar el calvario de los enfermos discriminados. Sonora Ciudadana instaló en Hermosillo una serie de anuncios espectaculares con una imagen brutal: el rostro de un hombre con una pistola escuadra apuntada en la sien. Junto a la fotografía aparecía el lema: “El ISSSTESON me está matando”.
Junto con la publicidad de alto impacto, Guillermo Noriega desplegó una sofisticada estrategia política: “Nunca dejamos de dialogar con el gobierno de Sonora. Aún en los momentos de mayor tensión siempre mantuvimos un buen nivel de interlocución con las autoridades”. Los funcionarios del gobierno argumentaron que otorgar el derecho a la salud a los enfermos crónicos quebraría al erario público estatal. Guillermo solicitó los cálculos actuariales que sustentaban las preocupaciones financieras. No existían. El gobierno de Sonora no tenía una cifra aproximada de cuánto le costaría atender a los pacientes de enfermedades crónicas. Guillermo y su equipo realizaron una estimación financiera y demostraron que el presupuesto del estado sí podría mejorar el acceso a la salud, sin poner en riesgo las finanzas públicas. Como complemento a su estrategia, Sonora Ciudadana presentó varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender los derechos de los sonorenses discriminados.
Después de tres años y medio de una rebelión cívica, el 28 de diciembre pasado, el Congreso del estado de Sonora eliminó el artículo del reglamento del ISSSTESON que servía de pretexto jurídico para justificar el absurdo. Sonora Ciudadana aún tiene batallas pendientes con los adalides de la sinrazón. El reglamento de la Ley del Seguro Social permite prácticas similares en 12 estados de la República. El triunfo de Guillermo Noriega y su organización es también una victoria de la democracia mexicana: el ejemplo de un país capaz de transformar sus instituciones, con la voluntad de ciudadanos comprometidos que usan como únicas armas el derecho y la razón
