Uno de los aspectos fundamentales para la consolidación democrática es la rendición de cuentas; no obstante, en México ésta se mantiene como una aspiración más que una realidad. A la fecha, los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos podemos obtener información sobre el actuar del gobierno, pedir una explicación o justificación de dichos actos y sancionar en caso de irregularidades son insuficientes. El ejercicio del gasto público en todos los niveles de gobierno es una prueba de ello.

Un dato para reflexionar: solo uno de cada cuatro pesos gastados por el gobierno federal es fiscalizado[i], el resto se mantiene en la opacidad.
El círculo virtuoso en el gasto público
Hablar de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público implica contar con canales institucionales que permitan a cualquier mexicano saber:

• ¿Cuánto y en qué planea gastar el gobierno? (Transparencia presupuestal).
• ¿Cuánto y en qué gastó en verdad el gobierno? (Información del ejercicio del gasto).
• ¿Cómo gastó el gobierno? (Fiscalización del gasto).
• ¿Cómo se sancionaron las irregularidades encontradas? (Investigación y sanción de anomalías).

Transparencia Presupuestal

El primer paso para que los ciudadanos puedan evaluar la calidad del gasto público es conocer cuánto, cómo y en qué se tiene planeado gastar. Solo con este juego de información inicial es posible verificar que el gobierno esté destinando los recursos públicos a las necesidades de la población conforme a una planeación y de acuerdo a un programa de gobierno, pero lo más importante es que cualquier ciudadano que cuente con este tipo de información tiene un punto de referencia para evaluar y cuestionar el gasto gubernamental durante el ejercicio del presupuesto.

A pesar de su importancia, la información presupuestal de estados y municipios se ha caracterizado por su opacidad, es por esto que desde 2008 el IMCO realiza Índices de Información Presupuestal[ii] donde evalúa la publicidad y accesibilidad de los presupuestos estatales y municipales de acuerdo a las mejores prácticas y la normatividad nacional. El principal objetivo de estos índices es generar un estándar mínimo de transparencia y calidad en los presupuestos, el cual cada año es adoptado por más entidades.

Información del Ejercicio del Gasto

Ahora bien, los recursos presupuestados por el gobierno tienden a ser distintos a los recursos que en verdad fueron ejercidos durante el año. Según estudios de México Evalúa, de 2005 a 2013 el gobierno federal gastó en promedio $262 mil millones de pesos más de los presupuestados cada año[iii].

En todos los países es normal que se ajuste el presupuesto, no obstante, las modificaciones en exceso pueden representar problemas financieros sobre todo si no se cuenta con la suficiencia presupuestal para efectuarlas. Es importante señalar que las modificaciones al presupuesto son decididas unilateralmente por el Poder Ejecutivo, por lo que su explotación puede resultar en una variación total del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo y hacer del presupuesto un cheque en blanco, por lo tanto, es fundamental que exista información pública y de fácil acceso sobre el gasto ejercido por todos los entes de gobierno. Esto permitiría detectar y cuestionar las variaciones entre lo presupuestado y lo ejercido.

Fiscalización del Gasto 

Conocer el cuánto nos permite preguntar cómo se gastó en rubros específicos y asegurar que cada proceso individual de compra pública haya sido realizado conforme a ley. Para tal, la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados hacen una revisión de las cuentas públicas donde inspeccionan el cumplimiento de los programas de gobierno establecidos, el uso adecuado de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios. En dicha revisión se aseguran que las compras y servicios contratados se hayan realizado sin cometer delitos o prácticas corruptas. En caso de detectar ilícitos, emiten observaciones a las instituciones encargadas de investigarlos[iv].

El principal problema en este proceso es que ni la Auditoría ni las Entidades de Fiscalización cuentan con la capacidad de revisar la totalidad del dinero gastado por el gobierno, por lo que, a pesar de que llevan a cabo una etapa rigurosa de planeación en la que deciden qué programas fiscalizar basándose en la probabilidad de encontrar ilícitos, la mayoría de los recursos públicos ejecutados no es revisada.

De acuerdo con los Informes Generales de Cuenta Pública 2013 y 2014 elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, el alcance de las auditorías realizadas en la revisión de las últimas dos cuentas públicas equivale a 25 % y 23 % respectivamente del total de los recursos federales sujetos a fiscalización. Es decir, todos los escándalos que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en lo últimos años son después de haber auditado tan solo una cuarta parte del gasto ejercido del gobierno federal, o visto de otra forma, no conocemos qué pasó con el 75% del dinero gastado por nuestro gobierno. 

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción representa un gran avance en la búsqueda de una mejor rendición de cuentas, pero es necesario reconocer que las instituciones encargadas de su futura implementación cuentan con limitaciones importantes, por lo que es necesario desarrollar políticas públicas que permitan mejorar sus capacidades y garantizar que puedan hacer frente a las nuevas facultades y atribuciones que les fueron encomendadas. 

En consecuencia, es necesario asegurar que las instituciones dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción:

1. Elaboren políticas públicas que garanticen la publicidad de la información presupuestal y de ejercicio del gasto en todos los niveles de gobierno en formatos de fácil acceso para la ciudadanía. De esta forma, al contar con la información necesaria, se posibilitarían ejercicios de auditoría social y participación ciudadana en la revisión del gasto público.

2. Reciban los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a sus nuevas facultades. En la actualidad los recursos que recibe la ASF son insuficientes y en el SNA se prevé que la Auditoría sea responsable de la fiscalización de aproximadamente 600 mil millones de pesos más, además de dotarla de nuevas facultades de investigación y sustanciación. Si los nuevos mandatos no se ven correspondidos con más y mejores recursos, será imposible cumplir con lo estipulado en las reformas anticorrupción.
3. Aprovechen las tecnologías de la información para facilitar sus funciones. Es posible terminar con las técnicas de muestreo en la fiscalización si se generan políticas públicas apoyadas en nuevas tecnologías que sistematicen información del gasto público. La información sistematizada permitiría realizar revisiones iniciales del total del gasto que dirijan a las auditorías a procesos de compra pública en específico.

[i] Auditoría Superior de la Federación, Informe General de la Cuenta Pública 2013 página 131 y 2014 página 145.
[ii] Disponibles aquí.
[iii] México Evalúa, Descifrando la Caja Negra del gasto, 2014. Disponible aquí.
[iv] Con la entrada en vigor de las leyes secundarias en materia anticorrupción de julio del 2016, la ASF tendrá la facultad de investigar y sustanciar los hallazgos de sus auditorías.
Publicado por Animal Político
11-10-2016

¿Y lo que no se auditó del gasto público? un artículo de @Montes_Mx @EnfoqueNoticias @leonardocurzio https://t.co/ZbH205YJBX

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