Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta.

Alejandro Hope | @ahope71 | Revista Nexos

En 2007 se calificaba a la primera generación del siglo XXI mexicano como la más pacífica  en la historia del país. En los siguientes 48 meses se triplicó el número de asesinatos  y en algunas regiones la violencia alcanzó rangos cercanos a los de una guerra civil.  En el siguiente ensayo Alejandro Hope explora las circunstancias nacionales e internacionales que detonaron un infierno nunca antes visto.

Algo nos pasó. De ello no hay duda. Entre 1990 y 2007 la tasa de homicidios se redujo a la mitad. La primera generación del milenio apuntaba a ser la más pacífica de la historia de México. Apuntaba, claro, hasta que vino la explosión: en brutal cambio de tendencia, los asesinatos se triplicaron en apenas 48 meses. Homicidios en 2007: ocho mil 867. Homicidios en 2011: 27 mil 199. La tasa pasó de un moderado nueve por 100 mil habitantes a un escandaloso 24. De acercarnos a niveles estadunidenses a tener un perfil de violencia casi idéntico al de Brasil. Con regiones en tonalidades hondureñas. Con subgrupos de población enfrentando probabilidades de muerte violenta dignas de guerra civil. Todo en cuatro años.

¿Y que fue ese algo? A la fecha se han ensayado no menos de una decena de teorías para explicar el ascenso geométrico de violencia homicida entre 2007 y 2011. Cada una posee buenas dosis de sabiduría, cada una resulta insatisfactoria por sí misma. Tal vez no haya algo que sea el algo. Tal vez no haya respuesta única, elegante, simétrica. Puede ser que no fue algo sino todo, una confluencia inusual de demonios, el Ingrid y Manuel y Gilberto yStan de las balas. La tormenta perfecta.

Las casas en las laderas

En el principio, todo es estructura. Social, de arranque. Con alta probabilidad la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades de empleo y la desigualdad social son criminógenas. Tener un ejército de desempleados y ninis, de hombres jóvenes sin mucho que hacer ni mucho que esperar, ciertamente no ayuda en una crisis de seguridad.

Sin embargo, la relación entre indicadores socioeconómicos e incidencia delictiva no es mecánica: algunos de los estados más pobres del país son también los más seguros (Yucatán, por ejemplo). De hecho, existe alguna evidencia de que el desarrollo económico puede generar incrementos en la incidencia delictiva.¹

 

Cualquiera que sea el efecto de variables sociales sobre el delito violento, no son una explicación satisfactoria de la curva ascendente de los últimos años: no hay cambios suficientes en los niveles de pobreza, desempleo o marginación entre 2007 y 2008 para producir un vuelco radical en una larga tendencia histórica.

Algo similar vale para la estructura institucional. Nadie duda de las debilidades del aparato de seguridad y justicia. Sí, la impunidad es casi universal. Sí, las policías son una mezcla perfecta de corrupción e incompetencia. Sí, el Ministerio Público es presa de incapacidad consustancial. Sí, las prisiones son zona de desastre.

Pero nada de eso es nuevo. En 2002 el ICESI ubicaba ya la tasa de impunidad en 94%.² En 2004 había 35% más reos que espacios en los reclusorios.³ No es imposible que haya habido un deterioro adicional del sistema en la última década, pero, si ocurrió, fue gradual. No parece explicación suficiente para un cambio abrupto de tendencia.

En resumen, es muy probable que diversos factores estructurales hayan tenido un impacto sobre la evolución de los indicadores de violencia en el periodo 2007-2011. Sin embargo, probablemente fueron más aceleradores que detonadores primarios del proceso.

La presión barométrica

Si no fueron la pobreza ni las carencias institucionales ni el narcotráfico los causantes de nuestro huracán (metafórico), ¿qué pudo haberlo sido? Una primera respuesta (tentativa): cambios en el entorno internacional.

 

Va un dato poco conocido: entre el primer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2008 el precio al menudeo de la cocaína se duplicó en Estados Unidos, de acuerdo a información de la DEA.⁴Ese inusual disparo de precios no tiene causa única, pero muy probablemente sea consecuencia, en lo fundamental, de un cambio en la política colombiana de combate al narcotráfico. A partir de 2006 el gobierno del presidente Álvaro Uribe empieza a concentrar recursos en la interdicción de flujos de cocaína, por encima de la erradicación de cultivos ilícitos. Los decomisos de cocaína en Colombia aumentaron 60% en apenas un año.

