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IV. SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL

  • México es percibido como uno de los países más corruptos según su población.
  • Más de la mitad de la población global registrada para votar (66%) participó en las elecciones.
  • Turquía y Nigeria son los gobiernos con mayor probabilidad de ser desestabilizados o derrocados.

El subíndice Sistema político califica la calidad del sistema político a partir de su legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Se incluyen indicadores sobre participación en los procesos electorales, acceso a información pública, libertades de religión o expresión, interferencia militar y corrupción.

Tabla IV.1 Indicadores que conforman el subíndice Sistema político

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Dinamarca

Dinamarca se encuentra en el primer lugar debido a que en cinco de los ocho indicadores fue el país con mejor desempeño. Es uno de los países con mayor respeto a los derechos políticos y a las libertades civiles de sus ciudadanos. También fue el país donde sus expertos, sector empresarial y población lo percibieron como menos corrupto (88 puntos de cien como máximo). Por último, de acuerdo con Open Data Watch, Dinamarca fue el país con la mayor cobertura y apertura de las estadísticas oficiales.

2° Suecia

Suecia, al igual que Dinamarca, obtuvo el primer lugar en derechos políticos y libertades civiles, índices que registran las elecciones libres y justas del país, así como las libertades de expresión o de religión de sus ciudadanos. Ocupó el tercer lugar en participación electoral (87.2% de su población registrada participó en elecciones pasadas) y en la disponibilidad de información pública (77 puntos de cien como máximo).  

3° Noruega

Noruega se encuentra en tercer lugar debido a que ocupa la primera posición en la mitad de los indicadores. Comparte el primer lugar con Suecia y Dinamarca en el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles. Es el país que menos presión ejerce a sus periodistas y se encuentra dentro de la lista de países con menor intervención militar en el Estado de derecho.  Adicionalmente, ocupa la segunda posición en la estabilidad de su gobierno.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Disponibilidad de información pública* (71 puntos de cien)

México se encuentra dentro de los 10 países con mayor cobertura y apertura de estadísticas oficiales. Dinamarca, Países Bajos y Suecia son los tres primeros lugares en este indicador, con un promedio de 78 puntos. Nuestro país se encuentra únicamente 7 puntos por debajo. Por otro lado, el promedio de los 43 países evaluados es de 56 puntos, es decir, una diferencia positiva para México de 15 puntos.

*Es su única fortaleza.

DEBILIDADES

Índice de Percepción de Corrupción (29 puntos de cien)

De acuerdo con Transparency International, México es el cuarto país con la mayor percepción de corrupción por parte de su población. Se encuentra por debajo de países como Nigeria (27), Guatemala (28) y Rusia (29). Por el lado contrario, Dinamarca, Suiza y Noruega tienen en promedio 86 puntos en este índice, siendo considerados como los países menos corruptos.

Libertad de prensa (66 puntos de cien)

México es considerado como uno de los países donde mayor presión se ejerce en la emisión de información por los medios de comunicación, así como a los periodistas para operar libremente y sin temor a las repercusiones. Países como China, Rusia, Tailandia, Turquía y Malasia acompañan a México en esta lista. Mientras que los medios de comunicación en Noruega, Países Bajos y Suecia son considerados con mayor libertad. 

Interferencia militar en el Estado de derecho o en el proceso político (5 puntos de 10)

Los 43 países evaluados tienen un promedio de 8 puntos. Los países con un menor grado de intervención de las fuerzas armadas en asuntos políticos alcanzan los 10 puntos (18 países de los evaluados). Dentro de este indicador, México ocupa la posición 37. Se encuentra por arriba de Colombia (4.2), Indonesia (4.2), Israel (4.1), Nigeria (3.3), Turquía (3.2) y Tailandia (3.2).

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE SISTEMA POLÍTICO

IMCO PROPONE

1. Modificar las reglas para el financiamiento público de los partidos políticos

Disminuir los recursos públicos a partidos políticos es una exigencia ciudadana. La confianza en los partidos políticos es baja y existe un costo excesivo de las campañas electorales. De igual forma hay una percepción de enriquecimiento, corrupción y derroche por parte de los partidos políticos.

Para el sostenimiento de actividades ordinarias, los partidos políticos reciben financiamiento público anualmente de conformidad con la siguiente fórmula: se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, reciben recursos públicos para las actividades de gastos de campaña (entre el 30 y el 50% del financiamiento público que les corresponde para sus actividades ordinarias permanentes).

Existen diversas propuestas para modificar las reglas a través de las cuales los partidos obtienen recursos públicos. Por ejemplo, se promovió[1]la reducción del porcentaje del valor diario de la UMA, mientras que en otros países la fórmula para el financiamiento público toma en cuenta el voto emitido en lugar del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Con propuestas como estas, los recursos públicos destinados a los partidos se reducirían en más de la mitad.

En 2020 el financiamiento público federal para actividades ordinarias de los partidos políticos será de 4.9 mmdp[2], reducir el porcentaje de valor diario de la UMA, a partir de iniciativas ya presentadas, equivaldría un ahorro de más de 2.5 mmdp, un monto superior al presupuesto aprobado a la Auditoría Superior de la Federación en 2019.

Modificar las reglas para la obtención de financiamiento público podría mejorar la eficiencia del gasto por parte de los partidos políticos. En este sentido, es recomendable contemplar la posibilidad de replantear los porcentajes de recursos públicos que se les asignan.

Con la finalidad de garantizar la independencia de los partidos políticos de los intereses privados, el porcentaje del financiamiento público debe ser mayor y fortalecer el sistema de control de los recursos[3]; es decir, diseñar e implementar mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos privados, estableciendo límites a las aportaciones privadas, e imponiendo obligaciones de publicidad de las aportaciones, topes máximos a los gastos de partidos políticos, redición de informes financieros y establecimiento de sanciones a los partidos infractores.

2. Centralizar la organización de elecciones

En México la organización de las elecciones se encuentra dividida en el Instituto Nacional Electoral (INE) para elecciones federales y en los Organismos Públicos Locales Electorales para las elecciones a nivel subnacional; sin embargo, estos últimos siguen demostrando fragilidad y captura por parte de los gobiernos estatales. Ante ello, el INE debe ser la institución encargada de organizar todas las elecciones del país.

Generar mayor confianza y certeza en las elecciones, son la razón principal para adoptar esta propuesta en nuestro sistema electoral, misma que debería acompañarse de un incremento en el presupuesto del INE por la asunción de más responsabilidades.

3. Establecer la segunda vuelta en las elecciones

En México, el sistema de elección para presidente tiene un modelo de mayoría relativa (el ganador es el que tiene más votos). En contraste, en países de América Latina y de Europa han establecido la segunda vuelta para la elección de su Jefe de Estado con la finalidad de incrementar la gobernabilidad y garantizar la certidumbre jurídica en los procesos político-electorales. En este sentido, establecer la segunda vuelta electoral permitiría brindar a la ciudadanía la confianza de que su voto se vea reflejado en la representación política.

De acuerdo con prácticas internacionales, en países que implementan la segunda vuelta[4], el proceso generalmente se aplica cuando un candidato presidencial no alcanza el 50% de los votos. De esta forma, se lleva a cabo una segunda elección entre los candidatos punteros. Este sistema, creado en Francia y adoptado en países como Argentina, Brasil o Colombia, permite legitimar la elección, incentivar la participación ciudadana e incrementar la gobernabilidad del poder público.

4. Facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar iniciativas relativas a su organización y funcionamiento

La Constitución reserva la facultad de presentar iniciativas de ley al presidente, a los legisladores del Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a los ciudadanos. Asimismo, consagra el principio de separación de poderes necesario en cualquier democracia y Estado constitucional.

En este sentido, excluir al Poder Judicial de la facultad de iniciar leyes sobre su organización y funcionamiento afecta el sistema de pesos y contrapesos. La SCJN debería estar facultada para presentar proyectos de ley tendientes a modificar su organización y funcionamiento de la misma manera que el Poder Legislativo y Ejecutivo lo hacen.

Establecer esta prerrogativa para la SCJN, además de equilibrar el principio de división de poderes, tiene como finalidad incrementar la calidad de la legislación en materia judicial, ya que el Poder Judicial estaría en posibilidad de aportar su experiencia para el eficiente desempeño de sus funciones, al mismo tiempo que se procura su eficiencia para la impartición de justicia pronta y expedita.

