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En México, solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas también como STEM por sus siglas en inglés, son mujeres. Esta brecha empieza en la infancia y crece hasta que participan en el mercado laboral.

Actualmente se discute en el congreso una iniciativa de reforma energética que pretende, entre otras cosas, recuperar la participación de mercado del 54% en la generación de la energía demandada en el país (participación de mercado que tuvo la CFE en 2018). Al cierre de 2020 la CFE generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada en México. Aunque la CFE tiene capacidad instalada de generación para producir un mayor porcentaje de energía, esta capacidad no es utilizada; esto se debe a que sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos.

El 13 de diciembre de 2021 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una solicitud para que se exente de análisis de impacto regulatorio al acuerdo que modifica el concepto de necesidades propias de energía eléctrica en abasto aislado.

El Reporte de Contabilidad Gubernamental permite monitorear y comparar el gasto de las 32 entidades federativas mediante la adopción de un “lenguaje único” en la información financiera.

La corrupción es un fenómeno que no respeta fronteras. Desde 1999, México ha adquirido compromisos internacionales enfocados en investigar y sancionar el cohecho internacional. Sin embargo, no ha impuesto una sola sanción por este delito. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) peor calificados en el combate al cohecho internacional.
El cohecho internacional ocurre cuando una persona o empresa soborna a un funcionario público de otro país para conseguir una ventaja ilícita al momento de realizar negocios en el extranjero. Este tipo de soborno puede ocurrir en:

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) está convencido de que el salario mínimo es una política regulatoria que puede mejorar la eficiencia en el mercado de trabajo, además de que tradicionalmente es considerado como un asunto de justicia social.