Una de las mejores decisiones del sexenio de Felipe Calderón fue una omisión. En 2008, el gobierno federal se comprometió a invertir en una refinería de petróleo. La propuesta era un elefante blanco con capacidad infinita para devorar vastas parcelas del presupuesto federal. Con la capacidad instalada en América del Norte, construir una nueva refinería hubiera sido una de las peores inversiones de dinero público en la historia moderna de México.
En su afán de administrar la abundancia, Brasil decidió construir la megarrefinería de Abreu e Lima, en el estado de Pernanbuco. Petrobras tenía un presupuesto inicial 4 mil millones de dólares y esperaba terminar su construcción en el año 2010. Hoy se estima que la refinería estará lista entre los años 2014 y 2016. Los costos del proyecto se han multiplicado por cinco para aproximarse a los 20 mil millones de dólares. Abreu e Lima es la refinería más cara en la historia de la industria petrolera. El gobierno de Felipe Calderón le hizo un enorme servicio a México al incumplir su promesa de edificar una nueva refinería.
Daniel Servitje, director general de Bimbo, afirmó en la revista Expansión: “La historia de las empresas no sólo se escribe por el camino recorrido ya conocido, sino por lo que optan por no hacer”. Este consejo útil para una compañía global, también es un principio racional para un gobierno. Una buena rienda para frenar la ejecución de barbaridades monumentales es tan importante como el arrojo para impulsar reformas estructurales.
¿Cómo distinguir entre una ocurrencia burocrática o una buena inversión del erario? En su primer discurso como presidente de la República, Enrique Peña Nieto anunció 13 iniciativas que impulsará su gobierno. Hay varias propuestas interesantes y algunas que ameritan un estudio más detallado para evitar que el presupuesto se transforme en un criadero de paquidermos blancos. La construcción de rutas de tren en el Valle de México y en la Península de Yucatán amerita ser observada con lupa y detalle para ponderar sus rendimientos sociales, financieros y ambientales. ¿Cuál será el aforo de pasajeros? ¿Cuál será el precio del boleto? ¿Algún inversionista privado le entraría al proyecto sin subsidios del gobierno?
Esas son las preguntas que se deben hacer al evaluar una obra pública. Me hubiera gustado mucho que el presidente Peña Nieto hubiera enunciado un catorceavo compromiso durante su toma de posesión: “Durante mi gobierno, todas las decisiones de inversión en programas sociales e infraestructura se harán con base en rigurosas evaluaciones de impacto y desempeño”.
Hace 12 años, la primera alternancia del poder del PRI al PAN no implicó una transición presupuestal. El cambio en la política no se reflejó en una modificación en la ejecución del gasto público. Salvo excepciones, como el Seguro Popular, los gobiernos blanquiazules mantuvieron la trayectoria presupuestal que había marcado el tricolor. ¿Lo que pasó con Fox y Calderón, también ocurrirá con Peña Nieto? ¿La segunda alternancia mantendrá el presupuesto inercial de los antecesores panistas?
Si el nuevo gobierno y los diputados quieren frenar las inercias presupuestales más viciadas deberían atender los resultados del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep) publicado por Gesoc. Gracias al trabajo de esta organización civil es posible conocer el desempeño de 163 programas federales de subsidio en los cuales se invirtieron, en 2012, casi 400 mil millones de pesos.
Gesoc detectó 74 programas federales que operan con tal nivel de opacidad, que es imposible estimar el cumplimiento de sus objetivos. Estos programas que reciben más de 150 mil millones de pesos al año conforman la caja negra del gasto social. Si el gobierno de Peña Nieto quisiera gastar mejor el dinero público, debería cancelar o reducir los programas que han reprobado las evaluaciones de manera sistemática. A veces las mejores decisiones de un gobierno no implican hacer o construir, sino frenar y dejar de hacer.
