Otro plan para contener la inflación en los alimentos
En septiembre de 2022 se registró el mayor nivel de inflación en los últimos 21 años, con un incremento en los precios de 8.70% respecto a septiembre de 2021. La inflación no subyacente (la de los precios más volátiles como los de productos agropecuarios y energéticos) fue de 9.96%, y reflejó niveles similares al mismo periodo del año pasado (9.37%), mientras que la subyacente (precios menos volátiles como mercancías y servicios) sigue en aumento, y reporta una variación anual de 8.28%.
En ese contexto de presiones inflacionarias, el pasado 5 de octubre se presentó el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) como el sucesor del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) presentado en mayo, ambos con la intención de contener la inflación. El aumento de precios lleva 19 meses fuera de los rangos establecidos por el Banco de México (de 3% +/-1%) y, por tercer mes consecutivo, ha mantenido niveles por encima del 8%.
La elevada inflación en los bienes de la canasta básica -y en los precios de los alimentos en general- ha resultado en que el proceso inflacionario actual esté afectando en mayor medida el poder adquisitivo de quienes menos tienen (es decir, que tiene un efecto regresivo), fenómeno que ha evidenciado el análisis periódico del IMCO desde mayo. Esto se debe a que el 10% de los hogares con menores recursos en el país destinan una mayor proporción de su gasto a la adquisición de alimentos, que son precisamente los bienes con las mayores presiones inflacionarias. En contraste, el 10% de los hogares con los mayores ingresos destinan más recursos a servicios como la educación y mantenimiento de vehículos, los cuales han registrado menores tasas inflacionarias.
La meta principal del APECIC es mitigar la inflación de los 24 bienes pertenecientes a la canasta básica, que pesan más en la canasta de consumo de hogares de bajos recursos y han presentado incrementos significativos en sus precios. En septiembre de 2022, 19 de esos 24 bienes tuvieron una inflación anual superior al 10% y únicamente el frijol, la manzana y el jitomate reflejaron precios menores a los observados en el mismo mes del año pasado.
Al interior de la canasta básica, los productos con mayor peso tuvieron incrementos de precios por encima del 10%. Tal fue el caso en los precios de la tortilla de maíz, el bistec de res, el pollo y la leche, que en conjunto representan más de la mitad del gasto promedio en la canasta básica. Hay productos en los que continúa la tendencia creciente de precios, como la cebolla, que actualmente es 76% más cara que hace un año: en septiembre de 2022 el kilo de cebolla costó 43 pesos, mientras que en el mismo mes del 2021 costaba 24.4 pesos.
Los bienes cuyos precios son menores a los observados hace un año y no han registrado incrementos anuales desde hace dos meses solamente representan 5.9% del gasto de los hogares, y su estabilidad no contrarresta el incremento del resto de los bienes de la canasta.
El APECIC se concentra en esos 24 productos, que están dentro del grupo de bienes más afectados por el proceso inflacionario comenzado a finales del año pasado, los bienes alimentarios y agropecuarios. El incremento generalizado de precios ha estado impulsado en gran medida por el encarecimiento de los alimentarios, cuyas tasas de inflación anuales han superado el 11% desde noviembre de 2021 y, durante el último año, su incremento en el nivel de precios fue de 15.2%, el nivel más alto desde que se tiene registro (2002).
Más de la mitad del gasto que realizan los hogares del primer decil de ingresos (los de menores recursos) se destina a la compra de alimentos, mientras que los hogares del quinto decil (ingreso medio) ocupan 4 de cada 10 pesos de su gasto en este tipo de bienes y los del último decil (los de mayores recursos) destinan sólo 28% de su gasto a ese rubro.
A raíz de esta diferencia en la composición de las canastas de consumo de los hogares según su nivel de ingreso, la inflación ha sido más elevada para aquellos que menos tienen. Para los hogares de altos recursos, que perciben más de $50 mil pesos al mes, la inflación promedio de la canasta de consumo fue de 8.63% entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022. Por otro lado, los hogares de ingresos más bajos (decil 1), que cuentan con alrededor de $3 mil pesos al mes, enfrentaron un incremento de 11.16% en el gasto necesario para adquirir la canasta de consumo. Este nivel de encarecimiento es 2.5 puntos porcentuales mayor que el que enfrentaron los hogares con más altos ingresos.
La inflación persistente, en particular una que afecta más a la población con menores recursos, no solo amplía las brechas existentes en el país y tiene el potencial de aumentar la desigualdad, sino que aumenta el riesgo de que más personas incurran en pobreza y acentúa las carencias derivadas de una baja posibilidad de cubrir sus gastos alimenticios básicos. Ante esos riesgos, se vuelve apremiante la implementación de medidas que busquen mitigar el impacto sobre el poder adquisitivo de la población.
El establecimiento de controles de precios de productos específicos y las medidas para facilitar su importación -estrategias incluidas en el APECIC y el PACIC- tienen un efecto limitado en ese sentido y, en el caso de la exención de los permisos sanitarios, implican el riesgo de generar problemas de salud en la población. Si bien medidas como los subsidios a las gasolinas han sido más efectivos para contener la escalada de precios energéticos, implican un alto costo para las finanzas públicas, por lo cual son muy difíciles de implementar por tiempo indefinido sin que representen un riesgo para la hacienda pública.
Más allá de medidas concentradas en el corto plazo, el IMCO considera que un plan encaminado a la mitigación de la inflación debe contemplar, por una parte, apoyos monetarios que estén focalizados a poblaciones vulnerables. Cualquier esfuerzo para asegurar la disponibilidad de productos a mejores precios debe también incluir políticas para el fortalecimiento de la competencia económica, que aseguren igualdad de condiciones y un terreno de juego justo para las empresas del país. Y para lograr una mayor producción y oferta de bienes (alimenticios y no alimenticios), así como la apertura de nuevos negocios y la modernización de los sectores productivos, será fundamental atender primero los temas que inhiben la competitividad del país.