Según la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, el acceso a los servicios para hacer valer este derecho está lejos de ser una realidad para millones de personas que hoy viven en zonas alejadas, enfrentan largos tiempos de espera o acuden a centros de salud que no cuentan con los tratamientos que requieren para curarse.
La semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el primer informe de la Evaluación Estratégica de Salud, en el que analizó las capacidades del sector público para garantizar el acceso a servicios para la población sin seguridad social. Los resultados de este análisis –completo y basado en evidencia– no sorprenden a nadie, pero le dan un carácter oficial al llamado que han hecho muchas organizaciones para señalar desafíos desatendidos que ponen en riesgo la vida y la salud de millones de personas.
El reporte reconoce que, a pesar de las reformas más recientes a la Ley General de Salud, 15.6 millones de mexicanos perdieron el acceso a instituciones de salud en 2020. Además, en ese mismo año, 3.9% de los hogares destinaron cerca de una tercera parte de su ingreso disponible para gastos en salud, cifra 1.8 puntos porcentuales mayor que en 2018.
Sería fácil culpar a la pandemia por estos malos resultados en materia sanitaria. Sin embargo, Coneval destaca fallas institucionales que también han influido. Entre ellas, menciona el diseño de programas que generan incertidumbre respecto al acceso a determinados servicios, falta de coordinación en la operación del sistema de salud y falta de transparencia en la asignación de recursos.
En particular me llamó la atención que el reporte menciona la incertidumbre que ha generado la coordinación entre el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y las entidades federativas. Se firmaron varios tipos de convenios que van desde transferir la totalidad de los servicios de salud (primer, segundo y tercer nivel de atención), como en San Luis Potosí y Oaxaca, hasta no afiliarse al sistema como lo hizo Aguascalientes o Nuevo León. Por lo que dar seguimiento a los recursos y hacer ejercicios de rendición de cuentas es todo un desafío.
Esta situación, podría complicarse ante la creación del nuevo organismo público descentralizado, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), que sustituirá al INSABI en la prestación de servicios para personas sin seguridad social, la cual nació sin una partida presupuestaria específica, al menos para 2023. ¿Cómo funcionará? ¿Qué tanto presupuesto realmente recibirá? ¿Será suficiente para el reto que tiene en sus manos?
Hay que reconocer que el acceso universal a los servicios de salud que plantea esta Administración es algo necesario y urgente para cerrar brechas de desigualdad. Sin embargo, este objetivo solo se cumplirá con una coordinación eficiente entre actores, presupuesto suficiente y mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Mientras eso sucede, se está poniendo en juego la vida de millones de mexicanas y mexicanos.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en Expansión.
10-10-2022
