El crecimiento económico no se da de milagro, ni por casualidad. No hay una receta única para la generación de riqueza, pero sí hay ingredientes fundamentales para cocinar el platillo de la prosperidad. La inversión es al crecimiento lo que el chocolate al mole negro. Los individuos, las empresas y los países pueden hacer buenas o malas decisiones de inversión.
A nivel de una economía nacional, hay países que son más eficientes en extraer réditos de su inversión. India ha logrado tasas de crecimiento de 8% invirtiendo una cuarta parte de su PIB. En contraste China ha invertido casi la mitad de su PIB, para alcanzar apenas un par de puntos por encima de la India. En 2010, México invirtió 20% de su PIB para alcanzar un 5% de crecimiento. Si tomamos el año pasado como referencia, nuestro país requiere invertir alrededor de 4% del PIB para crecer 1 punto porcentual. Para lograr ese mismo avance en el crecimiento, China requiere invertir 5% de su PIB. Esto demuestra que podemos ser más eficientes que los chinos a la hora de extraer réditos del capital.
Bajo esta premisa, si México invirtiera más, nuestra economía crecería más rápido. Sin embargo, en nuestro país persisten impedimentos legales al ímpetu por generar riqueza. La Ley de Inversión Extranjera limita, en su artículo 7, hasta el 25% de capital foráneo en el sector del transporte aéreo. Los sucesivos fracasos para echar a volar de nuevo a la línea aérea Mexicana no se pueden explicar sin esta barrera a recursos de origen foráneo. En esa misma ley se pone un tope de 49% a los dineros externos que busquen desarrollar el menguante negocio de la telefonía fija. La proverbial falta de competencia en ese sector es consecuencia del cumplimiento irrestricto a esta legislación. En México ni los diputados que redactan las leyes son capaces de respetarlas. Sin embargo, las normas que prohíben la inversión se acatan cabalmente.
Desde su propia Constitución, México construye muros al afán por atraer y retener inversiones. En el primer renglón del artículo 28, la Carta Magna establece: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios”. Hasta ahí todo suena muy bien, pero tres párrafos más abajo, la marrana tuerce el rabo: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: petróleo… petroquímica… y generación de electricidad…”.
De acuerdo con el texto de la Carta Magna, los monopolios estatales no existen en nuestro país. Pemex y CFE son un espejismo constitucional. Un monopolio no es sólo un mecanismo para ordeñar consumidores o contribuyentes, sino un obstáculo formidable para potenciales oportunidades de negocios. En el ámbito petrolero, esta secuencia de impedimentos al desarrollo está coronada por un doble absurdo: la ley prohíbe al capital privado invertir en el área de hidrocarburos, pero las reglas presupuestales también ponen un techo de 2% del PIB a los recursos disponibles que tiene Pemex para desarrollar nuevas áreas de la industria. Ni dinero privado, ni dinero público para invertir en uno de los sectores con mayor potencial estratégico y de generación de riqueza. ¿Qué hubiera sido de Petrobras, la empresa petroquímica que ha impulsado el despegue económico de Brasil, si hubiera tenido estas limitaciones financieras en la exploración y explotación de yacimientos de aguas profundas?
Otro botón de muestra. En la Cámara de Diputados lleva un año empantanada la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP). Esta ley le daría mayor certidumbre y transparencia de riesgos a los proyectos que buscan desarrollar infraestructura. Ya se organizaron foros, conferencias, análisis de expertos y en San Lázaro simplemente no dan color. Un país que prohíbe la inversión, ilegaliza la prosperidad.
Se cierra la Plaza Pública. No siempre estuve de acuerdo con los textos de don Miguel Ángel Granados Chapa, pero cada vez que lo leía aprendí algo nuevo. Mis horas de lectura extrañarán el aprendizaje que me dieron sus palabras.
