Esta carencia demográfica de notarios implica una sustantiva factura económica que pagamos todos los mexicanos. De acuerdo con un estudio del IMCO, más del 60% de los costos asociados con abrir una nueva empresa están asociados con tarifas notariales. En Oaxaca, al comprar una casa, el 2% del precio de la propiedad termina en las arcas de una notaría. La débil competencia en los servicios notariales es un impuesto directo sobre la economía formal. Este tributo notarial se refleja en menos casas con escritura, menos familias con testamento y menos negocios registrados ante la autoridad. Una persona que no tiene la escritura de su casa tendrá un enorme obstáculo para acceder al crédito bancario. Un jefe de familia sin testamento implica una potencial incertidumbre jurídica para sus descendientes. Una empresa no registrada ante la autoridad jamás podrá generar un empleo formal.

Algo que me llama poderosamente la atención del automovilismo urbano es la tecnología de los gobiernos mexicanos para acomodar más coches en una vía. Es un concepto revolucionario: el de la pintura ampliadora. Cuando inauguraron el Viaducto Miguel Alemán de la Ciudad de México, por ahí antes de la mitad del siglo pasado, la cosa esa tenía 2 carriles. Hoy tiene 3 y si me apuran, al rato van a prohibir los coches anchos y van a meter 4. La tecnología de ampliación ilusoria de vías también está en el segundo piso del Periférico. Me pregunto si esos puentes están proyectados para un 33% más de peso. Ojalá no ocurra un día una desgracia. Estoy seguro que en el llamado Puente de la Concordia (que es de la discordia entre transportistas de carga y automovilistas), por allá en la Ignacio Zaragoza, en la salida a Puebla, un día va a haber una tragedia. Ese suelo se hunde y los transportistas de carga se suben al puente cada vez que pueden (y que los policías del DF no están supervisando). Al ratito, con el volumen de coches que hay, usarán la pintura ampliadora para meter más flujo vehicular.

El IMCO, en equipo con la Comisión Federal de Competencia y la OECD, ha diseñado un nuevo índice para medir la calidad de las leyes de adquisiciones y arrendamiento de gobierno en nuestro país. Esta métrica permite comparar la forma en que las reglas de compras públicas inhiben o promueven la competencia en la provisión de bienes y servicios a la autoridad. Por ejemplo, en el estado Chiapas, la legislación permite que el gobierno pague hasta un sobreprecio del 10% por adjudicar el contrato a una persona o empresa de origen chiapaneco. En aras de engordar las rentas de algunos proveedores locales, la ley de compras chiapaneca incentiva a pagar precios más altos. Este índice de leyes de compras de gobierno busca convertirse no sólo en un referente nacional para medir la calidad de estas reglas, sino en un producto mexicano de exportación que la OECD pueda aplicar para todos sus países miembros.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, propuso enrolar en las Fuerzas Armadas a los millones de jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar, ni opciones para trabajar. José Narro, el rector de la UNAM, respondió que la solución para el desafío demográfico de los ninis implica duplicar la cobertura de la educación superior. Qué sucedería si se hace una combinación de ambas propuestas con un objetivo específico: convertir a las Fuerzas Armadas en la escalera más sólida de ascenso social en México. César Duarte propone emplear a miles de jóvenes para que no se vayan a las filas del crimen organizado. Narro quiere darles educación. ¿Por qué no ofrecerles ambas oportunidades?

Los economistas ya sabemos que hay problemas serios en la medición del producto interno bruto (PIB), que es como aproximamos el bienestar, como bienestar material. Dicho esto, las medidas de felicidad agregadas tienen muchos más problemas. El economista Kenneth Arrow postuló en 1950 un teorema de imposibilidad para la agregación de preferencias individuales en la democracia. Arrow mostró que cuando los individuos tienen más de 3 opciones en una decisión, no existe ningún sistema de votación que convierta las preferencias ordenadas de los individuos en un criterio único de decisión para toda la sociedad. Es decir, en la democracia siempre alguien no está contento con el resultado (voto por voto, casilla por casilla).

En noviembre pasado, el Council of Foreign Relations organizó en Nueva York una conferencia para celebrar 200 años de relación bilateral entre Estados Unidos y México. Los panelistas principales eran los respectivos embajadores de los dos países: Carlos Pascual y Arturo Sarukhán. Un lector que revise la transcripción del evento tendrá problemas en distinguir cuál de los dos conferencistas era el defensor más vehemente de los intereses nacionales. Sarukhán cumplió cabalmente con su doble papel de expositor y representante de nuestro gobierno en Washington. Sin embargo, Carlos Pascual también resultó un elocuente abogado del punto de vista mexicano.

La universalización de la salud a través del Seguro Popular es uno de los logros más cacareados de la Presidencia de la República. Sin duda, el presidente Calderón será recordado por este programa, que cambió la faz a la atención médica de la gente más desfavorecida de México. Las estimaciones más conservadoras dicen que a final del sexenio del presidente Calderón, todos los mexicanos estaremos cubiertos por algún sistema de salud. Ha habido críticas al esquema, especialmente provenientes del Dr. Santiago Levy y otros prominentes economistas mexicanos, fundadas en la distorsión que el Seguro Popular impone en el mercado laboral. En específico, el Dr. Levy asegura que el esquema de Seguro Popular le otorga un premio al sector informal, encareciendo en términos relativos la formalidad. También, el Dr. Levy en su libro dice que esto representa un costo adicional al mercado formal, ya que el mantenimiento del IMSS e ISSSTE recae en una base de derechohabientes que se está haciendo pequeña en relación a la población económicamente activa total.