A menor droga, mayor precio a lo largo de la cadena. Y, en condiciones de baja elasticidad-precio, eso implica mayor renta criminal y, por ende, razones más poderosas para disputarla a balazos. Esto no es simple especulación: en un trabajo reciente Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Juan Camilo Castillo, investigadores de la Universidad de los Andes, encontraron una correlación estadística robusta entre incautaciones de cocaína en Colombia y homicidios en México (sujeta a algunas condiciones).⁵

Además, mientras la reina de las drogas se encarecía, las armas se abarataban. Como es bien conocido, Estados Unidos eliminó en 2004 la prohibición de la venta de rifles de asalto. El resultado: un aumento de la disponibilidad y uso de armas de grueso calibre en México, particularmente en comunidades fronterizas. Esto, de nuevo, no es mera elucubración. Dos trabajos académicos recientes llegaron, de manera independiente y con estrategias metodológicas distintas, a la misma conclusión: el reinicio de la venta legal de rifles de asalto en Estados Unidos explica parcialmente el incremento de la tasa de homicidios en México.⁶

Junto con las armas, Estados Unidos exportó a algunos de los hombres dispuestos y capacitados para utilizarlas. Entre 2002 y 2008 el número de ex convictos repatriados de Estados Unidos se incrementó 35%. Ese fenómeno puede haber generado un incremento de la incidencia delictiva en las comunidades receptoras, particularmente en la zona fronteriza, aunque en este caso resulta difícil evaluar la magnitud del impacto.

Todo esto, al tiempo en que los controles fronterizos estadunidenses se apretaban, como producto rezagado del 11 de septiembre. Entre 2001 y 2008 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza prácticamente se duplicó.⁷ Su presupuesto siguió una trayectoria similar en el mismo periodo.

En resumen: más hombres, más armas, más renta criminal, más riesgo en las operaciones de contrabando.

Cumulus nimbus

En paralelo, las nubes se ennegrecían en el submundo criminal. Con alta probabilidad, las tensiones entre y al interior de las organizaciones criminales iban al alza desde el final de la administración Fox. Desde 2005 los cárteles del Pacífico y Juárez estaban en conflicto abierto, producto de sendos asesinatos de hermanos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy.⁸

Ese mismo año el Cártel del Pacífico intentó infructuosamente desplazar al Cártel del Golfo en Nuevo Laredo y otras poblaciones de Tamaulipas, lo cual motivó un operativo federal amplio, denominado “México Seguro”.  La ruptura de la Familia Michoacana con el Cártel del Golfo y los Zetas se produjo igualmente en 2005 y 2006. Asimismo, la violenta reacción de Arturo Beltrán Leyva ante la detención de su hermano Alfredo en enero de 2008 habla de la existencia de un conflicto previo con sus socios del Cártel del Pacífico.⁹

Los conflictos entre grupos criminales no son cosa nueva, pero éstos no eran los narcos de antaño. Como documenta Guillermo Valdés en su reciente libro, las organizaciones del narcotráfico se habían militarizado desde finales de los noventa, al tiempo en que ampliaban su presencia territorial y diversificaban sus fuentes de ingreso.¹⁰ En esas circunstancias, se volvía probable que (como eventualmente sucedió) las disputas escalasen en intensidad y se extendiesen a buena parte de la geografía nacional.

