Eliminar la generación local de energía eléctrica eleva los costos de producción y afecta a los consumidores

Eliminar la generación local de energía eléctrica eleva los costos de producción y afecta a los consumidores

El 13 de diciembre de 2021 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una solicitud para que se exente de análisis de impacto regulatorio al acuerdo que modifica el concepto de necesidades propias de energía eléctrica en abasto aislado. Es decir, la generación eléctrica en ubicaciones remotas que no depende de su conexión con las redes de transmisión y distribución (por ejemplo parques industriales, minas, entre otros). Esto con el objetivo de limitar a empresas del mismo grupo de interés económico a eliminar la figura de generación local y prohibir la venta de excedentes de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Limitar la actividad de abasto aislado implica elevar los costos de producción de las empresas instaladas en parques industriales que hoy se benefician de la generación de energía para uso propio, afectando así su competitividad y la del país en su conjunto. 

Las modificaciones propuestas obligarían a las empresas que se benefician de la generación local a comprar su energía eléctrica a CFE o a registrarse como usuarios calificados y participar en el MEM a través de suministradores calificados (aquellos que atienden a los grandes consumidores). Independientemente de si este acuerdo cumple o no con los requisitos necesarios para evitar ser sujeto a un análisis de impacto regulatorio por parte de la Conamer, que claramente es indispensable, de entrar en vigor tendrá implicaciones negativas para las empresas que actualmente hacen uso de esta figura para llevar a cabo sus procesos productivos.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el abasto aislado consiste en un esquema mediante el cual una persona física o moral, o un conjunto de estas que pertenecen a un mismo grupo de interés económico, genera energía eléctrica dentro de sus instalaciones para satisfacer sus necesidades de electricidad sin tener que recurrir a la infraestructura de transmisión o distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La LIE también contempla la figura de generación local, donde se permite la generación o importación de energía eléctrica (sin importar la pertenencia a un mismo grupo de interés económico) o para exportación, sin necesariamente utilizar las redes de transmisión y distribución. Actualmente, tanto el abasto aislado y la generación local pueden estar conectados a la red para la venta de excedentes de generación o compra de faltantes de energía eléctrica y productos asociados. 

El abasto aislado y la generación local han permitido a empresas de distintos sectores satisfacer sus necesidades de energía eléctrica mediante el uso de tecnologías de generación que les resultan económica, técnica, financiera y ambientalmente convenientes. En términos de costos, les permite generar su propia electricidad a costos menores de los que habrían tenido de comprarla si lo hubieran hecho directamente con la CFE.

Al igual que los cambios legales y regulatorios al mercado eléctrico observados en meses recientes, la publicación de este acuerdo limitará la capacidad de las empresas de generar energía para consumo propio, con el propósito de favorecer a las centrales de generación de la CFE, y en perjuicio de los usuarios finales de los sectores industrial y comercial. 

Incrementar la generación de CFE al limitar o eliminar las alternativas de generación eléctrica de los consumidores mexicanos tendrá efectos negativos para toda la economía. Sin embargo, los efectos que tiene esta medida en términos de la salud de los procesos de mejora regulatoria y estado de derecho no son menos graves. A lo largo de los años, México ha logrado implementar prácticas que involucran a las partes interesadas con transparencia. La pérdida de estas prácticas erosionan la institucionalidad y la certidumbre de los ciudadanos de que las decisiones regulatorias se toman en beneficio del país.