5. Implementación del voto obligatorio con sanción

Actualmente, nuestra Constitución Política establece el voto como un derecho y una obligación de los mexicanos; sin embargo, aunque ya se contempla el voto como obligatorio, no se especifican sanciones[5] por su incumplimiento.

En países de América Latina[6] en donde se establecen sanciones a los ciudadanos por no cumplir con la obligación de sufragar en comicios, la participación ciudadana es más elevada que en México. Es necesario atender el abstencionismo que surge, en buena medida, como consecuencia de la desconfianza en las instituciones públicas y en los partidos políticos, pues ocasiona que exista una falta de representatividad lo cual se puede traducir en falta de legitimidad.

Al implementar el voto obligatorio con sanción se empodera políticamente a los electores, al mismo tiempo que se crea una cultura cívica que fortalece la democracia. Asimismo, esta práctica se puede fortalecer con incentivos para la participación ciudadana, mecanismos de votación electrónica y la segunda vuelta electoral.

6. Facilitar la constitución de partidos políticos

La democracia requiere que existan los medios para que las personas puedan acceder del poder político. México tiene un sistema pluripartidista, en el que los partidos políticos son un espacio que permite la pluralidad de la representación política.

La competencia electoral es un factor importante en la formación de nuevos partidos, la cual a su vez depende de las “barreras de entrada” tales como la dificultad para registrar un nuevo partido y la probabilidad de que dicho partido mantenga el registro.

Facilitar la constitución de partidos políticos permite la existencia de mayores ofertas[7] y una sana competencia política, así como la pluralidad de vías de acceso para que las personas formen parte del proceso de toma de decisiones. En México existen importantes barreras para la creación de partidos políticos, como el hecho de que solo puede iniciarse este proceso cada seis años.

Los partidos políticos, además de incrementar la participación política, son alternativas para los electores, y permiten la pluralidad de intereses, valores, doctrinas y principios. Además, impulsan el cambio en las relaciones de poder al crear un sistema de partidos competitivo en el que los partidos políticos, idealmente, deberían ofrecer opciones de representación y participación atractivas para la ciudadanía.

7. Voto electrónico en México

El uso de la votación electrónica presenta una serie de ventajas para contribuir el desarrollo democrático de los países, por lo que en varios ya utilizan este sistema de votación o tienen previsto hacerlo en breve.

Entre las principales ventajas de implementar la votación electrónica se encuentra:[8]

  1. Mayor rapidez en la votación, conteo y tabulación, lo que permite al ciudadano verificar el voto.
  2. Mayor precisión en los resultados, ya que se reduce la posibilidad del error humano.
  3. Mayor comodidad para el votante, al permitir una votación ágil, rápida y, en algunos casos a distancia.
  4. Mayor accesibilidad al voto a grupos vulnerables de personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad.
  5. Reducción del abstencionismo, en particular con el uso de voto por internet, ya que el voto puede ser registrado a distancia y favorece el voto de las personas en países extranjeros.
  6. Ahorro de gastos de operación en la elección por la reducción de las horas trabajadas del personal en las mesas de votación; la disminución de costos de producción y distribución de boletas; gastos por conceptos de logística y papelería.

A nivel internacional, se ha implementado la votación exitosamente en países como la India y Brasil, en donde la votación electrónica vinculante se ha llevado al 100 por ciento de la votación de manera gradual.[9]

Brasil es un caso de éxito porque ha logrado garantizar la seguridad y transparencia, a través de la participación de partidos políticos y ciudadanos en la observación y evaluación de las etapas para la preparación del voto electrónico. Por su parte, en la India se ha logrado implementar un sistema de votación con el costo por máquina más bajo en el mundo (300 dólares por máquina)[10].

La implementación del sistema de votación electrónica es factible en México y puede contribuir a garantizar la certeza en las elecciones al fortalecer los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio del voto y, con ello, la calidad de las elecciones.

8. Reducción de los periodos de campaña

México tiene de los periodos de campaña más largos de América Latina. En países europeos como España y Francia la duración es aún menor (15 días), esto facilita la reducción de costos por campañas más cortas, permite tener un mayor control sobre los gastos de los partidos, e incentiva a que los candidatos se concentren en las propuestas.

Asimismo, existe la percepción de que la larga duración de las campañas no favorece el debate ni tiene un impacto en los niveles de participación ciudadana. Por el contrario, puede ocasionar fastidio electoral. En este sentido, se identifican las siguientes ventajas de reducir los costos de campaña:[11]

  1. Impacto positivo en el costo y uso efectivo de medios de comunicación.
  2. Ahorro sustancial de recursos.
  3. Distribución del ahorro del gasto a rubros de desarrollo social.
  4. Mayor facilidad para fiscalizar el gasto.
  5. Reducción del costo de la democracia.

9. Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

El combate a la corrupción ha sido uno de los principales ejes de acción durante el primer año de gobierno de la nueva administración federal y se mantiene como una de las principales preocupaciones de los mexicanos. No obstante, la política anticorrupción del gobierno federal ha sido implementada sin utilizar los espacios de coordinación y recursos técnicos ofrecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. El cual, además de haber sido desaprovechado, ha sido debilitado con fuertes recortes presupuestales.

Una política anticorrupción exitosa debe de incluir necesariamente la participación del Poder Ejecutivo, pero también de los Órganos Autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la academia y sociedad civil. Además, debe de ser acompañada por un diagnóstico claro, un plan y estrategia concreta, y mecanismos de evaluación y seguimiento. El Sistema Nacional Anticorrupción ofrece un espacio de coordinación donde las distintas instituciones encargadas de combatir la corrupción pueden diseñar acciones conjuntas que tengan un mayor impacto y efectividad en combatir la corrupción. Dentro del marco de responsabilidades del SNA es necesario:

  • Fortalecer a las fiscalías especializadas anticorrupción. La voluntad política, por sí sola, no es suficiente para terminar con la impunidad imperante en los casos de corrupción. Ésta debe de ir acompañada de fiscalías capaces de, primero, encontrar la evidencia necesaria para probar la existencia y operación de redes de corrupción, y segundo, presentarla a un juez de manera convincente. Lo anterior requiere de personal especializado y con capacitación constante, acceso oportuno y sin barreras a sistemas de información y un diseño institucional que garantice la autonomía de estos órganos de decisiones política. 
  • Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés. A pesar de haber sido una de las principales demandas ciudadanas de los últimos años la implementación de un sistema claro y eficiente de evolución patrimonial y detección de conflictos de interés ha sido pospuesto en más de una ocasión. Además de la aprobación de los formatos de las declaraciones, es necesario establecer un sistema interconectado que facilite la revisión en tiempo real de las declaraciones de los servidores públicos.
  • Robustecer la Plataforma Digital Nacional del SNA. Uno de los principales componentes del SNA es la creación de una Plataforma Digital Nacional que permita utilizar herramientas de análisis de datos para detectar riesgos de corrupción, automatizar procesos y generar indicadores confiables y proveer al gobierno de los datos y estadísticas necesarias para dar seguimiento a las políticas anticorrupción implementadas. Si bien esta plataforma podría ser una de las principales herramientas de inteligencia para diseñar mejores intervenciones de política pública, los recortes sufridos en el último año han limitado su funcionalidad y alcance. 

10. Crear una Ley General de Contrataciones Públicas

La mayoría de los escándalos de corrupción de los últimos años han estado vinculados a esquemas de desvío de recursos al momento de ejecutar compras públicas. En gran medida, las redes de corrupción aprovechan la disparidad e inconsistencia en las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales, así como lagunas importantes en las leyes federales, para extraer recursos del erario. La creación de una Ley General de Contrataciones Públicas permitiría establecer un mismo proceso y estándar para los procesos de compra de todos los niveles de gobierno que favorezcan la libre competencia económica y corrijan las deficiencias que han propiciado el funcionamiento de esquemas de corrupción como el de la Estafa Maestra.

11. Crear una nueva plataforma electrónica de contrataciones públicas.

La plataforma electrónica de compras públicas actual, COMPRANET, es deficiente y mal utilizada. Si bien ésta debería de ser utilizada como una plataforma transaccional donde todo el proceso de contratación sea realizado de manera electrónica, la realidad es que ha sido utilizada simplemente como un repositorio de información incompleta y de baja calidad. El diseño y uso deficiente de la plataforma imposibilita el uso adecuado de los datos registrados. A pesar de que el gobierno federal anunció un rediseño de la plataforma, ahora en manos de la Secretaría de Hacienda, éste no ha sido implementado. La nueva plataforma de contrataciones deberá incorporar el ciclo completo de contratación: planeación, licitación y ejecución. Además, deberá ser completamente transaccional, estandarizada, confiable, transparente y amigable al usuario. Los campos registrados de cada proceso de compra deberán de ser utilizados para implementar una política de datos para la revisión y auditoría de procesos de contratación.

