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Municipio libre y opaco

El municipio es una institución diseñada para el fracaso. Con un horizonte temporal de tres años de mandato es imposible forjar las bases mínimas de un buen gobierno. Sin posibilidad de reelección, ni servicio civil de carrera para los empleados públicos, la gran mayoría de los ayuntamientos se reinventa desde cero cada trienio. La responsabilidad de recaudar el predial, administrar el manejo de agua y garantizar la seguridad pública recae con frecuencia en novatos sin experiencia alguna en estos temas.

Un estudio de Nicolás Levy señala que, en promedio, los directores de los organismos operadores de agua municipal permanecen en el cargo por 18 meses. ¿Cuánto durará en su puesto un jefe de policía municipal? Otra parte del problema es que existen muy pocas fuentes de información sobre lo que sucede en este nivel de gobierno. En el año 2002, la Sedesol y el INEGI publicaron la Encuesta Nacional a Presidentes Municipales. Este documento es una mina de oro para cualquier persona que quiera hacer investigación sobre los ayuntamientos. Sin embargo, la encuesta no tuvo ningún tipo de seguimiento en los años subsiguientes. Ahora, el INEGI acaba de publicar la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal, la cual permite brindarle continuidad al ejercicio difundido hace ocho años.

Gracias a estos dos estudios hoy sabemos que entre 2002 y 2008, el número de empleados de las administraciones públicas municipales creció en 13%, al pasar de 548 mil a 623 mil trabajadores. Sin embargo, en este periodo de seis años el gasto en nómina creció en cerca de 45%. Los costos laborales aumentaron a un ritmo tres veces superior a la contratación de nuevos trabajadores.

Entre 2007 y 2008, el total de los gastos municipales creció en más de 52 mil millones de pesos. Esta diferencia de dinero, de un año a otro, es 1.3 veces más grande que los ahorros programados por la SHCP en el Programa Nacional de Reducción del Gasto. Este modesto plan de austeridad del gobierno federal tiene programado reducir 40 mil millones de pesos en los tres ciclos fiscales que median entre 2010 y 2012. El incremento de los costos de la nómina municipal equivale a más de dos veces el plan de austeridad federal para el año en curso.

Estos aumentos a los presupuestos de los ayuntamientos no han venido acompañados de mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas. La acumulación de anécdotas sobre corrupción a nivel municipal sería suficiente para publicar un libro o tal vez una enciclopedia. Van dos historias de las que me enteré en semanas recientes: en Morelos, un presidente municipal compró un camión de basura pero puso la factura a su nombre. Al terminar su mandato se llevó el vehículo y ofreció revenderlo al gobierno entrante. En Yucatán, la toma de protesta de un ayuntamiento ocurrió a la luz de las velas. No es que los síndicos y regidores quisieran crear un ambiente romántico, el problema fue que el presidente municipal anterior no les dejó dinero en la caja, ni siquiera para pagar la luz.

Ahora que se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación y las transferencias para estados y municipios ¿qué pueden hacer los diputados para fomentar la austeridad y eficiencia del gasto en los ayuntamientos? Nada. Absolutamente nada. Si los 500 diputados se paran de pestañas, la lana seguirá fluyendo en caudales hacia nuestros gobiernos municipales. No hay manera de premiar a los ayuntamientos honestos y castigar a los transas u opacos. La avenida Municipio Libre no se ganó su nombre por pura casualidad. Para salvar a los municipios del fracaso y del despilfarro, hay que cambiar la Constitución federal y varias leyes secundarias, o modificar las 31 constituciones estatales. Ésa es la parte fácil, lo canijo es encontrar el liderazgo y la voluntad política para lograrlo. Mientras eso sucede, los mexicanos tendremos municipios libres y opacos.