Por: Ana Bertha Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral, y Oscar Ocampo, Coordinador de Energía.
La aprobación de la iniciativa de Reforma Energética está lejos de ser un hecho consumado. Aunque la mayor parte de la discusión pública se ha centrado sobre afectaciones a consumidores y cambios en los precios, hay otro enfoque que no ha sido tan discutido: el del impacto sobre la competitividad de México y el potencial del país para aprovechar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Con la visible integración en materia de producción e intercambio comercial que se ha logrado en la región, las afectaciones a la relación trilateral serían ineludibles.
El primer problema es de carácter puramente legal: el éxito o fracaso del T-MEC depende, en el fondo, del compromiso de sus partes de respetar el Estado de Derecho. La iniciativa de reforma energética refleja una falta de compromiso del Estado mexicano con las disciplinas del Tratado, como protección a inversiones, comportamiento de empresas propiedad del Estado, independencia regulatoria y medio ambiente.
México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales, lo cual conlleva no sólo costos financieros, sino reputacionales. Al construir una reputación de poco respeto por leyes y compromisos internacionales, daña su posición en el escenario global. Con ello, pierde poder de negociación con EUA para defender sus intereses comerciales. Dos ejemplos recientes han comprobado la necesidad de una postura robusta: el conflicto por interpretaciones de las reglas de origen en el sector automotriz y la conmoción generada por la iniciativa en EUA para subsidiar vehículos eléctricos ensamblados en fábricas con trabajadores sindicalizados.
Por otro lado, está el hecho de que lo incluido en la iniciativa implica mayores costos y riesgos para la suficiencia de suministro eléctrico enfrentados por los productores mexicanos, incluidos los que se desempeñan en el ámbito de las manufacturas de exportación. El impacto sobre estos negocios -que se beneficiarían más de un aprovechamiento adecuado del T-MEC- no se limita sólo a las grandes exportadoras, sino a toda la cadena de empresas pequeñas y medianas cuyas actividades dependen de su funcionamiento.
Ante una pérdida en la confianza del Estado de Derecho del país, así como una menor calidad del suministro eléctrico en términos de energía limpia, confiabilidad y precios al que los productores tienen acceso, es inevitable que el atractivo de México como destino de inversión y talento se reduzca. Esto es grave por sí mismo pero, a su vez, resulta en un alto costo de oportunidad en un momento en el que México podría volverse una alternativa viable para recibir inversión extranjera que actualmente se dirige principalmente a China. Esto solo sucederá si el país genera confianza en la inversión e implementa políticas que fomenten la competencia.
Más allá de estas consideraciones, la prosperidad de América del Norte requiere de un mercado energético integrado. No se puede aspirar a ser la región más competitiva del mundo sin garantizar el acceso a insumos base, y la energía es quizá el insumo base más importante que hay.
Queda claro, entonces, que la iniciativa de Reforma Energética no es inocua en términos del Tratado Comercial. El hecho de haber sido propuesta por el Gobierno Federal y de ser discutida como asunto prioritario por el Poder Legislativo ya tiene un impacto sobre la reputación de México y su compromiso con la competitividad de la región. Los problemas ya generados sólo se acentuarían en el caso de su aprobación. Aunque parte del daño ya está hecho, el impacto sobre la competitividad futura del país sería aún más grave. México ya ha sufrido un revés; todavía está a tiempo de evitar otro.
Publicado en Animal Político.
10-02-2022
