Por: Ivania Mazari, coordinadora de Evaluación y Análisis, y Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible.
La competitividad, es decir, la capacidad que tiene un país para generar, atraer y retener talento e inversión, está relacionada entre otras cosas con una menor desigualdad. Así lo muestran los resultados del Índice de Competitividad Internacional 2022 (ICI) publicado por el IMCO.
Como se puede ver entre los 43 países evaluados, en los diez más competitivos se observa una menor desigualdad de ingresos –medida por el índice de Gini– de la que tienen los países menos competitivos, entre los que se encuentra México. Nuestro país tiene un coeficiente de Gini de 45.4, mientras que en la muestra de países evaluados el promedio es de 36.85, por lo que México se ubica en el lugar 37 de este indicador.
En el análisis económico, al igual que en otras ciencias sociales, la desigualdad se ha consolidado como un tema importante en cuanto a su naturaleza de fenómeno social, pero también como materia de políticas públicas para el siglo XXI. De hecho, se habla cada vez más de desigualdades que reflejan diferencias y divergencias que están relacionadas con características personales que van más allá del ingreso y la riqueza, como el género y la raza, pero también con las desigualdades que se viven por la edad o por la ubicación geográfica, si consideramos los impactos que el cambio climático tendrá, distintos en el tiempo y en el espacio.
Al revisar la relación entre algunos otros indicadores del ICI y la desigualdad de ingresos, se observan fenómenos similares. Entre más desigualdad hay al interior de un país, la percepción de la corrupción es peor, hay menos inversión por persona económicamente activa y la esperanza de vida es menor.
Siempre que uno habla de correlaciones entre variables de interés económico y social debe ser cuidadoso y matizar, porque de entrada no es posible asegurar si una es causa o consecuencia de otras, o incluso puede ser el caso de una correlación sin sentido. Sin embargo, no es difícil estar de acuerdo con que una economía que crece, una población saludable y una sociedad que limita la corrupción son deseables, como es deseable que las personas no estén en desventaja al considerar sus oportunidades y la recompensa a su esfuerzo.
Y es que la desigualdad de un país provoca que dos personas nacidas el mismo día a pocos kilómetros de distancia puedan vivir realidades contrastantes. Ahí radica la importancia de implementar políticas públicas que permitan establecer un piso parejo, para que el desarrollo de las personas no dependa de golpes de suerte, sino que accedan a una vida digna y oportunidades iguales.
Es por eso que la conversación sobre la movilidad social, es decir, los cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la estructura socioeconómica en nuestro país, es desafortunadamente baja: de acuerdo con el Informe de Movilidad Social en México 2019 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, siete de cada diez mexicanos que nacen en pobreza no lograrán superarla a lo largo de su vida. Además, solo 3% de las personas que nacieron en la base de la escala económica podrán llegar a lo más alto. Por el contrario, 57% de quienes nacen en los hogares más ricos mantendrán dicha condición el resto de su vida.
Para mejorar la competitividad se deben eliminar las barreras y disparidad en oportunidades entre la población. No solo en el tema de inequidad en ingresos, sino en aspectos como el acceso a servicios de calidad y exigencia efectiva de derechos. El desarrollo económico y social importan y deben traducirse en un aumento de la calidad de vida de todas las personas.
Publicado en Animal Político.
22-09-2022
