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Nombrar a los muertos
Hasta hace poco tiempo, el gobierno federal mantenía el discurso de que la gran mayoría de las víctimas de la violencia eran personas con algún vínculo con el crimen organizado. Esta afirmación no era respaldada por ninguna evidencia que permitiera su comprobación. El problema más grave de esta hipótesis es que funcionaba como una coartada perfecta para la negligencia de la autoridad. La muerte violenta de narcos, asesinos y secuestradores no ameritaba la intervención del Ministerio Público o el sistema judicial. Al sostener que decenas de miles de muertos forjaron su destino como consecuencia de su carrera criminal, el gobierno federal alentaba el propio ciclo de la impunidad y solapaba la indolencia de las fuerzas policiales.