Por: Edith Hinojosa, Investigadora de Justicia y Seguridad
La Guardia Nacional (GN) fue creada en 2019 mediante decreto presidencial del 26 de marzo de 2019 publicado en el Diario Oficial de la Federación, como una corporación de carácter civil orientada a realizar tareas de seguridad pública y con ello beneficiar a la sociedad.
De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública (LGSSP), las actividades en materia de seguridad son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar libertades, el orden y la paz públicos, prevención de delitos, sanciones de infracciones administrativas, investigación y persecución de delitos y la reinserción social de sentenciados, actividades propias de una súper policía.
Como consecuencia, en 2019, fueron transferidos a la GN los siguientes elementos: 2,411 de la Policía Federal, 5,584 de la Policía Naval, 35,232 de la Policía Militar además de 15,375 provenientes del Ejército. A 2021, este cuerpo de seguridad cuenta con 100 mil 235 elementos en activo, con nuevos integrantes en aumento.
Hasta ahora los beneficios para la sociedad son imperceptibles aún cuando han sido diversas las funciones de carácter civil encomendadas a la GN. Entre ellos han estado el combate al robo de combustible, el control migratorio, así como de puertos y aduanas, la construcción de obras, el apoyo a programas de distribución de recursos a grupos sociales y la atención a la emergencia sanitaria por covid-19.
En la LGSSP se hace hincapié en el carácter civil de la seguridad pública bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, así como el fomento a la participación ciudadana y la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, objetivos que quedan en letra muerta en la ley pues las cifras de quejas a violaciones a derechos humanos contrastan con la realidad.
De acuerdo con Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, a partir del inicio de actividades de la GN en 2020, acumuló 350 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a derechos humanos, mientras que hasta octubre de 2021, el cuerpo de seguridad registró 432 quejas conforme a las cifras consultadas en la primera quincena de diciembre, acumulando así un total de 782 quejas en menos de dos años.
El decrecimiento de dichas quejas depende en gran medida de las evaluaciones periódicas a los integrantes de la GN; para tal fin se puso en marcha el Certificado Policial Único (CUP), a través del cual se acredita la profesionalización en las instituciones de seguridad pública. En el caso de la GN, sólo uno de cada 10 elementos cuenta con dicho certificado.
Tal parece que no existe prisa por certificar a los encargados de la seguridad pública, pues mediante el Acuerdo 1/V-SE/2021, se extendió el plazo hasta el 2024 para que todos los elementos de la GN cuenten con el CUP, lo cual entorpece el camino hacia una institución de seguridad con carácter civil.
Resulta difícil medir los avances sin recursos como el desaparecido Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual fue creado para incentivar el desarrollo y la competitividad en los cuerpos policiales. Bajo este contexto, es evidente la necesidad de implementar recursos y medios para la profesionalización de los elementos de la seguridad pública del país. Mientras eso no suceda, el correcto funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad no estará garantizado.
Publicado en La Silla Rota.
23-12-2021