12. Establecer y/o fortalecer los programas de integridad corporativa

El combate a la corrupción debe atender de igual forma los riesgos y malas prácticas del sector privado. Los programas de ética e integridad empresarial son un instrumento útil para guiar y proteger las actividades de las empresas. Es necesario implementar un catálogo de estándares mínimos de cumplimiento en las empresas, mediante normas o reglas de actuación en concordancia con los ordenamientos internacionales y nacionales, donde las empresas puedan acreditar que su programa de cumplimiento está sustentado en un diagnóstico preliminar, que el personal conoce el programa y que éste es supervisado por un oficial responsable de su cumplimiento.

[1] Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, “Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política”,  http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/03/asun_3824336_20190305_1551816544.pdf

[2] Instituto Nacional Electoral, “Reporte de Financiamiento Anual Ordinario”, Actores políticos, https://militantes-pp.ine.mx/sifp/app/reportesPublicos/financiamiento/reporteFinanciamientoOrdinario?execution=e1s1 (Consultado el 14/07/2019).

[3] Jorge Kristian Bernal Moreno, El financiamiento de los partidos políticos en el derecho comparado. Alternativas para México (México: Universidad Autónoma de México, S/F), https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/6.pdf (Consultado el 14/07/2019).

[4] Claudia Gamboa Montejano, Segunda Vuelta Electoral: Estudio Teórico Conceptual, de Derecho Comparado y de Iniciativas presentadas en la materia (México: Cámara de Diputados, 2017) http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15_17.pdf (Consultado el 14/07/2019).

[5] Mario Fernández y José Thompson, El voto obligatorio en Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina (Suecia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2007), https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-13.pdf (Consultado el 14/07/2019).

[6] Armando Soto Flores, El voto obligatorio con sanción: una alternativa para lograr la democracia en México (México: Universidad Autónoma de México, 2013), http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60717/53593 (Consultado el 14/07/2019).

[7] Ludwig Van Bedolla Tapia, Formación de partidos políticos en perspectiva comparada (México: Universidad Autónoma de México, 2014) https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5099/7.pdf (Consultado el 14/07/2019).

[8] IDEA Internacional, Una introducción al voto electrónico: consideraciones esenciales (Costa Rica: IDEA Internacional, 2011), https://www.idea.int/sites/default/files/publications/una-introduccion-al-voto-electronico.pdf (Consultado el 14/07/2019).

[9] Agustín Castilla Marroquín, “Análisis Jurídico, Económico y Social para la Implementación del Voto Electrónico en los Procesos Electorales Federales en México “, (Tesis de maestría, EGAP-ITESM, 2012).

[10] Ibíd.

[11] Margarita Sánchez Escobar, “Democracia y sistema electoral: Duración de Campañas Electorales”, Revista Pluralidad y Consenso, (2016),  http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 (Consultado el 14/07/2019).

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V. GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES

  • En la última década México cayó 7 posiciones en el subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces al pasar de la posición 28 en 2007 a la 35 en 2017
  • En los últimos 10 años el promedio de días requeridos para abrir una empresa a nivel mundial se redujo a la mitad: pasó de 30 a 15 días entre 2007 y 2017
  • En Brasil, el tiempo promedio para abrir una empresa en 2017 fue de 83 días. En Canadá fue de apenas 36 horas

El subíndice Gobiernos considera la forma en que éstos son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus países. En particular, se mide el impacto de las políticas e instituciones de gobierno en la competitividad de los mercados mediante tres ejes: 1) el costo de hacer negocios, asociado a trámites e interacción con autoridades, 2) la calidad de la regulación sectorial y promoción de la competencia y 3) la suficiencia y eficiencia del gasto público.

Tabla V.1 Indicadores que conforman el subíndice Gobiernos

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Dinamarca

Por sexto año consecutivo obtuvo el primer lugar en este subíndice. De los 12 indicadores analizados, Dinamarca se ubicó dentro de las primeras cuatro posiciones en la mitad de ellos. Sobresale por ser el país que mayores ingresos fiscales obtuvo como porcentaje de su PIB (34%) al tiempo que gravó con la segunda menor carga impositiva a las empresas como porcentaje de sus utilidades (25%). Es también el tercer país en el que menos días se requirieron para la apertura de una empresa (cuatro días en promedio) y uno de los cuatro países con mayor nivel de desarrollo del gobierno electrónico y menor impacto de la informalidad en su economía. También formó parte de la Alianza para el Gobierno Abierto.

2° Suecia

Tuvo un desempeño relativamente alto en más de la mitad de los indicadores que componen este subíndice. En siete de ellos se ubicó dentro de los primeros 10 lugares. La elevada recaudación como porcentaje de su PIB (28%), la efectividad de su gobierno (1.8 de 2.5 puntos posibles), el grado de implementación del gobierno electrónico (0.9 de 1 punto posible), el formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, así como el limitado impacto de la informalidad en su economía explican la posición de este país en el subíndice.

3° Noruega

Se ubicó en la tercera posición de este subíndice al tener cuatro indicadores dentro de las primeras tres posiciones. Ocupó la segunda posición en el índice de efectividad del gobierno (2 puntos de un máximo de 2.5), es el segundo país con el menor impacto de la informalidad en el desarrollo de su economía (8 de 100 puntos), y el tercero en el que se requiere menor tiempo para preparar y pagar impuestos (83 horas frente a un promedio de 237 horas). Al igual que Dinamarca y Suecia, Noruega formó parte de la Alianza para el Gobierno Abierto.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Tiempo de altos ejecutivos a temas burocráticos (6.9 de 10 puntos)

De acuerdo con datos del Fraser Institute, México se ubicó en la posición 12 de entre los países evaluados en relación al tiempo exigido a sus ejecutivos para tratar temas burocráticos al obtener 6.9 puntos en este indicador.

Impuesto sobre el ingreso (14% de un ingreso equivalente al PIB per cápita del país)

México ocupó el lugar 16 en este indicador con una tasa impositiva de 14% sobre el ingreso. Esta cifra fue tres puntos porcentuales inferior a la que en promedio presentaron los 43 países analizados (17.3%).

Deuda total del gobierno central (47% del PIB)

México se ubicó en la posición 19 en este indicador con una deuda que equivale al 47% de su PIB. Aunque en años recientes ha habido un crecimiento importante de las obligaciones financieras del Gobierno mexicano como porcentaje de su producto interno bruto (entre 2001 y 2017 pasó de 22 a 47%), éstas se mantuvieron 18 puntos porcentuales por debajo del promedio (65%) de los países de la muestra.

DEBILIDADES

Carga impositiva (52% de las utilidades)

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la carga impositiva que enfrentaron las empresas en México equivale al 52% de sus utilidades frente a un valor medio de 45% en el resto de los países de la muestra. Por esta razón nuestro país se ubicó en el lugar 34 de 43 en este indicador.

Índice de efectividad del gobierno (0 puntos de un rango de -2.5 a 2.5 puntos)

La efectividad del Gobierno mexicano fue relativamente baja en comparación con la mayoría de los países evaluados. Mientras que México obtuvo 0 puntos de un rango que va de -2.5 a 2.5 puntos, los 43 países evaluados obtuvieron en promedio 0.8 puntos. Lo anterior posicionó a nuestro país en el lugar 37 de 43.

Economía informal (2.1 puntos de cien)

México ocupó la penúltima posición (2.1 puntos de 100 posibles) en cuanto a la percepción de las empresas sobre el impacto de la informalidad en el desarrollo de la economía, solamente por delante de Colombia (1.8 puntos). El promedio de la muestra de países analizados fue de 5.1 puntos.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE GOBIERNOS

IMCO PROPONE

1. Implementar la Ley General de Archivos

Uno de los principales componentes en el combate eficaz a la corrupción es tener condiciones de transparencia y rendición de cuentas que generen certidumbre a la ciudadanía. El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos, que busca establecer los principios y las bases generales para la organización, conservación y administración homogénea de los archivos que se encuentren en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

A partir de su publicación se cuenta con un año para implementarla y para ello se requerirá lo siguiente:

  • Monitorear la armonización del Sistema Nacional de Archivos. Este ejercicio exige documentar, a partir de indicadores de seguimiento y evidencia, los avances en su implementación para atender áreas de mejora.
  • Asegurar la independencia del Archivo General de la Nación. Para cumplir con el objeto de la ley, es indispensable que el órgano encargado de resguardar y administrar la memoria histórica del país cuente con los recursos presupuestales y humanos necesarios. Además de cumplir con todas las obligaciones de transparencia que le corresponden.

