El viernes 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Paquete Económico 2024, un elemento que marcará el fin de este sexenio y abre las puertas a la transición de la siguiente administración. La sorpresa en esta ocasión es el nivel de gasto que se pretende realizar el próximo año. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)plantea un total de gasto público federal histórico de 9.07 billones de pesos, esto es 4.23 % más en términos reales que en 2023 y 18.3 % más que en 2019. ¿Y la austeridad republicana que prometió el presidente?
La sorpresa viene porque desde abril la propia SHCP planteaba que habría menos ingresos presupuestarios por la tendencia a la baja que han mostrado los ingresos petroleros y la recaudación del IVA, esto principalmente por una apreciación del peso. En resumen, en 2023, los recursos del Gobierno Federal se han quedado cortos con respecto a la planeación. Para 2024 esta situación apunta a replicarse, y, aunque se anticipaba una propuesta de recorte al gasto, esta no llegó.
Para poder cubrir el nivel de gasto que se ha mantenido en el sexenio, el Gobierno Federal apostará por los ingresos derivados de financiamiento, en otras palabras, a la deuda pública. Una promesa incumplida más. Esta alcanzaría los 1.7 billones de pesos, la cifra más alta en los últimos 24 años y 41 % mayor que la de 2023. Lo anterior refleja una realidad inevitable: cada año, la balanza de las finanzas públicas pesa cada vez más del lado de los gastos y los ingresos públicos no son suficientes para compensarlo.
Si bien el nivel de endeudamiento del país es manejable -aún-, recurrir a la deuda implica que no se obtienen los ingresos ordinarios para cubrir el gasto público. Además de un peso fuerte, una expectativa de bajos precios del crudo para 2024 y una situación precaria en Pemex implicarán que se reciban 333 mil millones de pesos menos (-24 %) de ingresos petroleros del Gobierno Federal, una fuente importante de fondeo. La deuda puede funcionar positivamente como un instrumento de financiamiento siempre y cuando sea empleado en propósitos y planes productivos que estimulen el crecimiento económico y, en este caso, no hay certeza sobre eso.
¿Por qué debería preocuparnos? Porque a pesar de que esto permitirá un nivel histórico de gasto, la mayor parte se destinará a las responsabilidades ineludibles del Gobierno, es decir, gasto intocable. Para 2024, de los 7.46 billones de pesos que el Gobierno Federal administrará, 57 % será destinado a obligaciones financieras como pensiones y jubilaciones, transferencias a entidades federativas, pago de deuda, entre otros. Solo el 43 % restante está asignado a las necesidades de la población, las cuales también son una obligación del Estado mexicano, como salud, educación, seguridad pública y otros servicios básicos.
Este Paquete Económico, que representa la clausura financiera de esta administración, nos deja como recordatorio y reto el imperativo de apuntar a un balance entre el gasto, los ingresos y la deuda. Si bien aún no nos encontramos en un estado crítico de las finanzas públicas, no debemos esperar a que su manejo sea insostenible.
Independientemente de lo que suceda en 2024 y lo que decida la ciudadanía a través del voto, de nada servirá la disciplina financiera mantenida al inicio del sexenio y el discurso que niega la deuda, si la próxima administración heredará el costo de las decisiones tomadas en los dos últimos años. Además, hay que tener presente que ningún mecanismo gubernamental puede operar sin el sustento financiero: cada promesa que escuchemos en los próximos meses, para materializarse, precisará de una fuente de recursos, dinero.
Publicado en Animal Político.
14-09-2023
