Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Programa de Bienes Públicos Regionales).
El Laboratorio Latinoamericano de Políticas de Probidad y Transparencia tiene como principal objetivo la generación de una agenda de investigación aplicada que contribuya a promover políticas de integridad en América Latina.
El Laboratorio está conformado por centros latinoamericanos de investigación de excelencia, cuyo propósito es cooperar y promover la generación de conocimiento con una perspectiva regional, con el fin de producir mejores insumos para el diseño de políticas públicas de probidad y transparencia. Permitir este tipo de sinergia resulta especialmente relevante en América Latina, donde la corrupción representa uno de los principales problemas para el desarrollo.
El Laboratorio está integrado por cuatro centros de investigación:
- La Fundación para la Educación Superior y Desarrollo (FEDESARROLLO) de Colombia
- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
- El Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Universidad de Chile
- Espacio Público con sede en Chile
El Laboratorio tiene contemplada la realización de estudios en torno a tres principales temas: “Compras públicas y Big data”, “Homologación y comparación de compras públicas” y “Lecciones de casos emblemáticos de corrupción”.
Esta primera serie de documentos tiene como objetivo sintetizar y presentar los hallazgos derivados de las investigaciones que cada centro de investigación realizó en su país en la temática de “Compras públicas y Big data” con la intención de presentar conclusiones y recomendaciones a nivel regional.
Las investigaciones están centradas en la aplicación de una metodología conjunta de indicadores de riesgo a los sistemas de compras públicas de tres países con la intención de demostrar la utilidad del uso de análisis de big data como una herramienta innovadora para detectar y combatir la corrupción.
Los indicadores permitieron identificar problemas sistémicos en el caso de México y Colombia donde la mayoría de las contrataciones públicas fueron adjudicadas mediante modalidades de contratación caracterizadas por la discrecionalidad en lugar de la competencia económica. En el caso de Chile, fue posible identificar dependencias de Gobierno específicas con altos niveles de riesgo de corrupción.
