Hablar de inversión en obra pública es importante pues se materializa en infraestructura y genera un impacto directo en la vida de las personas. Es una pieza clave en el acceso a los mercados y un determinante de la integración regional, el desarrollo social, el empleo, el crecimiento económico o la disminución de la desigualdad. Tal es su trascendencia, que las decisiones que se toman en torno a la inversión pública tendrían que estar alejadas de los intereses políticos, pues se hace uso de dinero público, así como tener una visión transexenal que abone a la competitividad del país en el largo plazo.
Como ciudadanos, el monitoreo de la inversión en obra pública nos debe interesar por dos razones: para su financiamiento se requiere de la disposición de los recursos limitados del gobierno que se fondean, en buena parte, a través de nuestros impuestos. En segundo lugar, su éxito o fracaso incide directamente en la dinámica y en las oportunidades de la población que habita en donde se ubican los proyectos: carreteras, trenes, aeropuertos, hospitales, etc.
De acuerdo a las cifras de la Cuenta Pública 2022, el monto inversión en obra pública (Capítulo 6000) ascendió a 580 mil 742 millones de pesos (mdp), de los cuales 86.1 % (500 mil 246 mpd) se concentraron en los diferentes proyectos de Pemex y en Turismo, a través del Tren Maya.
La preponderancia de los hidrocarburos en la inversión no es una noticia nueva en el gasto federal: de 2015 a 2022, el gasto dirigido a este sector sumó 2.5 billones de pesos, 74.1 % del total del monto destinado a inversión en el periodo. Además, por la naturaleza de los proyectos, gran parte de estos recursos se registraron en Campeche y Tabasco. Esto contrasta con las tendencias mundiales en materia de energías renovables, pues en el país se mantiene una situación de inercia hacia el sector energético tradicional.
La inversión pública en sectores específicos, más allá de los combustibles fósiles, debe preocuparnos. De ella no sólo depende la plataforma de provisión de bienes y servicios como educación, salud, seguridad o transporte, sino que funciona como catalizador para la inversión privada. Actualmente, los intereses del gobierno están enfocados en el ferrocarril -Tren Maya- y, por el contrario, se ha descuidado la inversión pública en salud, caminos y carreteras.
Como preludio del cierre de sexenio, el PEF 2023 se formuló con una gran cantidad de dinero destinada a la conclusión del Tren Maya (107 mil 544 mdp) que, de concretarse, como lo ha prometido el Ejecutivo, resultaría en un costo total del proyecto de 373 mil 699 millones (calculado inicialmente entre 120 y 150 mil mdp). Por otro lado, uno más con promesa de inauguración, después de casi 10 años de su inicio, es el Tren México-Toluca, con un costo de 38 mil 608 mdp y que se triplicó (110 mil 709 mdp). En este último caso es difícil creer que se cumplirá la promesa pues si bien su avance es del 84%, su asignación en el PEF 2023 de 7 mil mdp se recortó 99.9%.
La inversión en obra pública es un medio, no un fin, y es fundamental para impulsar el desarrollo a partir de la transformación positiva de la economía y del espacio. En México, sin embargo, una serie de vicios como la discrecionalidad en la toma de decisiones, la ineficiencia reflejada en sobrecostos y la asimetría de la localización de los proyectos, lejos de tener el impacto esperado, puede afectar la garantía de bienes, servicios y ciertos derechos fundamentales.
Publicado en Animal Político.
12-05-2023
