Ya vienen los últimos meses del gobierno de López Obrador. Con ellos llegan, para mala fortuna de todos, las campañas políticas y sus mensaje aburridos, anodinos y simplistas: vamos requetebién o vamos directo al abismo; lo que está mal es culpa de otros y lo que está bien es gracias a nosotros. Todo es siempre más complejo de lo que parece, pero en materia económica este sexenio se parece bastante a los anteriores y es insuficiente para todos los rezagos que tiene nuestro país.
El crecimiento acumulado del PIB en los primeros cinco años de gobierno fue 4.0%, menos que con Vicente Fox (5.9%), Felipe Calderón (4.3%) y Enrique Peña Nieto (8.9%). El PIB por persona está prácticamente donde comenzó, igual que en el sexenio de Calderón, el otro de los últimos cuatro sexenios que tuvo una fuerte crisis. La inflación acumulada ha sido más elevada en los últimos 60 meses (28.5%) que en los períodos comparables de los tres sexenios previos: 25.3% con Fox, 23.8% con Calderón y 21.5% con Peña Nieto.
Con respecto a lo anterior, se dice, con cierta razón, que el crecimiento ha sido "pro-pobre", pues entre 2018 y 2022 salieron cinco millones de personas de la pobreza. Sin regatear eso, hay que recordar también que en ese mismo período casi medio millón de personas más se hallaron en situación de pobreza extrema y que el rezago educativo y la carencia de acceso a servicios de salud crecieron. Esto representa una amenaza para las personas y sus familias, pero también para la economía en su conjunto, sobre todo en el mediano y largo plazo.
En materia fiscal, la deuda bruta del gobierno federal como proporción del PIB ha crecido más con AMLO que con Fox, pero menos que con Calderón y Peña Nieto. Por el contrario, en recaudación, fue el gobierno de EPN el que incrementó más sus ingresos por medio de los impuestos (pasó de 9.2% a 12.7% del PIB), en buena medida porque en ese sexenio el precio y la producción de petróleo cayeron, así que el gobierno no pudo contar con muchos ingresos petroleros. Con López Obrador, que se define como un presidente de izquierda, los ingresos tributarios han sido más bien estables, pues pasaron de 12.7% a 12.9% del PIB.
En ese mismo sentido, el gobierno de López Obrador le va a heredar un verdadero lío a la siguiente administración. El gasto en pensiones supera el 3.5% del PIB, mientras que con Peña Nieto la cosa cerró en 2.9%. El problema reside en que, mientras se necesitan más recursos para una población que envejece, la economía y los ingresos tributarios no crecen lo suficiente.
A lo anterior debemos añadir que la inversión pública del gobierno de López Obrador ha sido menor que la de los sexenios previos, y de mucho menor calidad. El enfoque obsesivo en Pemex y los megaproyectos, sobre todo el costosísimo tren maya, no es productivo y no prepara a México para las nuevas tendencias globales, tanto tecnológicas como geopolíticas, por lo que el efecto del fenómeno de moda, el nearshoring, podría ser mucho menor al potencial. En este aspecto, como en tantas otras cosas, es triste hablar de lo que México podría ser y no es.
El presidente mencionó el 11 de diciembre que pretende enviar una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer al INAI, a la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto, además de profundizar el retroceso institucional que caracteriza a esta administración, iría directamente en contra de lo establecido en los capítulos 18 y 21 del T-MEC y pondría a México en un pleito comercial difícil de ganar, pero además lanzaría la peor señal posible en un momento en el que México debe mostrarse abierto a la competencia y a la inversión.
Debilitar las capacidades regulatorias Estado incrementando el poder de la presidencia puede ser una distinción más política que económica entre este sexenio y los previos, pero es un riesgo para el bienestar de los mexicanos. Quizás deberíamos poner más atención a esto que a los ademanes, el tono de voz o los tenis de los políticos, por muy fosfo que sean.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en Reforma.
03-01-2024
