Por: Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente, y Martha Castro, investigadora de Sociedad Incluyente
El pasado 13 de marzo nos impactó la noticia de la muerte de Norma Lizbeth, una adolescente de 14 años residente del Estado de México, tras haber sido golpeada por una compañera. Este es uno de los casos más atroces de violencia escolar que hemos visto en la prensa mexicana en los días recientes. Sin embargo, Norma no es la única alumna que vivió cotidianamente el acoso y la violencia en su escuela. En una búsqueda rápida se pueden encontrar casos de violencia escolar en Jalisco, en Querétaro, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chiapas o en Morelos, más los que ocurren día a día en las escuelas pero que pasan desapercibidos.
¿Será la erosión de los valores culturales, morales y espirituales el origen exclusivo de los casos de violencia en las escuelas como señaló el presidente en la mañanera del pasado 17 de marzo, o más bien se ha dejado de atender el tema con políticas federales y presupuesto?
La administración en turno dijo adiós a diversas políticas y programas educativos cuando echó para atrás la reforma educativa de 2013, piezas clave para la atención del fenómeno de la violencia escolar. Tal es el caso del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y, recientemente, de la tentativa de modificar el plan de estudios de educación básica.
En primer lugar, el PNCE era un programa que buscaba prevenir, capacitar y generar estrategias en las escuelas de educación básica para promover ambientes escolares de sana convivencia y prevenir situaciones de acoso, hostigamiento o violencia. El PNCE ayudaba a las autoridades estatales con asesoría técnica, materiales educativos, capacitaciones y protocolos de detección, prevención y atención de la violencia escolar. En 2020 este programa tenía asignados casi 224 millones de pesos, pero a partir de 2021 desapareció de los programas de la SEP.
En segundo lugar, en 2019 se eliminó el INEE, organismo encargado de la evaluación de la educación obligatoria en México. Además de evaluar aprendizajes en materias como Español o Matemáticas, el INEE realizaba mediciones en materia de violencia escolar y agresiones, con las que elaboraba diagnósticos y recomendaciones sobre situaciones de violencia entre los estudiantes. En su lugar se creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) que aunque tiene una misión similar no ha generado cifras actualizadas en materia de violencia escolar. Los datos oportunos son clave para identificar aumentos de casos, conocer sus causas y generar políticas que respondan de forma precisa. Sin claridad del fenómeno es imposible atender los síntomas.
Finalmente, como lo documentamos en el IMCO, la modificación del plan de estudios de educación básica no garantiza la enseñanza de habilidades socioemocionales, fundamentales para el manejo de emociones y el logro de relaciones interpersonales sanas. Los programas de aprendizaje socioemocional han sido utilizados para prevenir situaciones de riesgo entre los estudiantes, tal es el caso del programa Construye-T dirigido a estudiantes de educación media superior.
El nuevo plan de estudios que se pretende implementar en el próximo ciclo escolar reconoce la importancia de las habilidades socioemocionales como el trabajo en equipo, la empatía y la autorregulación, y destina una materia a su enseñanza. No obstante, la falta de capacitación, de insumos y de herramientas, así como la poca claridad sobre su implementación en las aulas pone en riesgo el desarrollo de estas áreas de los alumnos.
Ante este panorama, la falta de valores morales y culturales parece una explicación simplista que minimiza la responsabilidad que tienen las autoridades educativas de contener la violencia, de prevenir que aumente y de fomentar el buen manejo de las emociones y de las relaciones interpersonales de los estudiantes. Aunque la escalada en la violencia dentro de las escuelas puede deberse a múltiples factores, la falta de políticas públicas para fomentar el desarrollo socioemocional y atender la violencia escolar son responsabilidad del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación Pública.
Publicado en Reforma.
30-03-2023