2. Consolidar un servicio civil de carrera funcional en áreas clave de las administraciones públicas

Las últimas administraciones han fracasado en el establecimiento de un servicio civil de carrera que funcione adecuadamente. Parte fundamental de un buen gobierno es contar con una administración pública técnica, especializada e independiente, que permita la implementación de políticas públicas de la forma más eficiente.

En este sentido, el servicio civil en México tiene que ser un sistema de administración y gestión de recursos humanos que:

  • Cuente con reglas y procedimientos transparentes que permitan la igualdad de oportunidades en el ingreso al sector público.
  • Asegure el desarrollo profesional y una carrera en el sector público, con base en reglas y principios meritocráticos, enfocados a satisfacer de forma efectiva y especializada las demandas que enfrenta la administración pública.

Actualmente, existen modelos exitosos, como el del Banco de México, que podrían servir de guía para implementar el servicio civil de carrera en áreas clave de las administraciones públicas como finanzas, fiscalización, control, transparencia, procuración e impartición de justicia.

3. Crear un Consejo Fiscal

La responsabilidad hacendaria no es cuestión menor. La SHCP tiene a su cargo la proyección y estimación de una serie de variables sobre el comportamiento de la economía. Año con año, se han realizado reajustes y correcciones a dichas estimaciones. Estos constantes cambios han generado incertidumbre, con un costo enorme para el país. Por ello, el Fondo Monetario Internacional recomendó a México para elevar la discusión en materia de política fiscal y visualizar sus áreas de oportunidad en el corto, mediano y largo plazo.

Al respecto, el Congreso de la Unión es el encargado de la autorización y revisión de los paquetes económicos para cada ejercicio fiscal. Sin embargo, la discusión se ha limitado a la aprobación de lo que el gobierno presenta. Por ello, se requiere un órgano técnico e independiente encargado de generar sus propias proyecciones y estimaciones, que sirvan de contrapeso y mejoren la certidumbre del país en materia económica. Por ello, es necesario alentar la conformación de un Consejo Fiscal, técnicamente robusto, que dé sostenibilidad a las finanzas públicas en sus distintas dimensiones: ingresos, deuda y gasto.

Este Consejo, tal y como ocurre en más de treinta órganos de su tipo en el mundo, deberá contar con facultades para:

  • Asesorar a las comisiones de hacienda y presupuesto.
  • Proporcionar información a los legisladores.
  • Realizar análisis económico.
  • Elaborar estudios.
  • Analizar el paquete económico.
  • Participar en foros.

4. Consolidar fiscalías generales autónomas

En 2018 comenzó a operar la FGR, dando pie a una verdadera transformación institucional que pretende mejorar la calidad de la procuración de justicia mexicana. Para lograrlo se requiere asegurar el funcionamiento de sus condiciones mínimas de operación a partir de acciones que garanticen:

  • Servicio civil de carrera con un adecuado esquema de incentivos.
  • Fortalecimiento de la Visitaduría (Unidad de Asuntos Internos)
  • Aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación.
  • Monitoreo permanente de su desempeño.
  • Implementar esquemas de colaboración con fiscalías locales.
  • Fortalecer mecanismos de participación ciudadana

5. Sistema Nacional de Mejora Regulatoria

Uno de los principales retos que enfrentan las empresas mexicanas es el excesivo catálogo de trámites y servicios que, además de elevar los costos, abren espacios a discrecionalidad, opacidad y actos de corrupción.

El 18 de mayo de 2018 se publicó la Ley General de Mejora Regulatoria que busca perfeccionar regulaciones y simplificar trámites y servicios para eliminar los retos que las empresas han enfrentado en los tres órdenes de gobierno. Si bien hay algunos avances por parte del Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), para cumplir cabalmente con el objetivo de un sistema, se deberá poner énfasis en las acciones encaminadas a:

  • Emitir el Reglamento de la Ley General de Mejora Regulatoria.
  • Instalar el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
  • Implementar el Registro Federal de Trámites y Servicios.

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VI. MERCADO DE FACTORES EFICIENTE

  • En 2017, el valor agregado de la industria en México decreció 7.8% respecto a su valor en 2015.
  • El promedio de la productividad media del trabajo de los países aumentó de 2015 a 2017 pasando de 57 mil 419 dólares por persona económicamente activa a 59 mil 319 dólares.
  • China aumentó de manera destacable la eficiencia de su mercado de factores, escalando 8 posiciones respecto a 2015, esto debido a que en 3 de los 8 indicadores subió de lugar.

El subíndice Mercado de factores mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de energía. Se incluyen indicadores sobre la productividad del trabajo, el valor agregado de la industria y la agricultura, la flexibilidad de las leyes laborales y la eficiencia energética. Aquellos países donde los trabajadores son más productivos y donde se utiliza la energía de manera más eficiente, son más atractivos para el talento y la inversión.

Tabla VI.1 Indicadores que conforman el subíndice Mercado de factores.

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Irlanda

Irlanda se coloca en el primer lugar debido a que en la mitad de los indicadores se ubicó dentro de los 10 mejores países. Su industria fue la que generó mayor valor agregado con 308 mil 401 dólares por trabajador industrial y es también el país que presentó la mayor eficiencia energética. Además, su productividad laboral fue la segunda más alta con 158 mil 334 dólares por persona económicamente activa. En términos de transparencia se colocó como el séptimo con mejor calificación en el índice de transparencia y regulación de la propiedad privada.

2° Suiza

Suiza ocupa el segundo lugar en el subíndice ya que en cuatro de los indicadores se encontró dentro de las tres mejores posiciones. Destaca el segundo lugar en cambio de inventarios. Además del tercer lugar en eficiencia energética, valor agregado de la industria con 172 mil 743 dólares de 2010 por trabajador y una productividad media del trabajo de 131 mil 634 dólares de 2010 por persona económicamente activa.

3° Noruega

Tres indicadores explican la posición de Noruega. Al ocupar el primer lugar en la métrica de productividad media del trabajo con 172 mil 706 dólares por persona económicamente activa y un segundo lugar tanto en valor agregado de la industria (298 mil 352 dólares de 2010 por trabajador) como en el valor agregado de la agricultura (130 mil 085 dólares de 2010 por trabajador).

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Edad de retiro (69 años) *

México se coloca en la cuarta posición del indicador con una edad para el retiro 6 años por arriba del promedio de los 43 países evaluados.

*única fortaleza

DEBILIDADES

Valor agregado de la agricultura (5 mil 505 dólares por trabajador agrícola)

México se posicionó en el lugar 37 en este, mientras que el promedio de los países seleccionados es de aproximadamente 40 mil dólares.

Productividad media del trabajador (22 mil 122 dólares por PEA)

La productividad media de los trabajadores en México es una de las 12 más bajas. La productividad del país es menos de la mitad que el promedio de los 43 países.

Valor agregado de la industria (25 mil 874 dólares por trabajador industrial)

El país se ubica en la posición 31 de este indicador ya que el valor agregado generado por el sector industrial es casi 50 mil dólares menos que el promedio de los países evaluados.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE MERCADO DE FACTORES

IMCO PROPONE

PRODUCTIVIDAD Y FORMALIDAD LABORAL

1. Reformar el sistema de seguridad social para trabajadores.

El esquema actual de seguridad social para trabajadores no incentiva correctamente la generación de empleos formales y productivos. Durante años, el IMCO ha planteado que la implementación de un sistema de seguridad social universal desvinculado del estatus ocupacional de las personas reduciría las disparidades en el costo para contratar personal formal o informal. Esta propuesta impulsada por Santiago Levy[1] permitiría corregir las distorsiones del sistema actual, que puede desincentivar en el largo plazo la creación de nuevas plazas de trabajo formales. La propuesta debe ir acompañada de un esquema de protección ante el despido, como un seguro de desempleo. En este sentido, el seguro de desempleo financiado con aportaciones de empresas y trabajadores es un mecanismo de flexibilización del mercado laboral, ya que es un precursor de la eliminación del mecanismo de liquidación laboral.

