Por: Luis Mauricio Torres Alcocer y Carlos Hernández Torres (1)

Este lunes 18 de mayo comienza la primera etapa del plan para reabrir la economía y las actividades sociales y educativas presentado por el Gobierno de México. En esta primera fase del plan original se contemplaba que 269 municipios de 15 entidades que no tienen casos de COVID-19 volverían a sus actividades normales con cercos sanitarios y jornadas de salud. Esa lista de municipios se ha modificado y hoy se plantea que los primeros municipios liberados serán 324. Durante la segunda fase del plan, que comprende entre el 18 y 31 de mayo, se diseñarán protocolos para regresar volver a la normalidad de manera paulatina y segura, según las autoridades.

La tercera fase comenzará a partir del 1 de junio. De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Salud, la ausencia de contagios en gran parte del país permitirá suspender las medidas sanitarias de alcance nacional para pasar a un esquema de análisis regional y focalizado. Con base en una evaluación continua de la intensidad de transmisión, riesgo y capacidad de respuesta a nivel estatal y municipal, se planteará un esquema de semáforos para reabrir paulatinamente las actividades del país.

¿Qué tan oportuna es la presentación de este plan de reapertura de actividades?

La estrategia del Gobierno federal para administrar el riesgo de contagio y propagación de coronavirus durante las siguientes semanas e incluso meses llega en un momento donde aún existe incertidumbre sobre la etapa de la epidemia de COVID-19 en la que se encuentra México. Debido al reducido número de pruebas realizadas, así como al alcance limitado de la red de instituciones de salud pública encargadas de monitorear el nivel y evolución de los contagios en el país es altamente probable que por el momento no contemos con información suficiente para dar inicio a una estrategia de levantamiento de las medidas preventivas de contagio.

Con datos hasta el 16 de mayo, México se coloca, junto con Brasil, Rusia e India, como uno de los países con mayor número de casos nuevos diarios en el mundo. Entre el 1 y el 16 de mayo los nuevos casos confirmados se ubicaron en un rango de entre mil 515 y dos mil 437 cada día. La tendencia de los datos no parece indicar que hemos llegado al pico de contagios y, por el contrario, es posible que el punto máximo de nuevos casos confirmados se alcance en las siguientes semanas justo cuando se plantea desde el Gobierno reabrir la economía y levantar restricciones.

La presentación del plan de reapertura ofrece cierto grado de certidumbre sobre cómo gestionar, desde el Gobierno, el levantamiento de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, es necesario que la implementación y comunicación de este plan se realice con precaución extrema al tomar en consideración los siguientes puntos:

1. La extensión y profundidad del contagio observado debe marcar el ritmo para reabrir las actividades económicas y sociales. La definición de fechas de levantamiento de las medidas de sana distancia y de contención a nivel nacional y local debe estar sujeta al comportamiento de la curva epidemiológica. Debe existir flexibilidad en los tiempos y formas en las que se pretende regresar a la normalidad de las actividades. Es posible que ante el aumento de casos en el territorio mexicano durante las próximas semanas sea necesario replantear los tiempos estipulados en la estrategia para algunas zonas del país.
2. El plan de reapertura debe ponderar las limitaciones al modelo de monitoreo de la COVID-19 que sigue México. El Modelo Centinela usado por la Secretaría de Salud es una fuente importante de información sobre la dinámica de expansión del virus. Sin embargo, puede tener limitaciones para hacer proyecciones e interpretaciones a nivel local respecto de otras alternativas de monitoreo utilizadas en el mundo como la aplicación masiva y aleatoria de pruebas en la población con síntomas leves o asintomática. El Modelo Centinela incluye la recopilación de datos de casos graves en un número limitado de sitios de vigilancia que puede sesgar la representatividad de la información aplicable a la población total y a nivel local. Adicionalmente, la utilidad de este modelo para monitorear la tendencia de contagios a nivel local puede verse afectada por la escasa información sobre el comportamiento de una enfermedad nueva como la COVID-19.
3. El plan de reapertura debe tomar en cuenta el riesgo de propagación, así como las características socioeconómicas de los municipios y entidades. Ante la posibilidad de una reapertura apresurada de las actividades a nivel local es necesario incluir como un parámetro una medición del riesgo de propagación de la enfermedad que refleje las características y debilidades estructurales de los municipios y zonas metropolitanas. Al incluir esta información en la metodología de semáforos presentada por el Gobierno Federal será posible tomar mejores decisiones sobre la implementación de medidas sanitarias y de recuperación económica hechas a la medida para cada región o tipo de localidad y municipio.

