El próximo lunes primero de julio se cumplen cuatro años de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque tiene muchas semejanzas con su predecesor, que se estrenó hace treinta años, algunas diferencias son importantes, aunque más importante será cómo se use este instrumento en los años por venir desde los sectores público y privado. Los vientos han cambiado mucho en estos tiempos.
No es menor que el nuevo tratado se llame T-MEC, CUSMA o USMCA, dependiendo del país de Norteamérica en donde uno se encuentre. Que contenga los nombres de los países y ya no el de la región, como fue en el TLCAN o NAFTA, es una primera y clara señal de que hay diferencias entre los aires que propiciaron la firma del tratado noventero y los que impulsan el de este siglo. Es más claro el escepticismo hacia la integración regional y la tendencia globalizadora.
Ambos tratados han sido funcionales para las tres economías. El comercio se ha incrementado de una forma vertiginosa. En enero de 1994, México intercambió alrededor de 245 millones de dólares por día con sus socios del norte. En abril de 2024 la cifra alcanzó 2,281 millones de dólares diarios, según los datos de Banxico.
Eso en general favorece a los consumidores con mejores precios y acceso a más productos. Quienes crecimos en los ochenta vimos un incremento radical en las opciones para comprar lo que sea antes y después del TLCAN.
Los tratados comerciales de México con los vecinos al norte del Bravo también modificaron la estructura productiva de nuestro país. Entre 1994 y el inicio de esta década nuestras exportaciones se duplicaron como proporción del PIB y, en las localidades más engarzadas al comercio exterior, la tasa de participación económica se incrementó y la tasa de informalidad disminuyó.
A nivel nacional, desde luego, los resultados fueron mixtos para los trabajadores, lo mismo en México que en Estados Unidos y Canadá. Para nuestro país esto implicó un margen más amplio entre el desarrollo económico del norte y el sur del país. En parte, es innegable que esto se debió a ciertas ideas económicas que sobreestimaron el potencial de un tratado comercial.
Como cualquier otra cosa, un tratado comercial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Abrir y regular el comercio exterior puede mejorar las condiciones de trabajo en una localidad o región, pero para que eso se extienda a todo el país requiere de políticas públicas adecuadas.
También, en varios sentidos, el TLCAN y el T-MEC han fortalecido las instituciones de gobernanza mexicanas, pues solamente con ciertas reglas claras se puede tener un comercio estable. Pero que existan esas instituciones formales y legales no significa que el presidencialismo y el caciquismo dejaran de ser otras instituciones más arraigadas en México, ni mucho menos que dejaran de funcionar. Un tratado de libre comercio no es una vacuna contra el crimen, ni contra la corrupción ni contra el agandalle. Muchas instituciones de naturaleza diversa e incluso contradictoria pueden existir al mismo tiempo.
Tomemos un ejemplo. En estas fechas se critica, a mi parecer con mucha razón, la propuesta del presidente López Obrador para desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica. Quienes estamos en contra de esa propuesta consideramos que la autonomía de un organismo que garantice la competencia en los mercados es importante y que en todo caso se le debe fortalecer para que haga mejor su trabajo en beneficio de los mexicanos.
También pensamos, en general, que para un país tan conectado al exterior como México, desaparecer dicho organismo puede resultar en una pérdida de credibilidad y un riesgo para las inversiones por el deterioro institucional que representa –y eso que no se compara con la reforma al Poder Judicial, pero me mantengo en este ejemplo–.
Sin embargo, hay quienes creen que la única o la mejor razón para conservar a la Cofece es que el T-MEC indica, en su capítulo 21, que cada una de las partes debe tener una autoridad nacional de competencia. Esto a pesar de que, entre lo que pide para tales autoridades, dicho capítulo no establece la autonomía constitucional, ni que deba estar estructurada de una forma específica.
Personalmente, me parece que así está bien la redacción del tratado. Sirve para lo que sirve: asegurar que exista una autoridad que tenga criterios transparentes, equitativos y rigurosos en materia de competencia económica. No sirve para lo que no sirve: construir instituciones que aseguren un piso parejo para todos y combatan el capitalismo de cuates. Se parecen, pero no son iguales.
Los próximos años pintan para que la lectura y el manejo del T-MEC se vuelvan más políticos que jurídicos. Habrá que esperar a ver si Donald Trump y sus planes salen airosos en la elección de noviembre, darle seguimiento a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y observar cómo se desenvuelven las cadenas productivas en un ambiente mundial de calentamiento global (y transición energética), movimientos migratorios intensos y tecnologías cada vez más complejas.
Mientras tanto nuestro tratado comercial con América del Norte, a cuatro años de su renovación, sigue siendo un instrumento útil para la inmensa mayoría de los mexicanos, sea porque consumimos bienes importados o porque trabajamos en un sector relacionado con el comercio exterior. Aunque en algunos aspectos sea pateando el bote, el T-MEC funciona.
Publicado en El Economista
26-06-2024
