Ante la violencia y la zozobra, hay grupos sociales que han planteado la necesidad de hacer un pacto con los criminales para pacificar al país. Este acto sería reconocer que las gavillas de asesinos y secuestradores son interlocutores válidos de nuestros representantes electos. La única fuente de legitimidad que tiene el crimen organizado para sentarse a una mesa de negociación es su profundo desprecio por la vida humana. Si aspiramos a tener una mínima convivencia civilizada, esa opción de diálogo debería estar totalmente cancelada.

Sin embargo, muchas industrias siguen siendo zonas de libre competencia. Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, think-tank, señala que la nueva ley no hará nada para desafiar el poder de los monopolios estatales de petróleo y electricidad.Incluso en el sector privado, algunas empresas no se preocupan demasiado por la amenaza de multas más altas. La comisión estima que las tasas excesivas de conexión han costado a los clientes de telefonía móvil $ 6 billones al año, la mayoría de los cuales ha ido a los bolsillos de las compañías telefónicas. De repente, mil millones dólares de Telcel bien no parece tan difícil de tragar.

Vivir en la utopía de los combustibles baratos tiene un costo altísimo para el desarrollo del país. Durante 2011, nuestro país gastará cerca de 100 mil millones de pesos en abaratar artificialmente el precio de la gasolina. Esto equivale al presupuesto anual de la Secretaría Salud o tres veces los recursos asignados a la Policía Federal. México tiene un perverso desorden de prioridades.¿Cómo liberalizar los precios de la gasolina sin provocar inestabilidad política o una catástrofe electoral para el partido en el poder? El hecho de que los mexicanos paguemos los costos reales por la gasolina no implica sólo un cambio en la política económica, sino una nueva relación entre el gobierno y los contribuyentes. Dejar de subsidiar la energía y aumentar el gasto en salud o seguridad pública significa fundar un nuevo pacto social.

En Estados Unidos, en 1962, el presidente John F. Kennedy obligó a las autoridades de Misisipi a aceptar a James Meredith como estudiante en la universidad estatal. Meredith tenía la piel negra. Los usos y costumbres locales promovían la segregación racial. El campus universitario jamás había aceptado a una persona de color, hasta que el gobierno federal intercedió para promover un cambio cultural. Esta transformación no fue pacífica. Estudiantes racistas salieron a protestar con violencia. El propio gobernador del estado, Ross Barnett, hizo un plantón a la entrada de la universidad para impedir la inscripción de Meredith. Finalmente Kennedy tuvo que llamar a la Guardia Nacional para proteger los derechos del nuevo estudiante. Medio siglo después hay más de 2 mil estudiantes de raza negra en la misma universidad.

Esta carencia demográfica de notarios implica una sustantiva factura económica que pagamos todos los mexicanos. De acuerdo con un estudio del IMCO, más del 60% de los costos asociados con abrir una nueva empresa están asociados con tarifas notariales. En Oaxaca, al comprar una casa, el 2% del precio de la propiedad termina en las arcas de una notaría. La débil competencia en los servicios notariales es un impuesto directo sobre la economía formal. Este tributo notarial se refleja en menos casas con escritura, menos familias con testamento y menos negocios registrados ante la autoridad. Una persona que no tiene la escritura de su casa tendrá un enorme obstáculo para acceder al crédito bancario. Un jefe de familia sin testamento implica una potencial incertidumbre jurídica para sus descendientes. Una empresa no registrada ante la autoridad jamás podrá generar un empleo formal.

Algo que me llama poderosamente la atención del automovilismo urbano es la tecnología de los gobiernos mexicanos para acomodar más coches en una vía. Es un concepto revolucionario: el de la pintura ampliadora. Cuando inauguraron el Viaducto Miguel Alemán de la Ciudad de México, por ahí antes de la mitad del siglo pasado, la cosa esa tenía 2 carriles. Hoy tiene 3 y si me apuran, al rato van a prohibir los coches anchos y van a meter 4. La tecnología de ampliación ilusoria de vías también está en el segundo piso del Periférico. Me pregunto si esos puentes están proyectados para un 33% más de peso. Ojalá no ocurra un día una desgracia. Estoy seguro que en el llamado Puente de la Concordia (que es de la discordia entre transportistas de carga y automovilistas), por allá en la Ignacio Zaragoza, en la salida a Puebla, un día va a haber una tragedia. Ese suelo se hunde y los transportistas de carga se suben al puente cada vez que pueden (y que los policías del DF no están supervisando). Al ratito, con el volumen de coches que hay, usarán la pintura ampliadora para meter más flujo vehicular.

El IMCO, en equipo con la Comisión Federal de Competencia y la OECD, ha diseñado un nuevo índice para medir la calidad de las leyes de adquisiciones y arrendamiento de gobierno en nuestro país. Esta métrica permite comparar la forma en que las reglas de compras públicas inhiben o promueven la competencia en la provisión de bienes y servicios a la autoridad. Por ejemplo, en el estado Chiapas, la legislación permite que el gobierno pague hasta un sobreprecio del 10% por adjudicar el contrato a una persona o empresa de origen chiapaneco. En aras de engordar las rentas de algunos proveedores locales, la ley de compras chiapaneca incentiva a pagar precios más altos. Este índice de leyes de compras de gobierno busca convertirse no sólo en un referente nacional para medir la calidad de estas reglas, sino en un producto mexicano de exportación que la OECD pueda aplicar para todos sus países miembros.