Coahuila no es un territorio imaginario concebido por la mente de un mitómano profesional. Sin embargo es un estado donde sus 2.7 millones de habitantes han sido víctimas de una serie de fraudes políticos y financieros. Hace menos de dos meses, los ciudadanos de Coahuila acudieron a las urnas y refrendaron su apoyo para que un partido político y una familia permanecieran en el poder. Los ciudadanos votaron por el PRI y los hermanos Moreira como una garantía de continuidad de una serie de programas sociales que se venían aplicando en los últimos años: comedores que ofrecían alimentos a más de mil 500 adultos mayores, una tarjeta de subsidios que entregaba 200 pesos mensuales a sus beneficiarios, programas de uniformes escolares gratuitos y seguros médicos para personal docente y alumnos de las escuelas públicas. Hoy esos programas de gobierno han sido recortados a su mínima expresión, como consecuencia de la súbita crisis crediticia que vive el estado. El manejo de la deuda de Coahuila en los últimos seis años hace que Luis Echeverría y José López Portillo se conviertan en dos ejemplos de prudencia y probidad financiera.

Como cualquier compañía, Pemex tiene recursos limitados en lo financiero, tecnológico y humano. La capacidad de traer la experiencia, inversión y tecnología específicas para cada proyecto es indispensable para poder recuperar la mayor cantidad posible de la riqueza del subsuelo. La posibilidad de poder contratar a las compañías más eficientes será cada vez más relevante ante el panorama de reservas más y más difíciles que tendrá que enfrentar nuestro sector energético.

En 2005, la deuda del estado de Coahuila era de 323 millones de pesos. El gobierno de Humberto Moreira contrató créditos que multiplicaron por 100 esta cifra para llegar a los 32 mil millones de pesos. Hace unos años, la agencia de riesgo Standard & Poor’s le daba a Coahuila una de las calificaciones más altas del país. Esta semana, Coahuila se ganó una bajada en la calidad de su deuda y las perspectivas pintan para empeorar. En 2005, bastaban menos de tres semanas de transferencias federales (participaciones) para cubrir el total del endeudamiento coahuilense. Hoy se requieren más de tres años y medio de transferencias federales para dejar la deuda en ceros.

En los lejanos años ochenta del siglo pasado había una banda de rock medianamente célebre que se llamaba Van Halen. En sus giras, el grupo musical tenía una exigencia que parecía un capricho extravagante, propio de un cuarteto de divos mareados por un exceso de fama súbita. Una cláusula del contrato establecía que los promotores de conciertos tenían la obligación de poner en los camerinos un tazón de chocolates confitados M&M’s. Sin embargo, bajo pena de cancelación del concierto, se tenían que sacar del recipiente todos los M&M’s de color café. La necedad no era una demanda absurda, sino un sofisticado mecanismo de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del contrato.

Toda buena negociación política es la arquitectura de avenidas alternas y caminos intermedios. El fundamentalismo antitributario de los partidarios del té convirtió la búsqueda de consensos en un callejón sin salida. La evidente disfunción del debate político en Estados Unidos puso al país y a la economía global ante una absurda incertidumbre. Así como no existe un sistema electoral que aguante el embate de un mal perdedor, tampoco hay un buen gobierno que soporte el sabotaje sistemático de una oposición impúdicamente mezquina. Un político que no está dispuesto a ceder y negociar es como un cirujano a quien le da náuseas la sangre humana. La democracia es una forma de gobierno que nos permite darle representación a la pluralidad y contradicciones inherentes de cada sociedad. Sin embargo, hacer gobernable esa diversidad puede resultar un desafío descomunal.

Caro, inaccesible y lento. Estos son adjetivos indispensables para describir el servicio de internet de banda ancha en México. El trío de calificativos no es gratuito. De acuerdo con un reporte de la OECD (2010), entre 33 países, los mexicanos pagamos el precio más alto por servicios con velocidad superior a 2.5 mbits por segundo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones nos colocó en el lugar 72 de un total de 177 países, con ocho accesos de banda ancha por cada 100 habitantes (2009). Sobre la lentitud del servicio, cada lector tendrá sus anécdotas personales, pero la OECD tiene un dato: en Corea, los usuarios de banda ancha gozan de una velocidad 20 veces superior a la que tenemos en México. Hace unas semanas se anunció que para el año 2015, todos los estudiantes surcoreanos utilizarán tabletas digitales en lugar de libros de texto de papel. Si México tuviera el dinero para poder replicar la iniciativa coreana, el proyecto fracasaría por falta de infraestructura de banda ancha. Esta tecnología es un poderoso acicate de la competitividad y el crecimiento económico.

El principal contrapeso que creó la reforma fue un órgano regulador con el mandato de vigilar y regular las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Específicamente, la ley le encarga a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) asegurarse de que los proyectos de Pemex incorporen los criterios técnicos y tecnológicos que permitan la recuperación máxima de gas y petróleo, que se repongan las reservas, se preserve el medio ambiente, se cuide la seguridad industrial y se reduzca al mínimo la quema y venteo. Para que pueda cumplir con esas funciones, la ley le da a la CNH atribuciones muy amplias. Basta recorrer la lista para constatar que el propósito de la ley es contar con un regulador de peso. Los informes, resoluciones y sanciones que hasta ahora ha producido la CNH han resultado en situaciones incómodas para Pemex. En su corta existencia, la Comisión ha cuestionado la viabilidad técnica y financiera de Chicontepec, pidiendo que se replantee el proyecto. También ha cuestionado las estimaciones del valor de las reservas no probadas y ha impuesto sanciones a Pemex por incumplimiento tanto de normas de venteo y quema de gas, como por entrega extemporánea de información.