Los militares ocupan buena parte de la agenda pública, los motivos son diversos: el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de donde se sustrajeron 6 Terabytes (TB) de contenido, equivalente a varios cientos de miles de archivos; la negativa del Secretario a comparecer ante los legisladores; las labores de construcción que realizan en las obras prioritarias de este gobierno; la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA o el presupuesto que se pretende aprobar para el 2023 a los militares.
El Congreso (diputados y senadores) acaban de aprobar una reforma que extiende hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública. Al ser una reforma constitucional además se requiere de la mitad más uno de los congresos locales para su aprobación y entrada en vigor. Para intentar un medio de control, los senadores incorporaron en la reforma, que el gobierno federal debe entregar informes semestrales sobre el desempeño de los militares o formar una comisión bicameral que los mantenga vigilados. Al día siguiente, el presidente en su conferencia mañanera agradeció a los legisladores su votación y argumentó: “no se trata de militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos”.
Más allá de las opiniones la evidencia es clara. Los militares cada vez tienen más responsabilidades y ya están presenten en buena parte de las funciones tradicionalmente civiles, como la seguridad pública. El proceso de militarización no sucedió de la noche a la mañana. Los militares llevan años fuera de sus cuarteles haciendo todo tipo de funciones ajenas a la seguridad nacional. El ministro en retiro José Ramón Cossío se pregunta “¿qué efectos jurídicos tiene el traslado o incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional?” En resumen, el Ejército deberá tener reglas militares y la Guardia Nacional administrativas. El problema vendrá cuando los militares no puedan obligar a la Guardia Nacional a acatar la disciplina militar, o peor aún, cuando los obliguen por la fuerza, pero legalmente haya un marco jurídico civil.
Sería ingenuo, por decir lo menos, pensar que se policializa a los militares y no que se militariza la seguridad pública. De aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2023) en los términos establecidos por el Ejecutivo Federal, la SEDENA sería la quinta dependencia con el mayor presupuesto para el siguiente año. Únicamente debajo de la Secretaría de Bienestar, Educación, Salud y Turismo ¡Esto sin incorporar aún los recursos de la Guardia Nacional!
Entre 2010 y 2023, el presupuesto de la SEDENA aumentó 47% en términos reales. Pasar de un presupuesto de 44 mil millones de pesos a 112 mil millones de pesos retrata la inyección de recursos que financia este proceso de incorporación de los militares en funciones civiles. Para dimensionar estos montos veamos lo que sucedió con la Secretaría de Economía (SE) que recientemente cambio de titular. El PPEF 2023 contempla 3 mil 778 millones de pesos para la SE, dependencia encargada de formular y conducir la política comercial e industrial del país. En el mismo plazo sus recursos se han reducido 85% en términos reales. Ahí se ven las verdaderas prioridades.
Los militares están bajo la lupa y no por buenas razones. Pintar de verde militar el gobierno y dotar al Ejército de tanto dinero importa en el desempeño de nuestras instituciones. Al final de cuentas, somos las personas los que asumiremos los costos y sufriremos las consecuencias.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no reflejan la postura institucional.
Publicado en El Sol de México.
17-10-2022
