El tercer día de 2026 trajo consigo uno de los eventos más relevantes del año. La captura de Nicolás Maduro marca un hito no sólo en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, sino es también un reflejo del estado del orden global basado en reglas.
Al escribir estas líneas no hay claridad sobre una transición a la democracia en el país sudamericano, ni sobre el nuevo arreglo político-institucional del gobierno venezolano. Las implicaciones de largo plazo de la operación del 3 de enero están todavía por verse. En medio de la incertidumbre, sin embargo, es posible desprender tres consideraciones para México.
En términos económicos, el país inicia 2026 con dos retos centrales que definirán en buena medida las posibilidades de crecimiento económico para los próximos años. En primer lugar, llevar a buen puerto la revisión sexenal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá –T-MEC– y, en segundo, lograr que el Plan México pase del papel a la ejecución para revertir los bajos niveles de inversión pública y privada que restringieron el crecimiento del PIB en 2025 (0.4% de acuerdo con la estimación más reciente del Banco de México).
¿Qué tiene que ver Venezuela con esto? Una primera implicación es el fracaso del multilateralismo y el quiebre del orden liberal más allá de la intervención en ese país. Esto se suma a una serie de desafíos del gobierno estadounidense al andamiaje institucional que ese país creo en el siglo XX (la salida de la Organización Mundial de la Salud, el bloqueo a la Organización Mundial del Comercio, el desacato a los tratados comerciales internacionales, entre otros). Es posible que eventualmente las aguas se calmen y un surja un nuevo orden, pero mientras eso sucede México debe aprender a navegar esta realidad que permeará por lo menos hasta 2029.
En un entorno con alta incertidumbre geopolítica la inversión apuesta por la certidumbre y la predictibilidad. 2025 estuvo marcado por las reformas institucionales (judicial, amparo, reguladores económicos, energía, entre otras) que –sumado a la nueva política comercial estadounidense– frenaron nuevas inversiones en el país. Como botón de muestra, la inversión fija bruta cayó 8.4% en septiembre (dato más reciente) comparado con el mismo mes de 2024. Para tener éxito con el Plan México, el Gobierno Federal debe convencer de su compromiso con el imperio de la ley. No es tarea sencilla con un nuevo sistema judicial y nuevos reguladores. Las decisiones y resoluciones que emitan estas nuevas instituciones los primeros meses del año serán clave para enviar señales de independencia técnica.
En segundo lugar, la revisión del T-MEC adquiere una capa de complejidad adicional con el mensaje que la administración Trump está dispuesta a ir tan lejos como sea necesario para alcanzar sus objetivos (desde reglas de origen, cuotas agropecuarias por estacionalidad, energía, inversiones chinas, entre otros). La consultoría de riesgo político Eurasia Group identifica un T-MEC en estado “zombie” como uno de los diez principales riesgos para 2026, donde las partes no se ponen de acuerdo para extender el Tratado, pero este se mantiene en vigor –con violaciones persistentes–. En otras palabras, estaríamos ante un Tratado vigente, pero sin capacidad de ofrecer predictibilidad de largo plazo.
La otra cara de esta moneda es que, en el entorno actual, el T-MEC es el único tratado comercial que ha preservado –parcialmente– su valor para el gobierno estadounidense. Ante este panorama, la importancia relativa del T-MEC crece, pero la incertidumbre y las presiones también.
Tercero, desde el ángulo petrolero el impacto de los acontecimientos en Venezuela en la industria mexicana será potencialmente menor en el corto plazo en términos de precios de crudo y mercados para exportar (en 2025 el volumen exportado por Pemex fue el menos desde que la empresa tiene registro). El deterioro de la infraestructura energética venezolana hace que cualquier esfuerzo por reactivar el sector y posicionar al país como el jugador central que alguna vez fue sea de mediano y largo plazo. Ahí hay un riesgo para México. Si eventualmente el país decidiera apostar por atraer a los grandes jugadores de la industria en la exploración y producción de hidrocarburos, podría competir por esa inversión con Venezuela, país que –en este escenario– se sumaría a Brasil, Argentina y Guyana como destinos de inversión para los operadores internacionales.
La buena noticia para México es que su competitividad depende más de las decisiones que se tomen internamente que de la coyuntura externa. El gran reto económico del país para 2026 se llama crecimiento. Para ello el país requiere elevar de forma significativa los niveles de inversión pública y privada, especialmente en el sector energético. Si no se logra materializar proyectos de gran alcance este año, no se cosecharán resultados en 2030.
@OscarOcampo
07-01-2026
