Las tres preguntas más importantes en la vida de una persona son: ¿con quién voy a formar una pareja?, ¿a qué oficio me voy a dedicar?, y ¿dónde voy a vivir? Nuestros antepasados no tuvieron la oportunidad de plantearse semejantes dudas. El privilegio de decidir sobre estos dilemas es un atributo de la modernidad. Durante siglos, la decisión de formar un enlace conyugal era un acuerdo donde la voluntad de las partes, en especial de la mujer, no era un factor de consideración. El oficio y la profesión estaban dados por la herencia. El orfebre y el campesino eran descendientes de personas con la misma ocupación. La noción de viajar o migrar era tan infrecuente que se convertía en materia prima de epopeyas y episodios bíblicos.  Estas tres libertades aún están restringidas para millones de personas. En la India, los matrimonios arreglados todavía son parte de las costumbres sociales. En China, el gobierno concede licencias de migración para mudarse del campo a la ciudad. En Cuba, la burocracia tiene autoridad para determinar las actividades profesionales de las personas. En México, la decisión de formar una pareja es, en general, una soberanía del fuero íntimo. La elección del oficio está parcialmente limitada por la disponibilidad de lugares en las universidades. Sobre la decisión de dónde vivir, las cosas han cambiado mucho en años recientes.

El artículo titulado “Repudia el IMCO plan de gobierno en vivienda” da una idea errónea y no refleja la posición del IMCO sobre la política de vivienda a nivel federal. Durante la publicación de Índice de Competitividad Municipal en materia de Vivienda, el IMCO reconoció que a pesar de que existen retos para que las ciudades puedan oferecer una buena calidad de vida a sus habitantes, las buenas políticas de financiamiento al sector han permitido atacar el enomre déficit de vivienda que existía hasta hace una década, con lo cual millones de familias que antes viviían hacinadas pudieron comprar una casa.

En la Inglaterra del siglo XVII, sólo los propietarios de tierra, del sexo masculino, de piel blanca se podían plantar frente a la urna y emitir su voto para elegir a un miembro del parlamento. Al paso de las generaciones y los siglos, la noción de igualdad republicana empezó a democratizar el paquete de utensilios jurídicos que define a la ciudadanía. En la norma, los varones sin tierra ganaron derechos equivalentes a sus pares latifundistas. La religión, la pigmentación de la piel, el analfabetismo o el sexo dejaron de ser una barrera para determinar la respuesta de quién es un ciudadano. Es curioso que los mexicanos utilizamos con frecuencia la frase “no estamos en Suiza” para ilustrar que nuestro país tiene mucho camino por recorrer para acceder a niveles superiores de modernidad y civilización. Las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1947, mientras que las suizas no pudieron sufragar en elecciones federales hasta 1971.

Sin embargo, el optimismo desmesurado es un vicio conductual de los tontos. Las soluciones a los problemas del siglo pasado se han convertido en los desafíos y los dolores de cabeza del presente. En 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, los legisladores del PAN y el PRD asumieron un reclamo justo de aquel momento histórico: los gobernadores estatales no tenían dinero. La abundancia o bancarrota de las arcas estatales dependía de un guiño presidencial y del visto bueno de la burocracia federal. La construcción de una magna obra de infraestructura en alguna entidad de la República dependía de las gestiones, ruegos y antesalas que hiciera su respectivo gobernador. La discrecionalidad y falta de transparencia del gobierno federal con las autoridades estatales provocó una rebelión federalista. Parafraseando a Joaquín Pardavé, en una película que dirigió Julio Bracho: Qué tiempos aquellos, Señor Don Simón, en que los gobernadores no tenían dinero. El surgimiento de una República de virreinatos fue una consecuencia insospechada de la exigencia de que el presidente de la República empezara a rendir cuentas.

Hasta hace poco tiempo, el gobierno federal mantenía el discurso de que la gran mayoría de las víctimas de la violencia eran personas con algún vínculo con el crimen organizado. Esta afirmación no era respaldada por ninguna evidencia que permitiera su comprobación. El problema más grave de esta hipótesis es que funcionaba como una coartada perfecta para la negligencia de la autoridad. La muerte violenta de narcos, asesinos y secuestradores no ameritaba la intervención del Ministerio Público o el sistema judicial. Al sostener que decenas de miles de muertos forjaron su destino como consecuencia de su carrera criminal, el gobierno federal alentaba el propio ciclo de la impunidad y solapaba la indolencia de las fuerzas policiales.

El próximo jueves vence el plazo de Hacienda para presentar el análisis fiscal del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Supuestamente, a partir de ese análisis el Congreso decidirá si se mantiene o no el referido impuesto. ¿Qué perdemos si se va el IETU? Aunque la principal preocupación de los políticos es el posible boquete que dejaría en la recaudación eliminar ese impuesto, para mi gusto la principal pérdida sería renunciar a la posibilidad de transitar a un impuesto empresarial sin excepciones, fácil de calcular, de tasa relativamente baja, que otorgaría un enorme estímulo a la inversión con la deducción inmediata de activos e inventarios.

El registro nacional de personal de seguridad pública tiene un avance de sólo 42%. Es decir, no hay información completa sobre el 58% de los policías que trabajan en México. El registro de información penitenciaria tiene un rezago del 59%. Hay estados donde el avance es de 0% y otros no han entregado información en los últimos dos años. En pocas palabras, no existe una base de datos que nos diga quiénes son nuestros policías y quiénes son las personas que se encuentran en situación de cárcel. En el México del 2011, todavía no tenemos un padrón completo con los maestros que trabajan en las escuelas públicas, ¿por qué deberíamos esperar la existencia de un padrón actualizado de uniformados y convictos? Con las altas tasas de reincidencia criminal, una base de datos nacional de población carcelaria debería ser una prioridad de la seguridad nacional.