El pasado lunes 18 de julio se promulgaron las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El SNA busca servir como instrumento para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción, ya que las instituciones existentes dejarán de actuar de manera individual y coordinarán esfuerzos para tomar decisiones a manera de sistema y poder establecer una Política Nacional de Combate a la Corrupción.
Juan E. Pardinas, Director General del IMCO, habla sobre la aprobación de estas siete leyes y el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción.
"Estas leyes son una especie de plano arquitectónico sobre el que se tienen que construir el edificio de las instituciones", asegura Juan Pardinas, razón por la cual los ciudadanos debemos vigilar que las leyes se apliquen para así respetar el espíritu y vocación de transformar al sistema político mexicano y poder contar con un mejor marco jurídico para enfrentar la corrupción que nos aqueja. "Estas leyes representan un primer mapa institucional que deberá de ser implementado en los próximos años", afirma.
Para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, el sistema contará con una Fiscalía Anticorrupción, además de fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular deberá ser ratificado por el Senado de la República.
El Sistema Nacional Anticorrupción será presidido por un Comité de Participación Ciudadana (integrado por cinco ciudadanos elegidos por organizaciones de la sociedad civil y la academia). Este Comité de Participación Ciudadana será designado por una Comisión de Selección (integrada por nueve personas: cinco propuestos por la academia y cuatro por OSC). El Senado tiene 90 días para designar a los integrantes de la Comisión de Selección.
En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3), respaldada por 634 mil mexicanos, establece las obligaciones que todos los servidores públicos deberán de cumplir, los tipos de corrupción, así como los procedimientos para su detección, investigación y sanción.
Sus elementos principales son:
- Establece directrices y obligaciones claras del servicio público.
- Tipifica actos de corrupción claros y nominados.
- Incorpora a candidatos, líderes sindicales y equipos de transición como sujetos obligados de la ley.
- Obliga a todos los servidores públicos a presentar la declaración patrimonial, fiscal y de intereses y la creación de versiones públicas de las mismas.
- Contempla sanciones severas para servidores públicos y una lista negra de servidores públicos sancionados.
- Incluye sanciones para personas físicas y morales que participen en actos de corrupción.
- Crea una plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes vigilados.
- Mandata protección para denunciantes y testigos.
¿Qué sigue para su implementación?
- La ley entrará en vigor hasta dentro de un año, en lo que se conforman las instituciones necesarias para su aplicación. Mientras tanto se seguirá aplicando la legislación vigente en materia de responsabilidades.
- Los 32 estados tienen un año para homologar sus leyes de responsabilidades.
Escucha a Juan E. Pardinas, Director General del IMCO, hablar sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción:
Aprobar una ley no significa cambiar la realidad: @JEPardinas explica qué sigue en implementación del #SNA #Ley3de3 https://t.co/uPMj0i1UAa
— IMCO (@imcomx) August 4, 2016
