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Moreira vs. Peña Nieto

Esta es la historia de dos jóvenes gobernadores del PRI que llegaron al poder en el año 2005. Uno tomó las riendas de un estado norteño y el otro asumió el Poder Ejecutivo de una entidad en la meseta central. Uno tomó el gobierno en una cómoda situación financiera, el otro recibió el erario más endeudado del país.

En 2005, la deuda del estado de Coahuila era de 323 millones de pesos. El gobierno de Humberto Moreira contrató créditos que multiplicaron por 100 esta cifra para llegar a los 32 mil millones de pesos. Hace unos años, la agencia de riesgo Standard & Poor’s le daba a Coahuila una de las calificaciones más altas del país. Esta semana, Coahuila se ganó una bajada en la calidad de su deuda y las perspectivas pintan para empeorar. En 2005, bastaban menos de tres semanas de transferencias federales (participaciones) para cubrir el total del endeudamiento coahuilense. Hoy se requieren más de tres años y medio de transferencias federales para dejar la deuda en ceros.

Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura, el Estado de México estaba en una precaria situación financiera. Sin embargo, en los últimos seis años, las deudas de Edomex se redujeron en proporción al tamaño de su PIB. En concierto, las tres agencias de riesgo le han elevado su calificación en forma sistemática. Los números y las evidencias confirman un manejo adecuado de la deuda del Edomex durante el sexenio que está por terminar.

La inestabilidad de las bolsas de valores ha opacado una noticia muy venenosa para la economía internacional. Durante los últimos años, las municipalidades chinas se han endeudado a una velocidad coahuilense. Sin mecanismos de rendición de cuentas, los ayuntamientos chinos han contratado deuda por una cifra cercana al 30% de su PIB. La salud de los bancos en aquel país depende, en buena medida, de que estos créditos se cubran en tiempo y forma. Si el sistema financiero del gigante asiático sufre un sismo por la turbia estrategia crediticia de los gobiernos locales, la crisis financiera internacional entrará en una nueva espiral de incertidumbre. La transparencia de las finanzas públicas no es sólo un atributo de la democracia, sino una condición de la estabilidad macroeconómica. Beijing y Saltillo nos dejan una moraleja idéntica: donde hay opacidad habrá sorpresas desagradables.

Banobras, un banco de desarrollo del gobierno federal, está a punto de cometer un error político de proporciones históricas. La negociación del rescate financiero con los estados imprudentes debe imponer condiciones de transparencia en las finanzas públicas. Banobras debería exigir nuevas normas que obliguen a los estados a responder tres preguntas incómodas sobre sus deudas: ¿qué hicieron con el dinero que le entregaron sus acreedores? ¿Con qué bancos contrataron sus créditos? ¿A qué tasa y qué comisión pagaron por el préstamo?

La respuesta a estas preguntas debe quedar establecida no como un compromiso político, sino como una obligación legal con sanción de por medio. Sin mayor claridad en las finanzas públicas, no debería haber ningún tipo de rescate al desorden crediticio de gobernadores que hipotecaron el futuro de sus entidades. Las deudas estatales no sólo son un problema financiero, sino también tienen un ineludible componente político. Si la reestructuración de pasivos sólo se entiende como un tema de tasas y plazos, el rescate de hoy será la incubadora de la crisis del mañana. Las autoridades panistas tienen la mala fama de confundir dos verbos: negociar y ceder. Ojalá que el salvamento a las entidades no aporte nuevas evidencias sobre esta confusión semántica.

Todas las encuestas coinciden que el PRI es el gran favorito para ganar las elecciones presidenciales del 2012. Sin embargo, hay un gran enigma: ¿manejarían las finanzas como en el Estado de México o al estilo de Coahuila?