Vientos huracanados

Las nubes tormentosas se tornaron en huracán con los cambios en la política de seguridad instrumentados por el gobierno del presidente Felipe Calderón. En términos prácticos, cinco medidas específicas pudieron haber incrementado involuntariamente los niveles de violencia:

a. Despliegue masivo de fuerzas federales: a solicitud de diversos gobernadores, empezando con el de Michoacán, el gobierno federal inició, a partir de diciembre de 2006, operativos conjuntos de las fuerzas armadas y de la Policía Federal en diversos puntos del territorio. Según algunos análisis, existe una correlación robusta entre el inicio de los operativos conjuntos y el disparo de violencia en los estados involucrados.¹¹ Sin embargo, el mecanismo causal no está claro. Fernando Escalante sugiere que la presencia de elementos federales pudo haber roto arreglos preestablecidos entre autoridades locales y grupos delictivos. La teoría no es descabellada, pero se requiere más investigación sobre el tema.

b. Incremento del número de agencias involucradas en el combate al narcotráfico: durante décadas, la Procuraduría General de la República (PGR) fue la dependencia líder en el combate al narcotráfico. Las fuerzas armadas tenían roles auxiliares, acotados en lo fundamental a tareas de erradicación y decomiso. El crecimiento acelerado de la Policía Federal a partir de 2006 y la participación más activa del Ejército y la Marina en la persecución de delincuentes transformó ese panorama: la PGR se volvió una agencia más entre muchas involucradas en el combate al narcotráfico. Ello pudo haber tenido un efecto desequilibrante en las relaciones entre el Estado y el narcotráfico: al no existir ya un punto focal para la persecución de las bandas, posiblemente dejó de tener sentido, desde la perspectiva de los narcotraficantes, la corrupción sistémica. Si bien ese fenómeno pudo haber servido hasta cierto punto para proteger la integridad de las instituciones, pudo también haber orillado a los delincuentes a un uso más intensivo de la violencia.

c. Decapitación de organizaciones delictivas: a partir de 2007 el gobierno federal instrumentó una política activa de decapitación y desmembramiento de las bandas del narcotráfico. En espacio de cinco años se logró la captura o abatimiento de 23 de los 37 principales dirigentes de los cárteles, además de un número no cuantificado de operadores medios. En términos generales, una política de decapitación como la implementada puede conducir a la violencia por tres canales: 1) provocando una disputa sucesoria al interior de la organización; 2) incentivando la ruptura de mandos medios y la creación de nuevas organizaciones; 3) generando vacíos que pueden ser aprovechados por grupos rivales.¹² Es posible que los tres fenómenos se hayan presentado  en diversos casos.¹³

d. Interdicción marítima y aérea más intensa: tradicionalmente, la cocaína entraba a territorio nacional por puertos marítimos o en vuelos clandestinos, provenientes de Colombia. Esos métodos se vieron trastocados a finales de 2007 y principios de 2008: primero, por la intercepción de dos grandes embarques (37 toneladas en total) en Manzanillo, Colima y Altamira, Tamaulipas, en octubre de 2007; segundo, por la decisión del gobierno federal, en enero de 2008, de obligar a las aeronaves privadas provenientes de Centro y Sudamérica a aterrizar, para fines de inspección, en Cozumel o Tapachula. Esa combinación pudo haber tenido el efecto de desviar los flujos de cocaína hacia la frontera con Guatemala y, por tanto, alargar las rutas terrestres en México. Con rutas más largas, probablemente creció el número de bodegas intermedias y de transportistas, intensificando la necesidad de control armado en más zonas del país.

e. Incremento en el número de extradiciones a Estados Unidos: según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el número de personas extraditadas de México a Estados Unidos pasó de 12 en 2006 a 107 en 2009. Entre los extraditados del periodo 2007-2010 se cuentan algunos de los principales dirigentes del narcotráfico en México, como Osiel Cárdenas Guillén, Benjamín Arellano Félix y Vicente Zambada Niebla. Ese cambio en la política del gobierno pudo haber intensificado la violencia por tres vías: 1) eliminando el control que algunos de esos dirigentes ejercían sobre sus organizaciones desde cárceles mexicanas; 2) aumentando los riesgos de captura y con ello la disposición a la violencia preventiva (contra rivales, informantes potenciales, etcétera); 3) convirtiendo a algunos capos en informantes de la justicia estadunidense y generando con ello disputas internas en las organizaciones.

Por supuesto, no todo es responsabilidad del gobierno federal. Los gobiernos estatales contribuyeron a la crisis con una cauda radical de negligencia. En más de un caso simplemente abandonaron la plaza, impulsados en parte por la presencia de fuerzas federales.¹⁴ Frente al huracán y con algunas notables excepciones, agacharon la cabeza, a la espera de que el policía de última instancia (el gobierno federal) los sacara del embrollo.