Índice de Riesgo de Propagación de COVID-19

Independientemente de qué tan oportuno sea definir fechas y modalidades de reapertura de actividades en esta etapa de la epidemia, lo cierto es que esa estrategia debe contar con una metodología para identificar el nivel de riesgo de afectación por COVID-19 a nivel local. En este sentido, la academia y organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de generar  plataformas de seguimiento, mapas estatales de vulnerabilidad de las personas y sistemas de salud, así como índices de vulnerabilidad económica con el objetivo de orientar la política pública y ofrecer información relevante a los ciudadanos y empresarios que necesitan regresar a sus actividades normales.

Al diseñar e implementar una estrategia de reapertura no es suficiente con conocer el estado y capacidad de respuesta de los sistemas de salud que operan a nivel local o de identificar los riesgos para las personas y la economía. Una dimensión fundamental para comprender y gestionar el proceso de reapertura más allá del número de casos confirmados es la del riesgo de propagación. Medir ese riesgo ayudará a identificar ciudades y municipios que por sus características sociodemográficas y estructurales necesiten más cautela para regresar a la normalidad o que tienen alta probabilidad de presentar un rebote y expansión de casos tras el relajamiento de medidas sanitarias.

El caso de Chile ilustra bien el riesgo de registrar un repunte en casos de coronavirus tras la implementación de medidas más laxas de confinamiento. Las autoridades chilenas comenzaron a inicios de mayo una estrategia de cuarentenas selectivas y de retorno seguro a la normalidad al registrar una estabilización de los nuevos casos diarios registrados. Sin embargo, el 13 de mayo se tuvo que volver a instaurar una cuarentena obligatoria en todo Santiago tras un aumento significativo de los nuevos casos de COVID-19. 

En nuestro país, la distribución de casos de coronavirus parece indicar que la intensidad de propagación no se presenta uniformemente en el territorio. Adicionalmente, la manera en que se transmite el virus hace más vulnerables a las zonas de alta marginación, con viviendas precarias y alto hacinamiento, sin servicios sanitarios y de salud, en donde jóvenes que son probables portadores conviven con personas mayores.

Con base en estas características del comportamiento del virus se diseñó el Índice de Riesgo de Propagación de COVID-19 para los municipios de México. El índice se calcula, entre otras cosas, a partir del tamaño y densidad de la población de las localidades, su perfil demográfico por grupo de edad, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud, el número de viviendas con un solo cuarto, el promedio de habitantes por vivienda y el número de viviendas que no tienen agua.

Con datos al 13 de mayo, aproximadamente el 53% de los casos confirmados en México se han ubicado en municipios clasificados por este índice como de muy alto riesgo y el 29% en municipios de alto riesgo. El pasado 1 de mayo, la suma de casos en los municipios de alto y muy alto riesgo de propagación representaban el 74% del total, mientras que dos semanas después ya representan el 81%.

El riesgo de propagación y la prevalencia de COVID-19 en las ciudades

Al contrastar los resultados del Índice de Riesgo de Propagación con los casos confirmados podemos encontrar patrones y tendencias para las ciudades y zonas metropolitanas de México. Es posible que la distribución de casos confirmados esté relacionada con el tamaño de las ciudades, con la ubicación de los centros de monitoreo de la enfermedad (centinelas) y con la implementación de medidas de distanciamiento social. Para tomar mejores decisiones sobre el momento y la manera de reabrir las actividades sociales y económicas de las ciudades es posible también analizar la prevalencia de COVID-19 en sus poblaciones y el nivel de riesgo de propagación.

No todas las zonas metropolitanas se comportan igual. El Valle de México, es decir, las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios conurbados, es la zona metropolitana con mayor riesgo de propagación del país y los datos indican que en esa zona se han confirmado cerca de 800 casos por cada millón de habitantes. Esa ciudad, junto con Puebla y Tijuana, se encuentran dentro del grupo de urbes con muy alto riesgo de propagación y han registrado una alta prevalencia de COVID-19 en su población. Este resultado es esperado dado el tamaño, densidad y estructura poblacional de esas metrópolis.

Por otro lado, ciudades como Guadalajara o Monterrey, que conforme al índice tienen niveles muy altos de riesgo de propagación, han tenido menos casos confirmados por millón de habitantes que el promedio de las 78 ciudades más grandes de México. Esto es una buena noticia ya que, a pesar de su riesgo, es probable que las medidas de distanciamiento social y de apoyo a trabajadores y pequeños negocios estén resolviendo dos problemas. Primero, las medidas estrictas de contingencia pueden estar conteniendo la propagación a pesar de la densidad poblacional. Segundo, las medidas de apoyo económico reducen el incentivo de salir a la calle de los trabajadores de menores ingresos que no pueden trabajar desde casa y que no están protegidos por laborar en la informalidad.

