México atraviesa una crisis educativa que amenaza el futuro profesional de las nuevas generaciones, y que en definitiva exige una disrupción en el sector. Pero no la que pone sobre la mesa -o el pupitre- esta administración.
Mientras el abandono escolar, la falta de aprendizajes prioritarios y las afectaciones socioemocionales prenden alertas nacionales e internacionales, el Gobierno Federal ha decidido continuar con una reforma en el plan de estudio de preescolar, primaria y secundaria que podría transformar la educación básica. Sin embargo, este documento se basa en argumentos ideológicos, sin un diagnóstico que reconozca el panorama actual, y su implementación carece de una guía concreta que apoye a los docentes. Vamos por partes.
En primer lugar, las 214 hojas del plan de estudios explican, a la luz de la ideología del gobierno en turno, por qué el sistema actual no ha funcionado. Según el documento, “en la medida en que se impone y legitima un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación (…), se está imponiendo en los cuerpos y mentes un modelo hegemónico de ciudadano, lo cual contradice una vida saludable y el sentido democrático”. El sustento en evidencia o datos brilla por su ausencia.
Los cambios que propone el nuevo plan no son menores, implican integrar los conocimientos, reorganizar los grados escolares, y lo más grave, descartar evaluaciones estandarizadas para alumnos y docentes que permitirían tomar mejores decisiones de política pública.
Además, se busca otorgar autonomía profesional al magisterio para contextualizar los contenidos de los programas según la realidad que viven sus estudiantes. Pero, ¿cómo se materializará esa autonomía? ¿Cuentan con las capacidades para lograrlo? ¿Qué acciones implica, por parte de la autoridad y de toda la comunidad educativa? Son preguntas que no se pueden contestar con este documento.
En segundo lugar, falta claridad en los roles. Por una parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la encargada de determinar los planes y programas de estudio aplicables a todo el país. Por otra parte, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que las autoridades educativas locales deberán apoyar en la prueba piloto del plan y su implementación en etapas posteriores. Sin embargo, no se especifica qué acciones le corresponden a cada nivel de gobierno.
Además, el documento tampoco detalla los papeles que desempeñará el personal directivo y docente de cada escuela. En la narrativa se percibe que la decisión sobre cómo incorporar los contextos locales, y cómo se evaluará a los estudiantes recaerá directamente en las comunidades educativas, pero en realidad no hay un apartado que lo corrobore.
Por último, llama la atención la premura y el desfase con el que se quiere implementar este plan. El 16 de agosto de 2022 se presentó el nuevo plan de estudio, dos días después de anunciar a Leticia Ramírez como la nueva secretaría de educación. El 19 de agosto se publicó en el DOF el documento que lo sustenta, y entró en vigor al día siguiente, solo nueve días antes del inicio del ciclo escolar 2022-2023. Y aunque habrá una prueba piloto, esta empezará hasta el 29 de octubre. ¿Qué se hará durante septiembre y el resto de octubre? ¿Qué plan seguirán las y los docentes de las escuelas piloto? Es más, ¿qué escuelas participarán en la prueba piloto? A la fecha, el público no lo puede saber porque no es parte de la documentación que ofrece la SEP respecto a este tema.
El nuevo plan de estudio para la educación básica nos deja con más preguntas que certezas, lo que preocupa cuando se estima que las niñas y niños podrían perder entre uno y tres años del aprendizaje esperado según su nivel socioeconómico y la región en la que habitan.
Cuando un plan carece de evidencia, de objetivos claros, de una hoja de ruta concreta y de recursos suficientes puede ser costoso para la ciudadanía. En este caso, el precio a pagar será el futuro profesional de millones de estudiantes, y por ende, del país.
Publicado en Animal Político.
25-08-2022