La teoría de la tormenta perfecta

 

En resumen, para finales de 2007 existían condiciones para una tormenta perfecta: disputas crecientes en el submundo criminal, incremento de los precios de la cocaína y una mayor disponibilidad de armas y hombres en el norte del país. En ese entorno, la mayor agresividad del gobierno federal en la persecución de los cárteles pudo haber sido el catalizador de un aumento extraordinario del número de homicidios en el segundo trimestre de 2008. A partir de ese punto es probable que la violencia se haya alimentado a sí misma.

Para entender la mecánica de expansión, resulta útil recurrir a un concepto desarrollado por el criminólogo estadunidense Mark Kleiman: “enforcement swamping”.¹⁵ En principio, un delincuente potencial viola una ley sí y sólo sí el beneficio del acto es superior al castigo esperado.¹⁶ El castigo esperado se obtiene multiplicando la severidad del castigo por la probabilidad del mismo. Así, si la pena por cometer un homicidio es 40 años de prisión y la probabilidad de recibirla es de 20%, el castigo esperado sería de ocho años, multiplicado por el costo de oportunidad del delincuente. Si el beneficio para un delincuente de matar a una persona es igual o inferior a esa cifra, probablemente no lo cometa.

Pero, ¿qué pasa si, por razones exógenas, el beneficio traspasa ese umbral? Asumiendo como constante la capacidad de castigo en el corto plazo,¹⁷ el delincuente tenderá a cometer el homicidio y otros delincuentes harán lo mismo. Mientras más homicidios ocurran, menor será la probabilidad de que cualquier acto en lo individual sea castigado y, por tanto, el castigo esperado tenderá a disminuir, generando con ello un incremento adicional en el número de homicidios. El mecanismo es un bucle de retroalimentación.

 

Eso es previsiblemente lo que le ocurrió a México entre 2007 y 2011. Diversos hechos relativamente menores se concatenaron para producir un incremento en el número de homicidios en el segundo trimestre de 2008. Como creció el número de homicidios, bajó la probabilidad de que cualquier asesinato en lo individual fuera castigado. Hubo entonces más homicidios, pero ahora con refinamientos de crueldad. Como las autoridades estaban ocupadas con los cadáveres, crecieron los secuestros, los cuales generaron más secuestros. Entre homicidios y secuestros no había con qué atender la extorsión o el robo de vehículos. Más negocios fueron extorsionados y más vehículos fueron robados. Entre secuestros, robos y extorsiones se multiplicaron las víctimas mortales. El desorden engendró desorden.

Después del huracán

Hasta que dejó de engendrarlo, claro está. La tormenta empezó a ceder hacia mediados de 2011. La curva de homicidios alcanzó su punto más alto en mayo de 2011.¹⁸ A partir de entonces inició un descenso gradual, pero sostenido: 28 meses después se ha acumulado una caída cercana a 20% en el número de homicidios a nivel nacional. En algunas regiones la mejoría ha sido dramática: en Ciudad Juárez el número de homicidios en 2012 fue 75% menor al total registrado en 2010.

No hay explicación única de esta inesperada disminución. Entre otras cosas, puede ser el efecto conjunto de:

1. Un aumento en las capacidades del Estado: entre 2006 y 2012 el gasto federal en seguridad y justicia se duplicó en términos reales. Resultaría sorprendente que ese incremento no hubiese tenido ningún efecto sobre la incidencia de algunos delitos.

2. Un cambio de tácticas: a partir de mediados de 2011 hubo un esfuerzo sostenido por detener a operadores en el segundo nivel de responsabilidad de los grupos criminales. La remoción de esos individuos pudo haber afectado las capacidades de comando y control de las bandas, sin crear los vacíos de poder que puede provocar la remoción de los líderes principales.

3. La demolición del grupo más violento: entre julio de 2011 y julio de 2013 fue detenido o abatido prácticamente todo el liderazgo de los Zetas. Esto no implica la destrucción de la banda, pero sí un debilitamiento significativo. Sobre todo, tiene tal vez un efecto disuasivo sobre las demás organizaciones criminales: la que haga gala de brutalidad se convertirá en el foco de atención de las autoridades.

