La detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el pasado 12 de febrero en España no sorprendió al público mexicano, pues ya podía intuirse que el Caso Odebrecht se sumaría a las estrategias implementadas por la actual Administración para cambiar la percepción de la corrupción generalizada en México.

Sin embargo, lo que sí llama la atención, y preocupa, es la ausencia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. En especial cuando su creación fue gestada desde la sociedad civil organizada, quien vio en esa institución a un posible aliado de los mexicanos.

Recordemos que, entre los múltiples esfuerzos por tener un combate directo a la corrupción, se encuentra la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, la cual, entre otras cosas, creó la Fiscalía General de la República (FGR) y dispone que esta debería contar “al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción”.

Antes de esto, los delitos de corrupción eran investigados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, la cual, al igual que el titular de la entonces Procuraduría General de la República, no era autónoma del Ejecutivo federal, requisito con el que sí cuenta la Fiscalía Anticorrupción y que resulta indispensable para averiguar y sancionar este tipo de conductas. Pero aun contando con esta independencia, ¿cuál ha sido la efectividad real de dicha fiscalía autónoma?

De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2020 de la FGR en materia de corrupción, de marzo a diciembre de 2019, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició un total de 773 carpetas de investigación, de las cuales reportó el cierre de 117 casos (lo que sea que eso signifique), no ejerció acción penal en 112 y solamente ejerció acción penal en cinco carpetas.

Con base en este escenario desfavorecido, en conjunto con la ausencia de la Fiscalía Anticorrupción, surgen algunas preguntas sin respuestas: ¿cuáles son esos cinco casos?, ¿uno de esos casos es el de Lozoya?

Preocupa el silencio y la falta de reflector de la fiscalía que tiene a su cargo la investigación de algunos de los delitos que más lastiman a la ciudadanía. Entre otras cosas, por la falta de liderazgo en los retos operativos del combate a la corrupción que requieren atención inmediata como lo es el tema de la vigencia (o no) de los delitos de corrupción.

No olvidemos que la entrada en vigor de las Reformas al Código Penal Federal en materia de corrupción están sujetas al nombramiento de un fiscal anticorrupción “interino”, según el mismo decreto de reforma constitucional de 2014.

Uno de los transitorios del decreto ordena al Senado nombrar a un titular interino de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, el cual duraría en su encargo hasta noviembre de 2018, fecha en la que la Procuraduría transitaría a Fiscalía General de la República.

En ese momento sería el fiscal quien, una vez nombrado, designaría al titular de la Fiscalía especializada en Combate a la corrupción. Sin embargo, para sorpresa de todos, el Senado jamás nombró a un fiscal anticorrupción interino y en consecuencia jamás entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal.

Los esfuerzos ciudadanos por contar con instancias transparentes, con capacidades técnicas y liderando la lucha anticorrupción no han logrado consolidarse, ya que quienes debieran ser los protagonistas de la estrategia nacional en el combate a la corrupción están ausentes.

Esa ausencia, no solo de la Fiscalía Federal Anticorrupción, si no de todas las fiscalías anticorrupción de los estados, es un foco de alarma que debe ser atendido y subsanado, pues la labor no termina con la mera legislación.

En definitiva, no es suficiente que las leyes dispongan la creación de instituciones o instancias autónomas si no vemos un reflejo en la mejora de la operación cotidiana. La falta de acción de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción es un señal innegable que estamos lejos de haber logrado algún avance significativo en la lucha contra la corrupción.

Es por esto que desde el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL hemos decidido sumar esfuerzos para diseñar e implementar propuestas que fortalezcan las capacidades operativas de las fiscalías anticorrupción. Para combatir la corrupción no solo se requiere voluntad política. Es fundamental contar con fiscalías que tengan un diseño institucional adecuado.

Por lo tanto, como organizaciones aliadas buscaremos generar los diagnósticos, análisis, propuestas e intervenciones necesarias para mejorar la forma en la que los delitos de corrupción son investigados y sancionados en el país.

Pese a que México tuvo una ligera mejora en su posición en el Índice de la Percepción de la Corrupción, en el último año no hubo ninguna sentencia que condene a una persona por la comisión de delitos de corrupción de alto impacto. Revertir esta tendencia de impunidad solo se logrará a través del fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción.

México, hoy más que nunca, necesita un delantero en la cancha, sólido y fuerte, colaborando con otros jugadores, en donde el contrincante es el corrupto, el trofeo es la justicia y la afición seamos todos los mexicanos, asumiendo nuestra postura de víctimas colectivas de la corrupción.

Publicado por Animal Político
12-03-2020