Según Santiago Levy, destrabar la regulación de despidos y unificar al sistema social contribuye a generar mejores oportunidades labores en el sector formal para los trabajadores, así como la posibilidad de ganar salarios más altos a lo largo de su vida[2]. Quitar la asociación entre estabilidad laboral y seguridad social a través de implementar una política de seguros de desempleo, en vez del actual mecanismo de liquidación laboral, lograría dar mayor flexibilidad al mercado laboral.

2. Reducir la tasa efectiva de ISR para los trabajadores de ingresos más bajos.

La política fiscal que regula las relaciones de trabajo asalariado en México también contribuye a la falta de generación de empleos formales. Recientes análisis del IMCO apuntan que la estructura de cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) de asalariados comienza a imponer tasas nominales y efectivas muy altas a los trabajadores con salarios bajos, en comparación con otros países de América Latina.

Una propuesta para mejorar la equidad del cobro de este impuesto implicaría la reducción de tasas de ISR y cuotas fijas contenidas en la Ley de ISR, de manera que los trabajadores de los primeros siete deciles pagarán una tasa sustantivamente menor a la actual.

INVERSIONES DE CAPITAL

1. Desarrollar capacidades de la fuerza laboral frente a los procesos de automatización del trabajo.

Un análisis del IMCO, con base en el trabajo de Frey y Osborne[3], revela que cerca del 35% de la Población Económicamente Activa Ocupada en México labora en ocupaciones que tienen una probabilidad muy alta de ser automatizadas en los próximos 10 o 20 años. La automatización de procesos, tanto en industrias como en servicios, tiene el potencial de elevar la productividad. Sin embargo, también puede hacer obsoletas las habilidades de sectores enteros de trabajadores. Las personas con ocupaciones intensivas en trabajo mecánico o repetitivo son las más vulnerables a estos cambios tecnológicos. En principio, la política pública debe enfocarse en hacer que las inversiones en máquinas, robots y programas computacionales sean un complemento del trabajo y no un sustituto perfecto. Esto se logrará únicamente con capacitación laboral que permita a los trabajadores adquirir habilidades para operar nuevas tecnologías. De lo contrario, los mercados laborales podrían experimentar un desequilibrio importante en las siguientes décadas.

2. Identificar y corregir disparidades tributarias entre tipos de activos y fuentes de financiamiento.

De acuerdo con un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional[4], eliminar las distorsiones de disparidades tributarias que discriminan entre tipos de bienes capital, fuentes de financiamiento, formalidad de empresas y tamaño de empresas, puede contribuir un cuarto de punto porcentual al crecimiento económico de los países en desarrollo.

Estas disparidades se ven reflejadas, por ejemplo, en la diferencia que existe entre la tasa marginal efectiva impuesta a la compra de maquinaria y la que corresponde a estructuras y edificios. Esta diferencia puede orillar a los inversionistas a hacer compras de capital a bienes de capital menos rentables, pero con ventajas tributarias. De igual manera, las disparidades se observan entre fuentes de financiamiento. Si las tasas impositivas sobre la inversión financiada con capital son más altas, en comparación a la impuesta sobre el financiamiento de deuda, se corre el riesgo de reducir el incentivo a reducir gasto en inversiones que necesitan de recursos patrimoniales, como el de Investigación y Desarrollo.

3. Reducir el ritmo y la magnitud del endeudamiento público para liberar recursos prestables a la inversión privada.

Con datos del Banco de México, es posible observar que los Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB han pasado de menos del 30%, en 2007, a mantenerse cerca del 45%, desde 2016 a la fecha. La razón de deuda pública sobre el PIB se ha incrementado en últimos 10 años, con efectos directos y poco visibles sobre la economía o el bienestar de las familias. El endeudamiento público puede actuar en detrimento de la inversión privada, ya que absorbe recursos prestables de los mercados de crédito que podrían ser usados por empresas. Es necesario disminuir el riesgo de desplazamiento de recursos, reduciendo las distorsiones que pueda imponer el endeudamiento público en los mercados crediticios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMPIA

1. Promover la concientización social sobre la eficiencia energética.

Actualmente existen 30 NOMs que disponen de criterios de eficiencia energética para motores industriales, electrodomésticos, sistemas de alumbrado, edificaciones y vehículos, entre otros. Sin embargo, los beneficios económicos de estas normas solo se verán reflejados con la sustitución de equipos y aparatos por parte de los consumidores. Por ejemplo, en el sector doméstico, las acciones de eficiencia energética permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 34%, lo que representa un ahorro por hogar entre $mil938 y $19 mil378 pesos al año (según el tipo de tarifa).

2. Crear normas técnicas obligatorias (NOM) para la construcción, operación y mantenimiento de equipo para generación distribuida y redes inteligentes.

La generación distribuida de producción de electricidad utiliza tecnologías (usualmente renovables) a pequeña escala y cercana a los usuarios finales. Es importante contar con estándares, no solo para el equipo, sino para su instalación tecnológica. Esto se vuelve aún más importante para el mercado de energía a pequeña escala.

3. Dar incentivos a inversiones en generación distribuida a través de diferenciar los Certificados de Energía Limpia (CELs) por escala de producción.

Los CELs son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que acredita la producción de energía eléctrica a partir de energías limpias. La norma debe permitir a los pequeños productores, menores a 10kW de capacidad instalada (usuarios residenciales y comerciales), obtener más certificados por la misma unidad de energía que un gran productor. También se les puede permitir amortizar los pagos de cada certificado en el futuro desde el primer año para facilitar su financiamiento.

4. Transitar del subsidio generalizado en el precio de la electricidad a un subsidio a la inversión.

En 2017, el 99% de los hogares mexicanos recibió un subsidio eléctrico. Este subsidio provoca que el verdadero costo de la electricidad no se refleje en el precio pagado por quien recibe el servicio. Tan solo entre 2004 y 2014, el monto del subsidio ascendió a poco más de 1 billón 350 mil millones de pesos a precios de 2019. Según un reciente estudio del IMCO, elaborado en colaboración con el consultor Javier Gala Palacios, este monto agregado de subsidio es suficiente para instalar paneles solares en todos los hogares de México.[5] La propuesta para diseñar e implementar un esquema gradual de transición de un subsidio generalizado, a través del precio, a un subsidio a la inversión en paneles solares conlleva muchos beneficios. Para los hogares, se genera una protección contra cualquier aumento en el precio de la electricidad, el subsidio se convierte en inversión en el patrimonio de las familias con menos recursos. Para la sociedad, se transita al uso de energías renovables y limpias, se reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, y el gobierno, eventualmente, podría quitar el subsidio generalizado en la electricidad liberando recursos para otros proyectos o programas.

5. Inversión en energía eólica en el Istmo de Tehuantepec.

Hay una necesidad urgente de generación de energía eléctrica en la zona del sur-sureste del país. La perspectiva energética de 2017 de la Secretaría de Energía, estimó que para 2030 será necesario ampliar la capacidad instalada de generación en 13,273.5 MWh, aproximadamente, el doble de la capacidad actual. Una inversión de 34 mil millones de dólares aseguraría las necesidades energéticas de la región hasta 2030. El esquema de inversión prevé que el 63% de la energía sea de fuentes renovables y el 37% de fuentes convencionales. De esta forma, se aprovechan los bajos costos de la energía renovable, sin dejar de garantizar la continuidad del suministro. En términos de energía renovable, el Istmo de Tehuantepec es la mejor zona de América para este tipo de generación. Chiapas tiene capacidad para generar el 37% de la demanda nacional de electricidad. Mientras que Campeche y Yucatán tienen el potencial para generar el 50% de la demanda nacional de electricidad.

6. Dar certidumbre a los compromisos gubernamentales en las inversiones en infraestructura y generación de energía.

La reciente cancelación de los proyectos de líneas de transmisión, así como de las subastas eléctricas, tiene efectos adversos en el mercado eléctrico. Primero, cancelar la inversión en infraestructura provoca que la distribución de electricidad sea ineficiente, ya que no permite la transmisión de energía de manera ininterrumpida y confiable de los centros de producción a las zonas con mayores necesidades energéticas. La cancelación de más subastas eléctricas podría retrasar el desarrollo de capacidad adicional para producir energía renovable, poniendo presión en los precios para satisfacer la creciente demanda y generando incertidumbre en el mercado. El capital privado de riesgo ofrece una fuente alternativa de financiamiento para un Gobierno federal que impone un esquema de austeridad en el gasto público. Dar certidumbre y cumplir con las obligaciones derivadas de inversiones en infraestructura, licitaciones y subastas de electricidad y energías renovables, es la mejor forma de lograr una transición nacional al abastecimiento de energía a precios estables y con fuentes renovables.  

