• Nuestra solidaridad con sus familias.
• Exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno emprender una profunda reforma policial y castigo a los asesinos.

En fechas recientes, han sido públicas las imágenes de agresiones contra policías y miembros de las Fuerzas Armadas. La demanda nacional para colocar la defensa de los derechos humanos como altísima prioridad de gobiernos y sociedad debe convertirse también en la defensa de quienes integran nuestras fuerzas de seguridad. En el contexto de violencia generalizada que vive el país, se ha incrementado de manera alarmante el asesinato de policías, hombres y mujeres que velan por nuestra seguridad en condiciones precarias y sin el reconocimiento social que la enorme mayoría de ellos y ellas merecen.

De acuerdo a un simple recuento hemerográfico, en lo que va del año han muerto 161 policías adscritos a corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Más aún, el ritmo de fallecimientos va en aumento. Sólo en la primera mitad de junio fueron asesinados 29 policías, que representan la quinta parte del total acumulado en el año. Por el número de homicidios, destacan Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Veracruz y el estado de México, entidades que representan el 60% de los casos. También muy grave es la situación que impera en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Chihuahua y Puebla, estado en el que mataron a siete policías en dos días.

Como en la mayoría de los homicidios dolosos que se cometen en nuestro país, sus muertes se convierten en estadística, sin que existan consecuencias. Cada asesinato en nuestro país representa una tragedia, pero resulta particularmente ominoso que las autoridades permanezcan inmóviles frente al asesinato de aquellos que tienen encomendada la seguridad de la ciudadanía. Exigimos por tanto que los gobiernos federal y locales se coloquen a la altura de su mandato y empleen todas sus capacidades para dignificar la función policial, para mejorar sueldos y prestaciones, para brindar la capacitación mínima indispensable a todos y todas las policías, y para asegurar que cuenten con las condiciones materiales y de equipamiento que les permitan realizar sus funciones. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que en el país se ponga en marcha un verdadero programa nacional de desarrollo policial?

En cuanto a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas asesinados, expresamos nuestra solidaridad con sus familias y exigimos a las autoridades que, al igual que con cualquier homicidio, cada caso sea investigado exhaustivamente y los responsables detenidos para que enfrenten las consecuencias de sus actos.