Hace 10 días los medios y las redes sociales reportaron que una importante cantidad de marcas de queso sería retirada del mercado. En ellas, había empresas grandes y pequeñas, muchas de ellas con una gran tradición de marca y un prestigio importante en el mercado de consumo.
El viernes platicamos con algunas empresas del sector. Ninguno de ellos quiere que se revele su identidad. Esa noche, algunas camionetas de reparto, de una empresa quesera mediana, tuvieron que regresarse llenas desde la Central de Abastos de la CDMX. “Tu marca está emproblemada”, fue la explicación que recibieron de los comerciantes mayoristas de la Central.
La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, encabezada por el Lic. Alfonso Guatí Rojo Sánchez, y la Profeco que lleva el Dr. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, declararon la inmovilización de algunos quesos, con base en un procedimiento que según las empresas, había sido resuelto ya hace seis meses mediante el pago de multas y el compromiso de las empresas para revisar procesos industriales e ingredientes. La acción de la autoridad obedeció a que estos productos presuntamente no cumplían con las normas oficiales mexicanas.
Hay varias normas oficiales en materia de quesos, algunas de ellas expedidas por la autoridad sanitaria, otras por la Secretaría de Agricultura. Lo cierto es que la inmovilización de producto se justifica cuando hay riesgos a la salud de los consumidores. A decir de las empresas consultadas, la autoridad les juzgó, condenó y ejecutó sin siquiera una advertencia.
La acción de la autoridad tiene consecuencias en términos de reputación y valor de marca para las empresas implicadas. El mercado interno ofrece aproximadamente 600 mil toneladas del producto por año. A 100 pesos kilo en promedio, el valor de ese mercado es de aproximadamente 60 mil millones de pesos anuales. Los productos sujetos a la acción de la autoridad (que no son todos los quesos; son 19 ítems dentro de la cartera total de las empresas afectadas) valen aproximadamente 20 millones de pesos; es decir, equivalen al 0.03% del valor del mercado. La CANILEC emitió un posicionamiento en donde expresa que los 19 ítems sancionados no son representativos del mercado de quesos. Ante la falta de posicionamientos claros de la autoridad en la materia, muchos consumidores nos fuimos con la finta que prácticamente se estaban retirando todos los quesos del mercado.
Las empresas afectadas están en una especie de limbo administrativo. “No tenemos derecho al debido proceso”, comentó uno de los productores consultados. El procurador Sheffield les había asegurado que para el domingo pasado, la inmovilización de mercancías estaría resuelta. Esta columna se escribe el martes 20 de octubre por la mañana, y apenas hoy había noticias en diversos medios que 12 de los artículos castigados se restablecen en el mercado.
Las empresas afectadas dicen que la autoridad les pide comprobar que ya están cumpliendo con la norma. Esto es tanto como si en un proceso judicial, le pidiéramos a la persona señalada por un delito que demostrara su inocencia. La carga de la prueba debería caer en la autoridad, quien tendría que demostrar que un producto está fuera de norma, y establecer las sanciones correspondientes.
La norma oficial está en discusión, y la autoridad no ha terminado de tomar una medida simple: ciertas categorías deberían etiquetarse claramente como “imitación queso”. Los métodos industriales pueden ser muy distintos a los procesos tradicionales de fabricación. Es posible que se sustituya la grasa natural de la leche por grasa vegetal. Los alimentos procesados son versiones modernas de los alimentos originales, lo cual acarrea más ventajas que desventajas, especialmente en inocuidad. ¿Cuándo se ha visto un caso de brucelosis por un queso comprado en el supermercado?
La acción de la autoridad se justifica si hay riesgos para el consumidor. No hay reportes sanitarios, no hay quejas de consumidores en contra de las marcas afectadas. La autoridad actuó simplemente como un despliegue de poder. Una muestra más de autoritarismo antiempresarial.
A decir de los consultados, el Procurador Sheffield se ha mostrado receptivo a los argumentos de las empresas. Ojalá de esto saliera un mejor procedimiento administrativo en esta materia, y menos ambigüedad respecto al margen de actuación de las autoridades en materia de normas. Tanto Sheffield como Guatí Rojo son excelentes abogados, y seguramente tendrán mucho que explicar a la opinión pública en la materia, especialmente a quienes no fuimos educados en la ciencia jurídica.
Publicado por El Financiero
21-10-2020