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

1. Autorizar y regular la producción comercial de productos agrícolas genéticamente modificados.

De acuerdo con datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entre 1994 y 2016 la productividad agrícola de México ha crecido cerca de un 2.5% anualmente. México debe instrumentar políticas que permitan la investigación, siembra, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, incluso en cultivos sensibles como el maíz, con el fin de elevar la productividad por hectárea e incentivar innovaciones útiles para las necesidades específicas del país (por ejemplo, resistencia a sequía, o investigación en maíz blanco). La introducción de estos productos debe estar acompañada de una restricción de su venta y siembra en zonas donde pueda verse afectada la biodiversidad. México debe invertir en que los agricultores conozcan y usen paquetes tecnológicos de mayor productividad. Una política pública inteligente en el tema de organismos genéticamente modificados (OGM) buscaría un equilibrio entre los intereses de los grupos conservacionistas, que tienen por objetivo preservar la información genética del maíz y otros granos, y el aumento de la productividad del sector. 

​En general, los paquetes tecnológicos deberían intensificar la productividad por hectárea, para que el país pueda dedicar una mayor superficie a otros fines, como agroproductos con mayor valor agregado, o la conservación ambiental. Una política pro-OGM podría ser útil para preservar el capital natural, siempre y cuando los incentivos, zonas y temporadas de veda, así como usos específicos, estén claramente regulados y sea fácil para la autoridad hacer cumplir la regulación. El control biológico de plagas es una tecnología superior al control químico, y el reto de la regulación es administrar los nuevos riesgos y complicaciones que pueden resultar de su uso. 

Las prohibiciones al uso de OGMs pueden propiciar el uso indebido y la introducción de variedades que no fueron desarrolladas para México. Los subsidios al agricultor deberían estar en función del uso ​de tierra, agua e insumos, premiando a quien adopte tecnologías que faciliten un uso más racional de estos recursos escasos. 

2. Subsidiar a consumidores, no a productores de alimentos: instrumentar programas similares a los cupones de comida de Estados Unidos, a través de tarjeta electrónica, que permitan a los beneficiarios adquirir alimentos en cualquier establecimiento al mayoreo o menudeo.

De esta forma se estimula el crecimiento de las redes de distribución privadas, lo cual ayuda a crear infraestructura en zonas de bajo desarrollo. Esto implica que el papel del Estado se limite a ser un mecanismo financiero y de supervisión, y desmantelar la red pública de distribución de alimentos en el mediano y largo plazo, incluyendo Diconsa, Liconsa y otros. En esta línea, se deben eliminar subsidios a productos de bajo valor agregado, como el maíz, y aumentar apoyos para administrar riesgos climáticos, de precio y de mercado en productos de alto valor agregado.

3. Organizar el sistema de propiedad de la tierra.

Ante las dificultades para que los ejidos cambien su régimen de propiedad a uno de propiedad privada, México debería unificar las bases de datos de Registro Público de la Propiedad y catastros con el Registro Agrario Nacional (RAN), con el fin de dar transparencia al mercado de tierra y evitar conflictos de régimen jurídico y de propiedad. Por otra parte, es necesario profesionalizar el derecho ejidal mediante la asesoría del poder judicial. En este sentido, se debe hacer pública la información de las decisiones de las asambleas ejidales, así como los procesos de decisión colectiva para evitar esquemas clientelares como votaciones a mano alzada y coerción al interior de los ejidos.

Por otra parte, la prescripción de los asuntos agrarios debería limitarse a un plazo razonable, por ejemplo de 15 años, con el fin de evitar litigios interminables en materia agraria. De igual manera, se deben hacer cumplir los contratos en el sector ejidal, dando las garantías a la inversión en ese sector, que se establecen en los tratados comerciales internacionales. 

[1] Santiago Levy, «Seguridad social universal: Un camino para México», Nexos, (2012),  http://www.nexos.com.mx/?p=15047 (Consultado el 01/10/2019).

[2] Santiago Levy, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México (Washington D.C.: BID, 2018).

[3] Carl Benedikt Frey y Michael Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? (Oxford: Universidad de Oxford, 2013), http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf

[4] Fondo Monetario Internacional (FMI). Fiscal Monitor: Achieving More with Less (Washington D.C.: FMI, 2017), https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/04/06/fiscal-monitor-april-2017

[5] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Energía solar para los hogares de México”, 2019, https://imco.org.mx/temas/energia-solar-los-hogares-mexico/#_ftn1

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VII. ECONOMÍA ESTABLE

  • México sigue mostrando fortalezas en estabilidad de precios y bajo desempleo, sin embargo, el crecimiento económico y el sector financiero son nuestras debilidades.
  • La economía china logra robarle el primer lugar a Suiza tras años de tasas de crecimiento por arriba del 6%.
  • El crecimiento económico promedio de los países ha disminuido en los últimos años.

El subíndice Economía mide las principales características económicas de los países. Dentro de este subíndice se incluyen indicadores sobre el crecimiento de la economía, la volatilidad de los precios, la situación de la deuda, la riqueza del país en activos financieros y las reservas internacionales. Los países con economías estables y mercados competidos atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, más propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.

Tabla VII.1 Indicadores que conforman el subíndice Economía

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° China

China se mantuvo dentro de las primeras cinco posiciones en los indicadores de crecimiento económico, deuda externa, activos depositantes y reservas. Su crecimiento en 2017 fue del 6.9%, cifra por encima del promedio general de 3.1%. Mientras que la deuda externa emitida por el país es de 13% del PIB, menor al promedio general de 131% y solo por arriba del 11% de Nigeria. Los indicadores en los que el país muestra debilidades son los relacionados con la estabilidad en las tasas de crecimiento y estabilidad en precios. Mientras que, el indicador de desempleo permaneció aproximadamente en la misma situación que en 2015 pasando de 4.6 a 4.7%.

2° Suiza

Suiza obtuvo el segundo lugar debido a que en ocho de los 12 indicadores que componen este subíndice, se encontró entre los primeros 10 lugares.  El país obtuvo la primera posición en calificación de la deuda con la calificación máxima y en reservas con 2 mil 196 dólares por cada mil dólares de importación. Además, los indicadores de activos financieros, activos de los depositantes e inflación promedio se posicionan entre los tres primeros lugares del ranking. Sin embargo, en el indicador de crecimiento económico mostró un desempeño menor al promedio general.

3° Canadá

Al igual que Suiza y Alemania, Canadá obtuvo el máximo puntaje en el índice de calificación de la deuda. Asimismo, sigue manteniéndose en la posición número uno en los indicadores de variabilidad de inflación y activos de los depositantes. Adicionalmente, subió 21 posiciones en el indicador de crecimiento económico. Mientras que una de las debilidades observadas se relaciona con las reservas, las cuáles se ubican por debajo del promedio.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Variabilidad de la Inflación (Desviación estándar de 0.8 en los últimos 10 años)

México, obtuvo la tercera posición en este indicador. La estabilidad de largo plazo que exhiben los precios en México coloca a nuestro país únicamente por debajo de Canadá y Países Bajos.

Desempleo (3.4% de la PEA)

La tasa de desempleo ubicó a nuestro país como el sexto con el mejor resultado.

Deuda externa (39% del PIB)

México se encuentra en la posición 13 con una deuda externa equivalente a 39% del PIB.  La deuda se sitúo por debajo del promedio de 131%.

DEBILIDADES

Inflación (6% anual)

México ocupó la posición 40 de 43 en el indicador de inflación. El 6% de inflación registrado en 2017 fue casi el doble del promedio de los demás países analizados.

Activos de los depositantes (41% del PIB)

De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, los activos de los depositantes en México se mantuvieron en niveles muy bajos. En 2017, el país presentó activos por solo 41% del PIB, este porcentaje tuvo un incremento equivalente a 0.8 puntos porcentuales respecto a 2015 y se ubicó por debajo del promedio general de 99.7%.