4. Menos ingresos criminales: entre 2006 y 2012 el número de usuarios de cocaína en Estados Unidos disminuyó 40%.¹⁹ Además de menor volumen traficado, la disminución pudo haber redundado en menores precios ¿La consecuencia posible? Menor renta criminal y menos razones para matarse.

Y, tal vez, la paz engendró paz. Una disminución puntual en el número de homicidios provocó que, en el margen, la probabilidad de sanción de cualquier asesinato creciera, generando por tanto una reducción adicional en el volumen de muertos, provocando a su vez mayor riesgo de castigo. La espiral de ascenso, invertida.

¿Entonces ya salimos de la crisis? ¿La caída es imparable, la pacificación un hecho consumado? No, ni de cerca. Por una parte, estamos aún al doble del nivel de homicidios de 2007: falta aún largo trecho antes de cantar victoria. Por la otra, el homicidio no es todo. En otros delitos persiste una dinámica ascendente: este año impondrá un récord histórico en el número de secuestros denunciados.

Si alguna enseñanza deja la gran tormenta de 2007-2011 es que no hay nada labrado en piedra. Largas tendencias históricas pueden alterarse brutalmente de un momento a otro. Cierto, hubo una confluencia excepcional de condiciones adversas en 2007 y 2008. Pero, ¿hay algo que impida una combinación similar en el futuro?

En el principio todo es estructura. No podemos prevenir nuevas tormentas, pero sí podemos mitigar sus efectos destructivos: reformando nuestras instituciones de seguridad y justicia, transformando nuestra realidad social, impulsando un proceso civilizatorio amplio. Esta crisis nos dejó un tropel de víctimas. Ojalá nos deje también diques para contener la siguiente marejada.

Referencias bibliográficas

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Valdés, Guillermo (2013): La historia del narcotráfico en México, Editorial Aguilar, México, DF. n

 

Alejandro Hope. Director de Política de Seguridad del IMCO.

 

¹ Felson, 2010.
² ICESI, 2002.
³ Bergman y Azaola, 2007.
⁴ NDIC, 2010.
⁵ Mejía, Castillo y Restrepo, 2013.
⁶ Dube, Dube y García Ponce, 2012; y Chicoine, 2011.
⁷ Ver http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/border_security/ border_patrol/usbp_statistics/usbp_fy12_stats/ staffing_1993_2012.ctt/staffing_1993_2012.pdf
⁸ De Mauleón, 2010.
⁹ De Mauleón, 2010.
¹⁰ Valdés, 2013.
¹¹ Ver Escalante, 2011, y Merino, 2011.
¹² Las disputas internas y las escisiones en cadena que siguieron a la muerte de los principales dirigentes del cártel de Beltrán Leyva en 2009 es tal vez el mejor ejemplo de esos procesos.
¹³ Existe un debate sobre el impacto de la política de decapitación en los niveles de violencia. Eduardo Guerrero, por ejemplo, ha argumentado que en 22 de 28 casos analizados la detención o abatimiento de un capo produjo un incremento de violencia en su zona de influencia (Guerrero, 2011). En cambio, Alejandro Poiré, en ese entonces secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional, analizó 10 detenciones o abatimientos de capos y encontró que en siete no hubo un incremento del número de homicidios posterior al hecho (Poiré, 2011).
¹⁴ Hope, 2012.
¹⁵ Kleiman, 2009.
¹⁶ El beneficio de un acto criminal puede ser material o psicológico. El modelo de “enforcement swamping” no requiere que los delincuentes sean plenamente racionales. Es suficiente que, en términos de sus objetivos y de la información limitada con la que disponen, decidan si pueden eludir un castigo que les pese más que el beneficio a obtener (cualquiera que sea).
¹⁷ En el corto plazo no se puede aumentar significativamente el número o la calidad de policías, agentes del Ministerio Público, jueces, tribunales, prisiones, etcétera.
¹⁸ Hope, 2012.
¹⁹ Ver http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2012SummNatFindDetTables/ NationalFindings/NSDUHresults2012.pdf