La economía mexicana se encuentra estancada y hay un contexto complicado para las finanzas públicas del país. El margen de maniobra del Gobierno federal cada vez es más pequeño. Tan solo en 2019 hicieron falta 300 mil millones de pesos que se habían estimado y no se recaudaron o generaron.
Para salir a flote, el Gobierno echó mano de recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). Este fondo es producto de las reformas en materia energética criticadas por esta Administración. Ahora ya no pareció una mala idea. Lo que sí lo fue es haber gastado casi la mitad de ese fondo en menos de un año.
A nivel de estados y municipios la historia no es muy distinta. Las opciones se limitan a endeudarse más, gastar menos o cobrar más impuestos. Veamos sus datos. De 2011 a 2018 la tendencia de la deuda de los estados y los municipios en su conjunto se estabilizó. En este periodo hubo un crecimiento a una tasa real promedio del 2%; regresando a tasas de crecimiento similares a las observadas en años anteriores a la crisis internacional de 2008. Ahora los estados comienzan a contratar deuda pública de corto plazo para sacar a flote sus gobiernos.
Las entidades federativas también han implementado políticas de austeridad para reducir el gasto burocrático y administrativo. Sin embargo, esta política, aunque popular, ha terminado por generar desequilibrios y reajustes en los presupuestos. La austeridad letal ha impactado directamente en la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.
No son otros datos, son sus datos y muestran que en promedio el 80% de los recursos que se usan en los estados proviene de la federación. Contradictoriamente, los gobiernos “federales” han apostado por gobiernos centrales. Esto ha disminuido y socavado la autonomía de las entidades. Ejemplo de esta estrategia es la Ley de Coordinación Fiscal que tiene más de 40 años de vigencia y que no responde a las necesidades y realidades del país. Es necesario discutir y debatir con información la reforma fiscal y de coordinación.
Sus datos señalan que los estados no recaudan lo que podrían recaudar y cobran en promedio 6 de 18 impuestos posibles. Peor aún, cobran impuestos que no deberían de cobrar (nómina) y dejan de cobrar otros que sí deberían (mercantiles o ambientales).
Por estas razones, el debate de las finanzas públicas y la discusión de sus datos son necesarios. México Evalúa acaba de lanzar #YoMeSumo, una plataforma en la que especialistas y ciudadanos exhortan a las autoridades a realizar acciones para atender problemas e informar a la población. Es tarea de todos los ciudadanos revisar y monitorear las finanzas públicas. Debatamos sus datos.
Publicado por El Sol de México
10-03-2020