Activos del sector financiero (48% del PIB)

El país se ubicó entre los cinco peores en este indicador, únicamente por arriba de Nigeria, Argentina, Indonesia y Guatemala. Respecto a 2015, los activos subieron casi tres puntos porcentuales respecto al PIB, este aumento fue suficiente para que México subiera de la posición 40 a la 39. Sin embargo, el porcentaje de activos del sector financiero se sigue ubicando por debajo de promedio de 181%.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE ECONOMÍA

IMCO PROPONE

1. Crear certidumbre alrededor de los proyectos de infraestructura para atraer inversión.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un proyecto con aproximadamente el 90% de inversión privada, tuvo un impacto importante sobre diversas variables económicas. El peso registró una pérdida de más del 3% contra el dólar, así como una pérdida del 4.2% en el valor de los títulos intercambiados en la Bolsa Mexicana de Valores (la mayor baja desde noviembre de 2016)[1]. Además, el diferencial de tasas de interés entre el bono de 10 años americano y el mexicano, que refleja la prima de riesgo país, incrementó 28% pasando de 4.85 puntos porcentuales con el anuncio de la cancelación (1 de octubre) a 6.21 días después (5 de octubre).[2] A esto se suma el freno impuesto por la Administración a las licitaciones para exploración y perforación petrolera, en particular, el caso mediático de un proceso de arbitraje internacional iniciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para anular ciertas cláusulas del contrato de un oleoducto entre Texas y Veracruz con la empresa TransCanada[3][4]. Tras la disputa, la infraestructura logró entrar en operación en septiembre de 2019[5], pero contribuyó a la incertidumbre. También, la cancelación de programas públicos como las Zonas Económicas Especiales representa un costo de oportunidad en el corto y mediano plazo que equivale a 8 mil millones de dólares y 31 mil empleos[6].

La revocación de contratos públicos en infraestructura genera desconfianza en inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales retiran la inversión actual y futura buscando proyectos más seguros. La razón por la cual no ha habido un deterioro más grave de la cuenta de capital, es el amplio diferencial de tasas que hay entre México y el resto del mundo, que permite a capitales especulativos hacer ganancias de corto plazo.  La señal que se envía al público inversionista al cancelar proyectos de inversión rentables, y perseguir aquellos que no lo son, es que el país perderá viabilidad en el mediano plazo para solventar sus obligaciones públicas y privadas.

El momento adecuado para cancelar inversiones es antes de iniciar las obras para ejecutarlas. Cancelarlas cuando las obras ya están en marcha, y más por razones políticas, es costoso y retrasa el desarrollo del país. Por ello, es indispensable la continuidad en los proyectos públicos de inversión. Las decisiones de en qué activos invertir y cómo hacer las inversiones tiene que ser una decisión técnica, no política, y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todo el ciclo de las inversiones públicas deben asegurar que se cumpla con los costos y tiempos presupuestados en la obra pública, de manera que los costos de su ejecución no sean mayores al beneficio obtenido. 

2. Replantear las políticas de austeridad para no poner en riesgo servicios públicos básicos y generar desaceleración en el crecimiento económico.

Desde el inicio de esta Administración se anunció una política de austeridad a través del recorte al gasto público en todas las dependencias, la salida de 11 mil 820 servidores públicos y el recorte de los sueldos públicos a través de la aprobación de una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En el primer trimestre de 2019 el gasto público total mostró un decremento real del 6.1% respecto a 2018.[7] Los recortes han sido tales que el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció la falta de recursos para el pago de médicos, 0% de avance en obras y pagos a proveedores y el abasto de medicamentos comenzaba a pender de un hilo por lo que el servicio a los derechohabientes estaba en peligro.[8] Además, otras instituciones constitucionalmente autónomas han expresado la necesidad de recortar estudios, servicios e incluso dejar de operar por los recortes públicos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).[9] Lo anterior contribuyó a una disminución de 0.2% en términos reales del producto interno bruto durante el primer trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior.[10] Esta reducción podría empeorar en 2020 dado que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevé una reducción de la inversión física pública de 36 mil millones de pesos, que equivale a una reducción real del 5.4% respecto a 2018, así como recortes agudos de más del 20% en funciones como agricultura, comunicaciones y transportes, economía, desarrollo urbano y turismo[11].

Por otro lado, la Ley de Austeridad que hasta el momento se encuentra de regreso en la Cámara de Diputados por las modificaciones llevadas a cabo por el Senado, contiene aspectos positivos que contribuyen a un verdadero ahorro. Por ejemplo, el reglamentar que las asignaciones presupuestarias de los entes públicos destinadas a la difusión de propaganda y publicidad oficial no pueden ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. A pesar de ello, existen puntos preocupantes cuyos efectos podrían afectar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. El caso más relevante es la posibilidad de un uso discrecional de los ahorros generados en el ejercicio. Con esto, se elimina toda certeza sobre el destino de estos recursos. Antes de esta modificación la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecía que los ahorros se tenían que destinar en programas sociales acorde con el Plan de Nación. Ahora, no solo podrán ser programas sociales previamente establecidos, sino por decreto podría ser cualquier rubro sin fundamento ni motivación. Esto dificulta el monitoreo de los recursos públicos y mina el balance de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo respecto al presupuesto de egresos de cada ejercicio. Los diputados deberían contemplar este riesgo cuando revisen esta iniciativa de Ley.

El Gobierno debe replantear la implementación del recorte agresivo y parejo del gasto público y modificarla por una política de austeridad construida con base en una mejor planeación, así como la utilización de los recursos públicos ahorrados en actividades económicas que promuevan crecimiento y no solo en el saneamiento de las finanzas de Pemex. La apertura de espacios de discrecionalidad para el uso de recursos públicos, como los ahorros, dificulta el monitoreo y fiscalización de los recursos públicos, y puede generar un uso ineficiente e inadecuado de estos. Por lo anterior, es necesario replantear las modificaciones llevadas a cabo por el Senado de la República en la Ley de Austeridad por ser aprobada en la Cámara de Diputados.

3. Mantener los objetivos de inflación para proteger el consumo y los ingresos de las familias. 

La confianza del consumidor se posicionó en su punto más alto en enero de 2019 con 42.1%. Esto sumado al aumento del 16% a nivel nacional del salario mínimo y del 100% en las fronteras es un incentivo para incrementar el consumo privado a nivel nacional, y con ello generar crecimiento económico. Sin embargo, se requiere de una política monetaria adecuada para que estos cambios no se traduzcan en mayor inflación, deteriorando el poder adquisitivo de las familias.

Además, la presión del tipo de cambio, el aumento en precios de los productos agropecuarios y energéticos, y el aumento en aranceles alrededor del mundo son amenazas al objetivo del Banco de México del 3% de inflación. El respeto a la autonomía del Banco, así como la cooperación y coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía es fundamental para garantizar que las amenazas a los objetivos de inflación no se traduzcan en menor poder adquisitivo de los mexicanos, ni tampoco en un menor crecimiento económico.

4. Aumentar la inclusión de mujeres en la economía para incrementar la productividad nacional.

En México, sólo el 44.9% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas[12], que en 2018 representó el 39% de la fuerza laboral[13]. De las mujeres empleadas, el 61% no cuenta con acceso a instituciones de salud. Estas brechas, no sólo preocupan en términos de desigualdad sino además generan un impacto económico considerable. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que si la brecha de género en la fuerza laboral de México se redujera a la mitad el PIB per cápita para el periodo 2013-2040 podría crecer a una tasa promedio anual del 2.46%. Esto implica que, en 2040, el PIB per cápita sería mil 100 dólares mayor, solo por evitar que el capital humano que concentran las mujeres se pierda.

Hasta ahora, a pesar de que en educación básica y media superior hay más mujeres graduadas que hombres, no se ha logrado retenerlas en el mercado laboral o permitir su acceso a empleos formales mejor pagados. En parte esto se debe a que México es uno de los países en donde más horas se trabaja y donde la mayoría de las responsabilidades familiares recaen en la mujer.

Por ello, más allá de las cuotas de género en los congresos, es importante identificar y reducir las barreras de entrada y permanencia que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Esto se puede lograr a través de añadir cierto grado de flexibilidad a los empleos, cambiar los concursos para ciertas vacantes como lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia[14] y respetar e incentivar el uso de los días de paternidad. El Gobierno puede poner ejemplo con políticas que beneficien a los funcionarios públicos, así como generar incentivos para que más empresas se sumen a este tipo de esfuerzos.

