En los países más prósperos y avanzados, incluyendo aquellos cuya prioridad es el bienestar de la gente como Suecia o Noruega, el sector privado se considera como un agente económico clave. Pretender que una economía puede prescindir de él, podría traer consecuencias graves para sus habitantes, en especial para quienes están en mayor desventaja.

Sin embargo, en México pareciera que uno de los supuestos de la transformación es lograr todos los objetivos económicos y de bienestar social desde el gobierno, con una cabeza: el presidente. Una especie de planeador central, cuyas capacidades se han visto mermadas por el austericidio que acompaña la ideología actual.

La semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó cifras de empleo formal. Durante la crisis de 2020 se perdieron más de 647 mil puestos de trabajo. El Monitor de Mercado Laboral del IMCO muestra que uno de los grupos más afectados son los jóvenes de hasta 29 años, quienes concentran el 61% de los empleos perdidos.

Bajo la lógica de esta Administración, estas pérdidas no son tan graves, puesto que en mayo se prometió crear 2 millones de empleos a través de inversión pública y programas sociales. No obstante, estas soluciones son de corto plazo y conllevan riesgos.

Pensemos en los más de 396 mil jóvenes que perdieron su trabajo formal en 2020. Si no se recuperan las empresas, podrían afiliarse a Jóvenes Construyendo el Futuro para tener ingresos y prestaciones. No obstante, asumiendo que el programa continúa de forma indefinida y tiene presupuesto, ¿qué pasará con los beneficiados cuando cumplan 29 años y no puedan recibir el apoyo? ¿quién los contratará para que su empleo les garantice acceso a instituciones de salud, pensiones por accidentes o riesgos de trabajo y ahorro para el retiro?

Hay que recordar que una de las críticas al programa Prospera era la falta de acceso a empleos productivos una vez que los beneficiarios concluían sus estudios. En ese sentido, en un contexto tan complicado como el que se vive hoy en día, este programa y la falta de estímulos económicos contracíclicos podrían caer en el mismo error.

El desdén por el sector privado no solo se ha visto reflejado en lo económico, sino también en el manejo de la pandemia. En los últimos días han surgido notas sobre la petición de los médicos que tratan pacientes con covid-19 en unidades privadas para recibir también la vacuna. La respuesta simplificada del gobierno: sí, pero hay que contarlos primero.

Además, mientras en México vemos a superdelegados y candidatos usando la vacunación como parte de sus precampañas, en Gran Bretaña se firman acuerdos estratégicos con las farmacias para cumplir con una meta de 15 millones de vacunados para febrero.

Para combatir al coronavirus y aminorar los efectos económicos, México necesita autoridades que pongan en el centro a los ciudadanos. Esto, en algunos casos, implica voltear a ver al sector privado como agente estratégico. Hoy no vemos evidencia de ello. Ojalá que se replantee el rumbo porque la mayoría de los mexicanos estamos hartos de discursos sin mejoría.

Publicado por Expansión
18-01-2021