Ayer se publicó en la gaceta del Senado de la República la iniciativa del Senador Ricardo Monreal para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana. La iniciativa pretende eliminar a la actual Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En su lugar, se propone crear al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob). De acuerdo con sus promotores, esta reforma supondría un ahorro de recursos que podrán ser utilizados para atender la contingencia derivada de la COVID-19.

¿La propuesta de eliminar la Cofece, el IFT y la CRE beneficia a México y a sus ciudadanos? No existe evidencia que justifique que la eliminación de los órganos autónomos, por un argumento de austeridad, beneficie a México. La iniciativa propone modificaciones a la legislación, lo que pone en riesgo la autonomía y especialización de los órganos reguladores de competencia y socava la certidumbre jurídica necesaria para la atracción y retención de inversiones. Estas son algunas de las razones:

- La concentración de funciones en un nuevo órgano no tendrá un impacto verdadero en el presupuesto. Es necesario ponderar no solo los costos presupuestarios de las tareas de los órganos reguladores, sino el beneficio para los consumidores derivados de sus actividades especializadas. En conjunto, el presupuesto destinado para 2020 a la Cofece, IFT y CRE es de 2 mil 375 millones de pesos. Lo cual representa apenas el 0.04% del presupuesto federal en 2020. Por otra parte, es incierto el monto y plazo en el que podrían materializarse los ahorros derivados de esta reforma administrativa. 

- Los objetivos del Inmecob plasmados en la iniciativa son ambiguos y abren espacio a la discrecionalidad que permitiría a dicho organismo velar por objetivos distintos a los de la libre competencia. La ley debe ser clara respecto al objetivo último de esta nueva institución: garantizar la libre competencia y concurrencia para ofrecer mejores condiciones, precios y diversidad de productos a los consumidores.

- La fusión de estas tres entidades reguladoras implica la pérdida de capacidades y experiencia especializada en cada uno de los sectores que supervisan. El trabajo de identificar, evaluar y corregir las malas prácticas de privados en detrimento de la competencia y los consumidores es complejo. Es por esta razón que la legislación actual apuesta por regular mercados con equipos especializados contenidos en autoridades separadas, como en muchos otros países.

- El proceso propuesto para la designación de los consejeros del Inmecob plantea mecanismos que vulneran la independencia que tiene hoy la Cofece y otros reguladores. Se elimina la actuación del Comité de Evaluación integrado por entes autónomos como el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como la opinión de instituciones educativas. De esa manera, el proceso de convocatoria y postulación de candidatos quedará en manos únicamente del Senado de la República y el Ejecutivo federal. 

- No se especifica que esta convocatoria para designación de consejeros sea pública, transparente y con apego al principio de máxima concurrencia. Tampoco garantiza que los candidatos demuestren conocimientos técnicos para hacer frente a los retos de regulación de los mercados en favor de los consumidores y en contra de prácticas monopólicas

- La eliminación de la Cofece, el IFT y la CRE en los términos propuestos genera problemas administrativos. No se establece de qué forma se coordinarán los distintos sectores, existen riesgos de captura y pérdida de capital humano de calidad, patronazgo en lugar de meritocracia y otra serie de problemas relacionados con la legislación secundaria. 

Si pasara, esta iniciativa pondría en riesgo:

- Los intereses de los ciudadanos y consumidores frente a prácticas abusivas y falta de competencia. El trabajo de los reguladores tiene un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos. Esto se ve reflejado en las acciones que buscan que servicios como internet, luz, gasolina, bienes de consumo, entre otros, sean de calidad y a precios competitivos.

- Certidumbre jurídica y regulatoria necesaria para atraer y retener inversiones, así como promover la competencia y la libre concurrencia en todos los sectores.

- La independencia de los reguladores que reduce los espacios de discrecionalidad, disminuye los riesgos de corrupción y minimiza el riesgo de captura por parte de empresas e intereses políticos. 

- La meritocracia y capacidad técnica de sus funcionarios permite que las recomendaciones estén guiadas por hechos y no por voluntades. 

México necesita reguladores independientes y especializados. El IMCO dará seguimiento y analizará el proceso y la discusión.