Otras ciudades como Villahermosa experimentan una dinámica distinta. Con un nivel de riesgo mucho menor que el del Valle de México, Guadalajara, Monterrey o Tijuana, esta zona metropolitana ha registrado casi mil 600 casos de COVID-19 por cada millón de habitantes. Las medidas preventivas de contagio no han logrado detener la propagación del virus. Otras urbes que se encuentran en una situación similar son Cancún, Mexicali y Culiacán.

Los municipios de la esperanza también están en riesgo

El tema de la reapertura de actividades debe tomarse con cautela. El plan de reapertura del Gobierno federal indicaba originalmente que 269 municipios que no tenían casos y no son vecinos de municipios con casos de COVID-19 serían los primeros en regresar a la normalidad, con una relajación de cercos sanitarios y medidas de distanciamiento social. Esa lista de municipios ha sido modificada y aumentó a 324. 

La presencia o ausencia de casos en esas localidades o sus vecinos no es suficiente para determinar el grado de apertura a nivel local. En seis de las 15 entidades donde se encuentran estos municipios, más del 60% de la población tiene altas probabilidades de resultar contagiada. 

La lista inicial de 269 municipios fue seleccionada con base en el monitoreo de casos que se hace de manera muestral y la ausencia de casos en estas localidades puede deberse mucho más a la baja densidad poblacional o la ausencia de instituciones de salud capacitadas para registrarlos, que a la realidad de contagio. 

Además, no todos los 269 municipios de la lista inicial tienen el mismo riesgo de propagación. El 50% de la población que habita en esos municipios se encuentra en zonas de alto o muy alto riesgo de propagación. En Guerrero, por ejemplo, este porcentaje abarca al 89% de la población de esos municipios e involucra a más de 189 mil personas.

IMCO propone

El Índice de Riesgo de Propagación de COVID-19 ofrece a las autoridades y a directivos de empresas un enfoque distinto sobre la manera y momento en que se debe realizar la reapertura de las actividades, así como preparar los protocolos de apertura de actividades productivas. 

Debido a los vacíos de información y el bajo número de pruebas para monitorear casos de COVID-19 a nivel local, el número de casos confirmados no debe ser la única métrica para definir que un municipio o entidad está lista para regresar a la normalidad. En el proceso de implementación de un plan de reapertura se deben identificar las zonas que pueden verse más afectadas por esta enfermedad, con el objetivo de anticiparse a rebrotes. Por estas razones, el IMCO propone:

1. Evaluar la posibilidad de reapertura a nivel local y nacional con base en indicadores de riesgo de propagación, vulnerabilidad de la población, estructura económica y la extensión y profundidad de casos confirmados. El riesgo de contagio, la prevalencia de casos de COVID-19 y el riesgo de propagación en las poblaciones más vulnerables debe marcar la pauta para la apertura de actividades. También es importante que haya flexibilidad en los tiempos y formas en las que se pretende regresar a la normalidad de las actividades, ya que es posible que no contemos con toda la información necesaria para declarar a municipios o zonas metropolitanas como seguras por ahora.
2. El Gobierno federal debe financiar e implementar una campaña de pruebas masivas y de rastreo sistemático para evitar rebrotes. Esto incluye no solo identificar personas con síntomas graves, sino asintomáticos y personas con las que han tenido contacto. Con estos datos es necesario incluir en la metodología de semáforos locales la tendencia a la baja de casos confirmados y no únicamente el nivel de contagio.
3. Eliminar obstáculos regulatorios para gestionar procesos ágiles de importación de pruebas e insumos básicos para su manufactura, así como permitir su aplicación en instituciones públicas y privadas del país.
4. Generar y financiar planes de apoyo económico específicamente para los municipios más vulnerables que les permitan resistir la contingencia y recuperarse posteriormente. Las familias y pequeños negocios de los municipios y estados con semáforos en rojo necesitarán apoyo económico para poder seguir las indicaciones de distanciamiento social. A nivel local se han identificado los siguientes tipos de medidas a implementar:
   1. Apoyos directos y crédito para pequeñas y medianas empresas, especialmente transferencias directas para cubrir el costo de nómina.
   2. Incentivos fiscales, condonación y aplazamiento de impuestos para pymes.
   3. Transferencias para personas que caigan en desempleo.
   4. Apoyo y transferencias directas a familias, ya sea en especie o a través de la ampliación de programas sociales.
5. Debe existir total transparencia en la metodología de semáforo anunciado por el Gobierno federal con el fin de que expertos, centros de investigación, académicos y organizaciones de la sociedad civil tengan información que permita generar mejores propuestas de política pública para el proceso de reapertura, así como mejorar el proceso de comunicación de la estrategia con los ciudadanos.

(1)  Luis Mauricio Torres es coordinador de proyectos del IMCO; Carlos Hernández es CEO de Trace / Consultores y de MEXICO BIGDATA™.