Congresos ricos, auditorías pobres

INFORME LEGISLATIVO 2022

Congresos ricos, auditorias pobre

Algunas cifras fueron recalculadas utilizando la clasificación administrativa en sus presupuestos de egresos y no la clasificación funcional. La nota se actualizó el 29 de julio de 2022.

• Existen grandes asimetrías presupuestales entre los congresos y las auditorías estatales que no responden a las diferencias poblacionales, económicas o territoriales de los estados.

• Si bien las auditorías estatales tendrán 3.8% más recursos en 2022 que en 2021, todavía hay estados que destinan pocos recursos a ellas. 

• Los congresos estatales que más pesos por habitante cuestan son el de Baja California Sur (280) y Quintana Roo (270), mientras que los que menos cuestan por habitante son el de Chiapas (48) y Puebla (34). 

Los poderes legislativos no solo importan para redactar o desechar leyes: sus responsabilidades incluyen aprobar y modificar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales. Las auditorías, en particular, son relevantes porque vigilan el ejercicio del gasto público y su transparencia. Contar con poderes legislativos estatales profesionales y transparentes es esencial para la competitividad de los estados. Es por ello que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estudia su composición por género, partido y sus presupuestos.

Diferencias presupuestales en los congresos

Para 2022 el presupuesto de los 32 congresos locales asciende a 14 mil 314 millones de pesos, una cantidad 0.2% menor en términos nominales respecto a 2021. 

Los congresos estatales con más presupuesto en términos absolutos son los de la Ciudad de México (1 mil 600 mdp), el Estado de México (1 mil 278 mdp) y Michoacán (934 mdp). En contraste, los congresos con menor presupuesto son los de Colima (115 mdp), Yucatán (140 mdp) y Coahuila (200 mdp). 

Algunas anotaciones relevantes sobre el presupuesto de los Congresos locales son:

• No hay justificación para el tamaño de las asimetrías de presupuesto a los congresos. Mientras que el presupuesto del congreso de Nuevo León para 2022 es de 400 millones de pesos, el congreso de Michoacán, un estado con menor población y Producto Interno Bruto, costará 933 millones de pesos a sus habitantes.
• Cuando se compara el presupuesto de los congresos en términos relativos a la población de los estados es posible notar que Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Tlaxcala destinan más de 200 pesos por habitante a sus congresos, mientras que Puebla, Chiapas, Tamaulipas y Coahuila destinan menos de 60 pesos.
• A nivel nacional, el promedio del presupuesto por congresista estatal es de 12.4 millones de pesos. En particular, en Baja California, la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Morelos se destinan más de 20 millones de pesos por congresista al año. En contraste, en Colima, Tamaulipas, Puebla, Yucatán y Campeche el presupuesto del congreso dividido entre sus integrantes no excede los 6 millones de pesos.

• El número de congresistas locales no obedece al tamaño poblacional de los estados. Mientras que el congreso de Sinaloa tiene 40 congresistas, Coahuila, un estado de mayor tamaño y población, solo tiene 25 congresistas. 

Poco presupuesto para vigilar los recursos públicos

Los congresos que no son vigilados pueden ignorar sus responsabilidades y volverse cómplices de malas administraciones. En 2022 el presupuesto de las 32 auditorías estatales asciende a 5 mil 104 millones de pesos, 3.8% mayor que en 2021 en términos nominales. Esto significa que los poderes legislativos estatales destinarán en promedio un 27.2% de su presupuesto a sus auditorías, sin embargo, también existen diferencias importantes:

• En términos absolutos, la auditoría con más recursos será la de la Ciudad de México (400 mdp), seguida por el Estado de México (333 mdp) y Jalisco (326 mdp). Por otra parte, Baja California Sur (33 mdp), Morelos (34 mdp) y Aguascalientes (39 mdp), serán los que menos recursos destinarán en términos absolutos. 
• Morelos es de los estados que menos recursos destina a su auditoría por habitante, y también el que menos destina como porcentaje del presupuesto total de su Poder Legislativo. 
• El poder legislativo de San Luis Potosí es el que destina mayor porcentaje de su presupuesto a su auditoría estatal (49%). Le siguen Coahuila (46.7%) y Puebla (46.1%). En contraste, siete estados destinan menos del 20% del presupuesto del Poder Legislativo a sus auditorías estatales. Destacan Morelos, que solo destina 7.7%, Durango el 11.3% y Baja California Sur el 12.4%.
• Tres estados han tenido notables disminuciones en el presupuesto de sus auditorías entre 2020 y 2022. Destacan los casos de Ciudad de México (-23%), Durango (-12%) y San Luis Potosí (-6.8%).
• También existen disparidades presupuestales cuando se compara el presupuesto de las auditorías en términos relativos a la población de los estados. El presupuesto de la auditoría por habitante en Quintana Roo será de 114 pesos en 2022, en San Luis Potosí de 103 pesos y en Zacatecas de 80 pesos. En contraste, en Morelos solo se destinarán 16 pesos por habitante a la auditoría, seguido por el Estado de México (19 pesos) y Veracruz (23 pesos).

Los congresos y sus auditorías son una pieza fundamental del sistema estatal de contrapesos. Los ciudadanos necesitan poderes legislativos profesionales, para ello el IMCO Propone:

1. Establecer que al menos 20% del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las auditorías estatales. Esto para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.
2. Definir de forma clara el número de habitantes por congresista local en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su redacción actual el principio es ambiguo, lo que ocasiona asimetrías en el número de habitantes por diputados locales en cada estado.
3. Invertir en la profesionalización de los congresos locales y auditorías mediante el servicio profesional de carrera para eliminar el uso de puestos de forma clientelar y partidista en áreas administrativas, de investigación, comunicación y transparencia.