El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado expresamente su intención de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información pública y Protección de datos personales (INAI) desaparezca. Este propósito, que también se ha extendido a otras instituciones autónomas del país, lo justifica en el cuestionamiento de su efectividad para cumplir sus objetivos y combatir la corrupción.
Y en una acción que parece consecuente con su conocida indisposición frente al INAI, López Obrador vetó el nombramiento de dos comisionados del Instituto -cuya selección, dijo, obedeció a arreglos políticos-, lo que sumado a la omisión del Senado, dejó inoperante al Pleno del órgano de transparencia.
Tal como lo establece la Constitución, para que el Pleno del INAI pueda sesionar es necesario que se conforme por mínimo cinco de siete comisionados. Desde hace un año, el nombramiento de dos personas para ocupar este cargo estuvo pendiente, por lo que el Instituto sesionó con cinco integrantes. Finalmente, un año después, el Senado nombró a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Así, parecía que el fantasma de parálisis del INAI quedaba olvidado: volverían a ser siete comisionados hasta el 31 de marzo de 2023, fecha en la que terminaba el período del comisionado Francisco Javier Acuña.
Sin embargo, el veto presidencial a los nombramientos encendió las alarmas: ante la inminente imposibilidad de sesionar y las afectaciones a las facultades constitucionales, el INAI presentó una controversia constitucional dirigida al Senado para exigir los nombramientos pendientes. El INAI es la institución encargada de velar por el derecho de acceso a la información y garantizar la transparencia, pilares del sistema democrático, por lo que cualquier impedimento para sesionar no es menor.
El INAI también forma parte del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Es importante resaltar este punto porque para que un sistema funcione, necesita de todos sus componentes, en este caso, de las instituciones. Es decir, la parálisis del INAI no solo afectaría directamente a esta institución, también a la lucha contra la corrupción en México. Coordinarse -objetivo del SNA- exige que cada institución tenga recursos económicos y humanos suficientes, y procesos internos que aseguren el cumplimiento de sus funciones.
Al hacer una revisión de las instituciones anticorrupción en México, se observa que el INAI no es la única que enfrenta desafíos para funcionar como debería. Los datos muestran que, de 2018 a 2022 el presupuesto en conjunto de las instituciones anticorrupción en México disminuyó 9.6 %, lo que equivale a 7 mil 834 millones de pesos, con algunas variaciones por institución.
Además de la tendencia a la baja en los recursos presupuestarios, se observa que en algunas instituciones los recursos humanos no son suficientes: la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, tiene varios puestos de mando superior vacantes en áreas clave como la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción.
Ya lo sabemos: sin instituciones sólidas y capaces, la lucha anticorrupción no llegará a buen puerto. Además de asegurar que las instituciones sobrevivan a la turbulencia política, estas deben ser sólidas en sus recursos humanos y financieros.
Parece que esta turbulencia se origina en la incomodidad que generan los organismos constitucionalmente autónomos en el Poder Ejecutivo, con las consecuencias negativas que esto tiene para la separación de poderes y el sistema democrático. Hoy es el INAI, pero mañana podría ser otra institución.
* Natalia Campos (@NataliaCampos7) es investigadora del IMCO.
Publicado en Animal Político.
06-04-2023
