Desde el inicio de la contingencia, los gobiernos estatales anunciaron acciones para ayudar a mitigar el impacto económico negativo por el COVID-19, por lo que las entidades, desde sus capacidades locales, implementan planes emergentes para apoyar a familias, trabajadores y pequeñas empresas.
Estos esfuerzos locales de reactivación económica son diversos. Las autoridades estatales han diseñado programas y acciones con distintos enfoques operativos que se adaptan a las necesidades de cada entidad. Adicionalmente, los montos presupuestados para cada estrategia varían dentro de un amplio rango, de acuerdo con las capacidades financieras de cada estado y el diseño de los programas.
Con base en la información contenida en la base de datos del Mapa de medidas económicas ante la pandemia COVID-19, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) clasificó y analizó los tipos medidas de reactivación económica más populares que los gobiernos estatales están implementando, con el objetivo de mostrar el abanico de apoyos que los estados pueden brindar. De esta manera, las y los gobernadores tendrán más información sobre las mejores opciones de apoyo económico que pueden ofrecer a sus poblaciones.
Las medidas adoptadas con mayor frecuencia por los gobiernos estatales se muestran en la gráfica anterior. Estos esquemas de apoyo a las economías locales son necesarios para que familias y empresas tengan la oportunidad de enfrentar la contingencia al proteger sus ingresos, generar liquidez para su operación y facilitar recursos para su recuperación tras la contingencia. No obstante, los mecanismos y las características con que los apoyos se hacen llegar a la población determinan su potencial impacto.
Alimenticias
Otorgar paquetes de alimentos a las familias es la forma más popular de apoyo en este rubro. En 19 de los 32 estados de la República ya se implementa este tipo de ayuda. Para ello, los gobiernos estatales, han tenido que recurrir a acciones como incrementar la capacidad de los centros estatales del DIF, reestructurar el presupuesto de desarrollo social, aceptar donaciones en especie de las empresas de la región y habilitar centros de acopio.
Una buena práctica en algunos estados ha sido comprar los alimentos con productores locales o a pymes de la región. Adicionalmente, cada estado, según sus capacidades, ha establecido metas de entrega de apoyos, por ejemplo, 5 mil paquetes diarios en el caso del estado de Baja California, o entregar hasta 78 mil paquetes durante la contingencia en el estado de Aguascalientes.
Parte importante de la implementación de apoyos alimenticios es identificar a los grupos vulnerables prioritarios: comunidades de bajos recursos, comunidades alejadas de las zonas urbanas, indígenas, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con dificultad para desplazarse, personas que dejaron de tener ingresos por el paro de actividades y portadores del virus.
Una vez identificados los grupos, los gobiernos estatales entregan las despensas directamente en los hogares, o en puntos de distribución estratégicos a donde la gente puede acercarse a recogerlos. Incluso, el estado de Michoacán habilitó canales de comunicación donde la gente puede solicitar vía telefónica o por internet este tipo de apoyos para que les lleguen hasta la puerta de su casa.
Fiscales a familias
Actualmente hay 10 estados de la República que brindan apoyos fiscales a las familias. Los dos principales instrumentos de alivio tributario que ofrecen estos estados son dar descuentos de hasta el 15% en las mensualidades de vivienda o diferir los pagos de adeudos, como en el caso de Baja California Sur. Por otra parte, algunas entidades también han optado por, diferir las multas o adeudos en impuestos vehiculares, así como ampliar los plazos de verificación y control vehicular sin que existan cargos extras y dar descuentos de hasta el 75%, como el Gobierno de Sinaloa.
A personas sin empleo
En abril de 2019, la tasa de desocupación a nivel nacional fue del 3.3%. Desafortunadamente, el pronóstico del Banco Interamericano de Desarrollo señala que se puede perder hasta el 14% de los empleos en México. Lo anterior implica que los gobiernos de los estados deben planear inmediatamente medidas emergentes para hacer frente a los niveles de desocupación de los meses venideros. Actualmente, solo seis estados contemplan apoyos enfocados a la población que no tiene trabajo o que lo perdió por la contingencia.
Dentro de los planes para contener los efectos del desempleo generalizado se encuentra la implementación o ampliación de seguros de desempleo financiados a través de fondos especiales para este fin, un ejemplo de ello es el del Gobierno de la Ciudad de México.
A enfermos de COVID-19 y sus familias
Pese a que ya en todos los estados de la República existen casos de COVID-19, únicamente cuatro entidades han implementado programas de apoyo para infectados por coronavirus. Hasta el momento ninguno ha estado enfocado en ayudar a los dependientes económicos que han sufrido la pérdida de un integrante de la familia.
Dentro de los apoyos ya existentes se encuentra la entrega de kits médicos y de artículos de primera necesidad a los hogares de los enfermos para que no salgan de casa. De manera paralela, se ha planteado la creación de seguros de emergencia durante el mes de aislamiento para trabajadores que den positivo a las pruebas de COVID-19, y que no tengan seguridad social, como en el caso de Hidalgo que otorga un monto de 3 mil 750 pesos. También hay ejemplos en los que se han creado fondos específicos para apoyar para personas contagiadas y personas convalecientes.
