A lo largo del extenso territorio de México, la población, con su diversidad cultural, económica, política y social, enfrenta desafíos únicos que exigen respuestas específicas en forma de políticas públicas concretas: escuelas, hospitales, carreteras, cuerpos policíacos, y otros bienes y servicios públicos. Para construir estas soluciones, la Federación, las entidades federativas y los municipios, actúan de manera cooperativa y complementaria, cada uno con diferentes responsabilidades.
En este contexto, los gobiernos de las entidades federativas juegan un papel fundamental al conocer y atender de cerca las demandas locales. Dotados de autonomía política y de gestión, estos pueden impulsar políticas públicas que respondan a las realidades particulares de cada región del país. Sin embargo, a pesar de esta autonomía, enfrentan serias limitaciones económicas que restringen su capacidad de acción.
Estas restricciones presupuestales se delinean en sus ingresos. En 2023, los gobiernos de las entidades federativas obtuvieron ingresos por 2.97 billones de pesos, de los cuales, 81.2 % fueron de origen federal, 3.3 % por contratación de deuda y, únicamente, 15.5 % fueron originados por los propios estados a través del cobro de impuestos, derechos y otros.
Esta cifra permaneció prácticamente inalterada durante 2015 y 2023, lapso en el que, además, los ingresos totales solo aumentaron 7.8 % en términos reales. Mientras la sociedad demanda más recursos para educación, salud o seguridad pública, estas cifras evidencian la necesidad en los estados para que mejoren su autonomía fiscal, es decir, de que incrementen su recaudación y fortalezcan su capacidad de administración de recursos de forma independiente de la Federación.
Esta necesidad será mayor en los próximos años, pues la Federación tendrá un menor margen de maniobra. Para 2025, tal como lo estiman los Pre-Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, se espera un recorte cercano a medio billón de pesos que afectaría directamente al gasto programable, el cual sostiene la operación de las instituciones del Gobierno Federal por lo que se podría frenar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura física.
Si bien estas estimaciones también anticipan un incremento del 2.7 % en términos reales de las Participaciones, que son recursos transferidos a los gobiernos estatales de libre uso, el reducido espacio fiscal del Gobierno Federal podría dificultar que los estados incrementen sus ingresos a través de programas o conceptos adicionales, como lo fue el Fortaseg (Fortalecimiento para la Seguridad), a través del cual se otorgaban subsidios dirigidos a mejorar el rendimiento en seguridad pública de estados y municipios.
Ante este escenario, los gobiernos estatales podrían hacerse algunas preguntas a modo de planteamiento de los retos que están por venir: ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar para que se amplíe el espacio presupuestario del Gobierno Federal y puedan solicitarle recursos? ¿Cómo podrían aprovechar su potencial recaudatorio? ¿Qué estrategias podrían implementar para impulsar proyectos de inversión física en beneficio de sus habitantes?
El fortalecimiento de la autonomía fiscal es una tarea urgente para los gobiernos estatales, porque permitirá una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades locales y fomentará una gestión más responsable, equitativa y eficiente de los recursos públicos entre los diferentes órdenes de gobierno. La construcción de esta autonomía es clave para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenido en todo el país.
Publicado en Animal Político
25-07-2024
