Artículo
21 Febrero, 2012
Cambiar cuesta, pero no hacerlo también
El decreto de la ley general de cambio climático, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, ha levantado un debate entre sectores productivos, organizaciones ambientalistas y legisladores. En esta discusión, el Imco desarrolló un análisis costo-beneficio de los artículos contenidos en la ley, cambiar a una economía más limpia (como sugiere la ley) implica costos para algunos sectores y beneficios para otros, pero este enfoque brilla por su ausencia.Una de las principales resistencias a la ley proviene del sector minero, en especial de la explotación de carbón de Coahuila. La razón es que la ley, en su artículo 37, contempla una compensación de aquellas nuevas plantas de generación eléctrica que emitan más dióxido de carbono que una planta de ciclo combinado. Lo anterior afectaría a una carboeléctrica en construcción en el estado. Aunque no se especifica la forma de compensar dichas emisiones, Imco hizo una simulación para entender su impacto; así, estimamos el diferencial de emisiones de la carboeléctrica contra la de una planta de la misma capacidad de ciclo combinado, el diferencial se multiplicó por el precio de mercado de 1 tonelada de dióxido de carbono (aproximadamente 9 dólares), lo que arrojó una compensación máxima de 208 millones de pesos al año.