Vivir en la utopía de los combustibles baratos tiene un costo altísimo para el desarrollo del país. Durante 2011, nuestro país gastará cerca de 100 mil millones de pesos en abaratar artificialmente el precio de la gasolina. Esto equivale al presupuesto anual de la Secretaría Salud o tres veces los recursos asignados a la Policía Federal. México tiene un perverso desorden de prioridades.¿Cómo liberalizar los precios de la gasolina sin provocar inestabilidad política o una catástrofe electoral para el partido en el poder? El hecho de que los mexicanos paguemos los costos reales por la gasolina no implica sólo un cambio en la política económica, sino una nueva relación entre el gobierno y los contribuyentes. Dejar de subsidiar la energía y aumentar el gasto en salud o seguridad pública significa fundar un nuevo pacto social.

En Estados Unidos, en 1962, el presidente John F. Kennedy obligó a las autoridades de Misisipi a aceptar a James Meredith como estudiante en la universidad estatal. Meredith tenía la piel negra. Los usos y costumbres locales promovían la segregación racial. El campus universitario jamás había aceptado a una persona de color, hasta que el gobierno federal intercedió para promover un cambio cultural. Esta transformación no fue pacífica. Estudiantes racistas salieron a protestar con violencia. El propio gobernador del estado, Ross Barnett, hizo un plantón a la entrada de la universidad para impedir la inscripción de Meredith. Finalmente Kennedy tuvo que llamar a la Guardia Nacional para proteger los derechos del nuevo estudiante. Medio siglo después hay más de 2 mil estudiantes de raza negra en la misma universidad.

Esta carencia demográfica de notarios implica una sustantiva factura económica que pagamos todos los mexicanos. De acuerdo con un estudio del IMCO, más del 60% de los costos asociados con abrir una nueva empresa están asociados con tarifas notariales. En Oaxaca, al comprar una casa, el 2% del precio de la propiedad termina en las arcas de una notaría. La débil competencia en los servicios notariales es un impuesto directo sobre la economía formal. Este tributo notarial se refleja en menos casas con escritura, menos familias con testamento y menos negocios registrados ante la autoridad. Una persona que no tiene la escritura de su casa tendrá un enorme obstáculo para acceder al crédito bancario. Un jefe de familia sin testamento implica una potencial incertidumbre jurídica para sus descendientes. Una empresa no registrada ante la autoridad jamás podrá generar un empleo formal.

Algo que me llama poderosamente la atención del automovilismo urbano es la tecnología de los gobiernos mexicanos para acomodar más coches en una vía. Es un concepto revolucionario: el de la pintura ampliadora. Cuando inauguraron el Viaducto Miguel Alemán de la Ciudad de México, por ahí antes de la mitad del siglo pasado, la cosa esa tenía 2 carriles. Hoy tiene 3 y si me apuran, al rato van a prohibir los coches anchos y van a meter 4. La tecnología de ampliación ilusoria de vías también está en el segundo piso del Periférico. Me pregunto si esos puentes están proyectados para un 33% más de peso. Ojalá no ocurra un día una desgracia. Estoy seguro que en el llamado Puente de la Concordia (que es de la discordia entre transportistas de carga y automovilistas), por allá en la Ignacio Zaragoza, en la salida a Puebla, un día va a haber una tragedia. Ese suelo se hunde y los transportistas de carga se suben al puente cada vez que pueden (y que los policías del DF no están supervisando). Al ratito, con el volumen de coches que hay, usarán la pintura ampliadora para meter más flujo vehicular.

El IMCO, en equipo con la Comisión Federal de Competencia y la OECD, ha diseñado un nuevo índice para medir la calidad de las leyes de adquisiciones y arrendamiento de gobierno en nuestro país. Esta métrica permite comparar la forma en que las reglas de compras públicas inhiben o promueven la competencia en la provisión de bienes y servicios a la autoridad. Por ejemplo, en el estado Chiapas, la legislación permite que el gobierno pague hasta un sobreprecio del 10% por adjudicar el contrato a una persona o empresa de origen chiapaneco. En aras de engordar las rentas de algunos proveedores locales, la ley de compras chiapaneca incentiva a pagar precios más altos. Este índice de leyes de compras de gobierno busca convertirse no sólo en un referente nacional para medir la calidad de estas reglas, sino en un producto mexicano de exportación que la OECD pueda aplicar para todos sus países miembros.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, propuso enrolar en las Fuerzas Armadas a los millones de jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar, ni opciones para trabajar. José Narro, el rector de la UNAM, respondió que la solución para el desafío demográfico de los ninis implica duplicar la cobertura de la educación superior. Qué sucedería si se hace una combinación de ambas propuestas con un objetivo específico: convertir a las Fuerzas Armadas en la escalera más sólida de ascenso social en México. César Duarte propone emplear a miles de jóvenes para que no se vayan a las filas del crimen organizado. Narro quiere darles educación. ¿Por qué no ofrecerles ambas oportunidades?

Los economistas ya sabemos que hay problemas serios en la medición del producto interno bruto (PIB), que es como aproximamos el bienestar, como bienestar material. Dicho esto, las medidas de felicidad agregadas tienen muchos más problemas. El economista Kenneth Arrow postuló en 1950 un teorema de imposibilidad para la agregación de preferencias individuales en la democracia. Arrow mostró que cuando los individuos tienen más de 3 opciones en una decisión, no existe ningún sistema de votación que convierta las preferencias ordenadas de los individuos en un criterio único de decisión para toda la sociedad. Es decir, en la democracia siempre alguien no está contento con el resultado (voto por voto, casilla por casilla).