Óscar Ruiz | @OscarRPriego
Las ciudades mexicanas no han priorizado la movilidad de las personas y le han dado más importancia al flujo de automóviles, lo que ha resultado en más coches en las calles y mayor congestión. A nivel nacional, de 1980 a 2017, el parque vehicular creció ocho veces, y actualmente hay más de 40 millones de automóviles en circulación. Como se puede observar con datos de velocidades promedio de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), más coches significan mayor congestión (Gráfico 1), y en donde hay mayor congestión hay peor calidad de vida y mayores dificultades para el crecimiento económico sostenido.
Gráfico 1.
El uso del automóvil se ha incentivado continuamente, a partir de las leyes, reglamentos y normas federales y estatales. Subsidios a la gasolina, vivienda en zonas alejadas de los centros urbanos y sin transporte público de calidad, así como requerimientos mínimos de cajones de estacionamiento, son muestras de la priorización, por parte de los gobiernos, de la movilidad basada en el automóvil privado, lo que ha generado una dependencia exacerbada del mismo.
Además, la visión plasmada en leyes y normas se ha reflejado en la ejecución de proyectos y en la asignación, durante muchos años, de presupuesto a la construcción de más infraestructura vial. Así, se ha cedido el espacio público a las necesidades del coche y se han abandonado el transporte público y la infraestructura para peatones y ciclistas.
A pesar de que en todo el país cerca de 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público, en 2017 únicamente se destinó a este medio el 14% del gasto nacional de fondos federales para movilidad, el 6% se asignó a infraestructura para el peatón, el 7% para espacio público y el 3% para infraestructura ciclista. El 70% restante se destinó a pavimentación y a infraestructura para el coche (un 28% y un 42% respectivamente).
En los últimos años ha habido diversos esfuerzos para cambiar el marco normativo que privilegia el automóvil sobre el resto de los modos de transporte. Esto ha dado como resultado, entre otras cosas, nuevas leyes estatales de movilidad que han sustituido a las antiguas leyes que solo se enfocaban en el transporte, tránsito y vialidades.
Actualmente, 11 estados de 32 ya cuentan con una ley de movilidad. En el Índice de Movilidad Urbana, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hace unas semanas, se evaluó la normatividad en 20 ciudades del país, a partir de 10 principios básicos que deben ser considerados en una buena ley de movilidad:
- El peatón es primero.
- Planeación del transporte público y no motorizado.
- Principios para la movilidad: igualdad, seguridad, accesibilidad, eficiencia, calidad, multimodalidad y exigibilidad.
- Información para la toma de decisiones.
- Mecanismos de coordinación metropolitana.
- Estudios de impacto de movilidad para obras públicas y privadas.
- Comité Estatal de Movilidad para generar propuestas, con la participación de ayuntamientos y Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Registro de transporte público disponible a los ciudadanos.
- Eliminar las barreras de entrada a las empresas de transporte operadas a través de plataformas.
- Contar con parquímetros y alcoholímetros.
Adicionalmente, una ley de movilidad efectiva debe contemplar mejores herramientas para combatir la corrupción y la ausencia del Estado de derecho generado por el otorgamiento de permisos y concesiones para la operación privada del servicio de transporte. En el estudio Anatomía de la Movilidad, publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se menciona que “Muchas autoridades han naturalizado el concepto de que el servicio público tiene una operación privada y como tal no les corresponde supervisar y sancionar, lo que llamamos la pérdida del Estado de derecho”.
Finalmente, el reto principal es hacer efectivos los cambios normativos y pasar de la letra a los hechos, a través de la homologación de normas, reglamentos, manuales y otras leyes, del establecimiento de arreglos fuertes de cooperación institucional y metropolitana, y de la asignación y ejecución de recursos de acuerdo a la prioridad establecida en la ley.
Igualmente, dentro de los cambios a la regulación, deben considerarse mecanismos de evaluación de la calidad y eficiencia regulatoria para analizar el impacto real de las disposiciones legales. De lo contrario, se perdería la oportunidad de documentar avances y fracasos que puedan llevar a reformas regulatorias más exitosas.
Publicado por Animal Político
08-04-2019
