La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó uno de sus programas prioritarios, Sembrando Vida, para darle un giro ambiental y hacerle una propuesta al presidente Joe Biden que consideró innovadora: que Estados Unidos financie su ampliación en países de Centroamérica para detener la migración.
En un país donde lo ambiental tiene cada vez menos relevancia desde las prioridades gubernamentales, la propuesta pareciera una idea forzada enmarcada en la Cumbre de Líderes sobre el Clima. Sin embargo, deja ver que el presidente López Obrador en realidad tenía un mensaje para el electorado mexicano, no para los líderes preocupados por las emisiones de carbono.
Dicho mensaje, más allá de hacerle propaganda a Sembrando Vida, va encaminado a que sus programas son capaces de hacer chuza, como en boliche, y corregir múltiples problemas a la vez. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
De acuerdo con las reglas de operación, el objetivo de Sembrando Vida es “contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.” Este propósito se acota al desarrollo económico de los agricultores beneficiados sin considerar sus impactos ambientales.
Los objetivos de un programa son clave, porque con base en ellos se hacen las evaluaciones para determinar su impacto. En principio las evaluaciones de impacto para Sembrando Vida no se harán con lentes ambientales. Más aún, en la Matriz de Indicadores de Resultados no se incluyen indicadores ambientales, a pesar de que el programa podría generar incentivos para que campesinos deforesten tierras para sembrar lo que cubre el programa.
Según expertos en la materia, el efecto podría ser considerable. El Instituto de Recursos Mundiales México encontró, a partir de imágenes satelitales, que en 2019 la implementación de Sembrando Vida se asoció con la pérdida de casi 73 mil hectáreas de coberturas forestales. Esta superficie es equivalente al 57% de la tasa de deforestación neta que sufre México cada año.
Instituciones ambientales sólidas podrían reducir este tipo de riesgos con programas alternativos, apoyo basado en evidencia para la selección de las zonas participantes y monitoreo de los impactos negativos involuntarios. No obstante, esta administración ha profundizado los recortes presupuestales para medio ambiente registrados desde que Enrique Peña Nieto era presidente, lo que reduce la posibilidad de tomar decisiones integrales.
Destaca que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con quien debe vincularse la Secretaría de Bienestar para evitar el daño del programa, ha sufrido recortes presupuestarios desde 2016 y sigue cayendo. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal, que ofrece programas de pago por servicios ambientales para proteger bosques, tiene casi la mitad del presupuesto que tenía en 2018, último año en que se registró un recorte serio para la institución. Ambas comisiones suman un presupuesto para 2021 de 3.2 mil millones de pesos. Sembrando Vida tiene un presupuesto casi nueve veces mayor.
Los recursos naturales son fundamentales, sobre todo para quienes viven del campo. La deforestación incrementa la sequía, fenómeno que este año amenaza gran parte del territorio nacional. Por eso no es posible asumir que el desarrollo de las comunidades se debe dar a costa de la destrucción ambiental. Hacerlo solo perjudicará en el futuro a los más pobres que no se puedan adaptar.
Publicado en Expansión
26-04-2021