Para acceder a servicios públicos
Tres estados han implementado esquemas de subsidios, descuentos y prórrogas en el pago de servicios públicos, como electricidad y agua potable. El primer objetivo de estas medidas es que todas las familias tengan acceso al agua para que puedan cumplir con las medidas de higiene que la contingencia requiere. El segundo es generar ahorros en el gasto corriente de las familias.
Algunos gobiernos estatales ofrecen subsidios de hasta el 50% en las tarifas de electricidad y prórrogas de hasta tres meses en los pagos de reconexión del servicio de agua. En el caso de Yucatán, las autoridades estatales se coordinaron con los municipios para subsidiar el pago de recolección de basura.
Créditos a mipymes
De acuerdo con el Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 99% del total de los establecimientos en México y emplean a más del 69% del personal ocupado. Este grupo de empresas es particularmente vulnerable a la contingencia, más aún las dedicadas a sectores de servicios turísticos, hoteles, restaurantes y comercio.
A nivel estatal, 24 gobiernos reconocen su vulnerabilidad y han adoptado más de un tipo de apoyo a mipymes para lograr una mejor cobertura de las necesidades de este grupo de empresas. La acción más frecuentemente implementada en los estados es ofrecer créditos y otro tipo de financiamiento. Para ello, los gobiernos han creado fondos de apoyo con recursos extraordinarios que fueron restados de otros rubros del gasto público.
Los montos del financiamiento van desde 10 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos. El rango de montos de préstamo es muy grande debido a que están dirigidos a perfiles muy diversos de empresas. Los programas de apoyo están diferenciados de acuerdo con la cantidad de personas que trabajan en la empresa; algunos gobiernos se enfocan en empresas de hasta 5 empleados, otras de hasta 10, o con tope de hasta 50 trabajadores. Algunos apoyos van dirigidos específicamente para que los dueños de las empresas cubran nóminas, otros van destinados a emprendedores que a la vez se encuentran dentro de un grupo vulnerable, como mujeres jefas de familia, jóvenes e indígenas.
El monto otorgado determina las características de las formas de pago, como la tasa de interés. Algunos préstamos con tasa 0% son dirigidos sobre todo a micro y pequeñas empresas, mientras que créditos con tasa del 3% u 8% son destinados a empresas pequeñas y medianas. También hay variación en los períodos de gracia que van desde un mes hasta 6 meses para dar el primer pago correspondiente, algunos pagos se hacen solo a capital y algunos solo sobre intereses.
En general, los requisitos para acceder a estos créditos no son complejos. No obstante, para acceder a montos mayores, algunos financiamientos requieren presentar un aval, el acta constitutiva de la empresa y su domicilio fiscal. La mayoría de los financiamientos no hace una distinción entre las empresas formalmente establecidas y las que no lo están.
Por último, gobiernos como el de Coahuila dan prioridad a empresas que presenten emprendimientos innovadores ante el COVID-19 o como Campeche que apoya a proyectos de reconversión de actividades enfocadas a las necesidades de la contingencia.
Fiscales a empresas
Los apoyos fiscales a empresas son la segunda categoría de acciones más populares: 23 gobiernos estatales los están implementando. Las autoridades utilizan esquemas de descuentos, prórrogas y condonaciones a los impuestos que caen dentro del ámbito estatal, principalmente el impuesto sobre la nómina, pero también el impuesto sobre hospedaje, como en los casos de Quintana Roo y Guerrero.
Un requisito frecuentemente solicitado a las empresas es que comprueben que no han despedido a empleados durante la contingencia, y que se comprometan a mantener su plantilla laboral antes, durante y después del confinamiento.
Los gobiernos estatales también han decidido suspender o dar descuentos hasta del 50% en el cobro de impuestos a los ingresos de personas físicas con actividad empresarial. Si bien no son exactamente incentivos fiscales, algunos estados han diferido las fechas para presentar declaraciones anuales, han suspendido revisiones fiscales y planes de auditorías.
A sectores específicos
La diversidad económica de México se observa en la variedad de actividades que existen en las estructuras productivas de los estados. Por ello, cada estado debe analizar cuáles son los sectores económicos más afectados ante la contingencia y canalizar recursos hacia ellos, especialmente si son estratégicos para el desarrollo local.
Puebla es uno de los 16 estados que han creado fondos emergentes para apoyar a los servicios de entrega de insumos indispensables para sus actividades y al transporte de mercancías, a través de transferencias monetarias de entre 2 mil y 12 mil 500 pesos mensuales,.
Dentro de las actividades más apoyadas se encuentran la agricultura, pesca, ganadería, turismo, restaurantes, transporte, servicios culturales y de entretenimiento. También existen apoyos a artesanos y comerciantes informales, cafeticultores y productores de plata.
Fomento al consumo local
Trece gobiernos estatales se han mostrado interesados en impulsar el consumo local mediante estrategias como facilitación de pedidos a domicilio para mantener en operación a más comercios y restaurantes y garantizar la continuidad del abasto en las comunidades. Estas medidas buscan lograr que más gente permanezca en sus casas.
Para fomentar el consumo local, gobiernos estatales, como los de Tabasco y Veracruz, han implementado medidas que impulsen el comercio electrónico mediante plataformas ya existentes o al desarrollar aplicaciones que permitan conectar a los comercios con los consumidores que quieren hacer pedidos a domicilio.
Algunos estados han creado catálogos digitales para que empresas locales compren sus insumos entre ellas. En algunos casos se ha coordinado la vinculación entre sitios de taxis y comercios para que estos lleven las mercancías a domicilio. Incluso, hay gobiernos que están subsidiando los costos de envío que las plataformas comerciales de distribución suelen cobrar.
Empresas proveedoras
Los proveedores de los gobiernos estatales son un grupo de empresas a las que las entidades tienen la capacidad de ayudar de manera directa al mejorar las condiciones de pago que se establecieron al momento de la contratación. Por ello, tres estados ya han comenzado a agilizar el proceso de pago de las facturas pendientes. En el caso del Gobierno de Zacatecas se incluyeron los pagos por adeudos que el estado pueda llegar a tener con sus proveedores. Adelantar pagos también es una alternativa para que las empresas puedan tener el flujo de efectivo necesario para sobrevivir a la contingencia.
1. Diseñar un plan de reactivación económica estatal integral que contemple un abanico de acciones que ofrezca certidumbre y ayude a contener los efectos de la crisis para familias, trabajadores y empresas. De las 10 medidas listadas, el promedio por estado es de únicamente tres acciones implementadas. Se deben explorar e implementar más líneas de acción que complementen las actuales. Queda por lo menos un mes de contingencia en el cual los gobiernos aún están a tiempo de diseñar e implementar medidas de rescate y recuperación.
2. Identificar las necesidades más urgentes de la población de acuerdo a las características sociodemográficas, de vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria y la estructura económica local. Las acciones deben permitir que las familias mantengan sus ingresos laborales, remesas y otros relacionados con el emprendimiento informal. Los trabajadores deben contar con algún tipo de seguro de desempleo temporal, especialmente aquellos que laboran en sectores más afectados como el turismo, los hoteles, restaurantes, espectáculos y servicios recreativos. A las empresas se les debe apoyar con liquidez con el objetivo de mantener puestos de trabajo, lo cual implica hacer transferencias y apoyos fiscales directamente a las nóminas y condicionados a reducir al mínimo los despidos.
3. Limitar el uso de dinero en efectivo en la distribución de apoyos económicos a familias y pymes. Las transferencias directas utilizando cuentas bancarias, tarjetas prepagadas y servicios de dinero móvil son una alternativa eficiente para hacer llegar los recursos a la población y permiten que puedan gastarlo en sus necesidades particulares. Es preferible que este tipo de apoyos llegue a través de monederos electrónicos, a través del uso de las redes instaladas de distribución de programas sociales para evitar al máximo el uso de dinero en efectivo.
4. Hacer uso de herramientas de medición de vulnerabilidad ante el riesgo de contagio para dirigir las inversiones en servicios de agua, saneamiento, acceso al sector salud y otros servicios públicos que puedan reducir el riesgo de propagación una vez que termine la primera ola de contagio.
5. Ampliar la capacidad de los apoyos ya existentes. Diversos estados de la República ya cuentan con programas de ayuda a sectores vulnerables y financiamiento a mipymes que están disponibles de manera regular para la población. No obstante, la emergencia requiere de asignar mayor presupuesto a estos rubros. Esto también implica hacer una revisión de las posibles fuentes de financiamiento de corto plazo, como la deuda. Los Ejecutivos locales deben trabajar en coordinación con sus congresos para agilizar el proceso de búsqueda de mecanismos de financiamiento y reasignación presupuestaria.
6. Coordinar acciones con los gobiernos municipales y contemplar los apoyos federales existentes con la intención de complementar esfuerzos en vez de duplicarlos.
7. Transparentar la manera en que los recursos se ejercen, de dónde salen y hacia dónde se dirigen. Tener un correcto control de los padrones de beneficiarios evita actos clientelares, malversación de recursos y actos de corrupción.
8. Facilitar a la población de mayor vulnerabilidad económica el cumplimiento del #QuédateEnCasa. En la medida de lo posible, las acciones de apoyo deben estar diseñadas para que la gente no tenga la necesidad económica de salir a la calle y evitar aglomeraciones en las oficinas, lugares de trabajo y transporte público.
Los gobiernos estatales al igual que el Gobierno federal, requieren diseñar planes de reactivación económica que sean suficientes y estén alineados a las necesidades que surgen de la emergencia sanitaria. No se trata de dar continuidad a lo que ya estaba planeado, ni de plantear acciones que se harán efectivas hasta el final de la contingencia.
Ante la crisis económica más seria de las últimas décadas, los estados deben implementar medidas extraordinarias y hacer un esfuerzo excepcional con la forma en que se dirige la política social y tributaria. Los estados necesitan verdaderos planes de rescate encaminados a apoyar a las familias, los trabajadores y los negocios que hagan posible la subsistencia y la posterior recuperación económica.