 Asimismo, los trabajos actuales de una economía globalizada y construida con base en el avance tecnológico requieren capital humano capacitado para estos empleos, por lo que, la incorporación de mujeres en el mercado laboral va más allá de su inclusión en la formalidad: es necesario cerrar las brechas entre el capital humano masculino y femenino. A partir de esto, se sugiere priorizar la entrada de más mujeres a carreras profesionales en ciencias, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a través del fomento a estas profesiones desde la educación secundaria, los padres a convertirse en defensores en el sistema escolar de sus hijas jóvenes que muestran interés en la educación STEM. La capacitación de los maestros para reconocer el interés y abogar por la inclusión de mujeres jóvenes que muestren interés en estos campos. Mientras que la industria debe asociarse con escuelas, colegios y universidades para proporcionar becas, pasantías y otros programas que ayuden a las mujeres jóvenes a seguir la educación y carreras STEM. El gobierno también tiene un papel que desempeñar al brindar incentivos a las escuelas que desarrollan programas para promover la educación STEM para las mujeres jóvenes. Iniciativas como iniciativas como Girls Who Code y Black Girls Code han sido exitosas en crear puentes entre mujeres, sus preocupaciones sociales y campos científicos.

5. Incrementar la recaudación fiscal con una reforma sobre el ISR y un diagnóstico sobre las condonaciones fiscales.

La recaudación tributaria ha aumentado en los últimos años. En 2007 era apenas 12.01% del PIB, y en 2017 fue equivalente al 16.17% del PIB[15]. Sin embargo, este nivel se encuentra muy por debajo del 34.2% promedio de los países de la OCDE y del 22.8% promedio de América Latina.[16] El funcionamiento de un Estado de bienestar que brinde servicios de salud y educación, programas sociales e infraestructura productiva de largo plazo no es viable si el Gobierno no recauda más y de forma más eficiente.

La Administración tiene una posición favorable en el Congreso de la Unión y en congresos locales para impulsar una reforma tributaria progresiva. Una reforma al ISR de asalariados como la que sugirió IMCO en 2017, que imponga una tasa cero a las personas físicas formales empleadas que ganen hasta 10 mil 298 pesos, ayudaría a mejorar la distribución del ingreso en el país. Además, deben mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir las exenciones existentes y gastos tributarios.

Por el lado del impuesto al valor agregado (IVA), también existen espacios de mejora. Una de los principales problemas para mejorar la recaudación son las condonaciones de impuestos que se otorgan a los contribuyentes. Éstas se refieren a los impuestos que el Estado decidió anticipadamente no cobrar. Se denominan gastos ya que técnicamente deberían ser recursos cobrados por el Gobierno pero que se dejan de cobrar con el propósito que los contribuyentes lo destinen a gastos corrientes, inversión o incentiven algún sector económico. De 2013 a 2018 el monto que el Gobierno dejó de recaudar en este rubro asciende a 4 billones de pesos, el equivalente al 70% del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019. Es necesario que el Estado diagnostique la eficiencia de estas condonaciones y, en su caso, cierre las brechas fiscales que éstas abren en la recaudación tributaria.

El problema de recaudación no corresponde únicamente a nivel federal, de hecho y, en contraste con los países de la OCDE, México tiene la menor recaudación a nivel subnacional: la Federación recauda casi el 94% de los impuestos del país, mientras que los estados recaudan menos del 5% y los municipios menos del 2%. Una política fiscal más equitativa pasa por una revisión al marco de coordinación fiscal y redistribución de los ingresos federalizados. El propósito de implementar esquemas más equitativos a través de una correcta planeación de la política fiscal no es únicamente una mayor recaudación tributaria, sino tiene como objetivo repercutir en una mejor distribución del ingreso, en la creación de empleos y el crecimiento de la economía

6. Reducir la informalidad.

La alta informalidad en México sigue siendo un obstáculo para la productividad. Los trabajadores en el sector informal están atrapados en círculos viciosos de baja productividad, baja remuneración, bajos salarios, dificultades para la inversión y economía de subsistencia. La informalidad y su baja retribución hacen que las desigualdades y la pobreza persistan. El Gobierno debe mejorar los incentivos a la formalización a través de reducir el costo de las contribuciones de seguridad social para los trabajadores menos calificados. Además, se deben de simplificar los sistemas fiscales y regulatorios para facilitar los costos de cumplimiento de las empresas. También, es importante cambiar las reglas de afiliación para que un número mayor de personas en cada familia tenga incentivos a participar en el sector formal, permitir el trabajo de las mujeres y reducir la dependencia de los negocios familiares y de la seguridad social asistencial.

7. Eliminar los precios de garantía a alimentos básicos.

A través del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno federal estableció precios de garantía en el campo mexicano.

De acuerdo con los lineamientos de este programa, el Gobierno federal otorga un subsidio (equivalente a la diferencia entre el valor comercial de su producto y el precio de garantía –fijado por Segalmex–) a pequeños y medianos productores de cuatro granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo panificable) y leche con el objetivo de incrementar sus ingresos, aumentar su productividad y alcanzar la seguridad alimentaria en el país al reducir las importaciones de estos productos; en particular de arroz y trigo.

No obstante, se trata de un programa que, aunque pretende beneficiar a los productores de los cultivos antes mencionados y, en consecuencia, a los consumidores, tiene implicaciones negativas sobre ambos agentes económicos y sobre la economía en su conjunto, en detrimento de todos los mexicanos.

Al garantizar un precio mínimo a los productores por encima del precio de mercado, el Estado mexicano crea distorsiones en las decisiones de oferta y demanda de productores y consumidores, generando excesos de oferta (excedentes) o demanda (escasez) de productos agrícolas y con ello espacios para la corrupción (mercados negros), así como pérdidas en eficiencia.

El programa de precios de garantía del gobierno actual en realidad no es para todos los productores; lo es solamente para los que están en un padrón. Esto abre posibilidades a manejo discrecional de los recursos y corrupción. De expandirse el padrón a todos (o la mayoría) de los productores, las distorsiones en los precios acabarían por perjudicar a los productores y consumidores más pobres.  Los resultados de un estudio realizado por el IMCO[17] a inicios de 2018 con el propósito de analizar las implicaciones de una política de precios agrícolas generalizada[18]  son concluyentes. Al modelar un par de escenarios con precios de garantía superiores en 20% y 50% al precio de mercado de los cultivos antes mencionados (equivalente al precio internacional de los mismos más sus costos de transporte), se encontró que:

  1. La producción de arroz y leche se incrementaría (se produciría el doble de arroz y entre tres y cinco veces más leche).
  2. La producción de maíz se reduciría entre 69% y 78%, y la de trigo entre 33% y 50%.
  3. Se dejarían de producir cultivos más rentables (aguacate, mango, jitomate, entre otros). La producción de vegetales y frutas disminuiría a niveles entre una tercera y una quinta parte de los niveles actuales.
  4. Contrario al objetivo de los precios de garantía de alcanzar la suficiencia alimentaria en el país, las importaciones de maíz aumentarían entre 78% y 180%, las de trigo entre 38% y 85%, y entre 2 y 4 veces más las de vegetales y frutas.
  5. Habría un incremento promedio de entre 9% y 26% en todos los precios de la economía.
  6. Bajo el escenario más conservador la economía crecería 0.1%. En el escenario más agresivo se contraería un 1%.

Es por ello que, ante las numerosas distorsiones y pérdidas de eficiencia ocasionadas por los precios de garantía, aunado a los costos fiscales asociados a la instrumentación de programas de esta naturaleza, se propone eliminar el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y reorientar los recursos asignados[19] a dicho programa hacia acciones que verdaderamente beneficien al campo mexicano (diseñar instrumentos de mercado específicamente para pequeños productores, como herramientas para elevar la productividad de los pequeños productores, así como futuros y coberturas para resolver los altibajos estacionales de los precios en productos de alto valor agregado pero elevado riesgo, entre otras).

8. Explorar la implementación de políticas contracíclicas para fomentar el crecimiento económico. 

Diversos indicadores económicos muestran que la economía mexicana se está frenando[20], lo cual puede tener efectos adversos sobre los ingresos de las familias y el gasto del Gobierno. Por ello, es importante considerar la creación de un programa contracíclico, para incrementar la inversión pública y privada en programas y proyectos de infraestructura económica definidos y que prueben su rentabilidad. Dichos proyectos se deberían concentrar en áreas de desarrollo como ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo urbano, salud y educación.

A su vez, se puede evaluar la creación de un fondo contracíclico[21]. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -organismo dependiente de la Organización Mundial de las Naciones Unidas- utilizar una red de seguridad social bien diseñada que proteja a los grupos vulnerables durante la desaceleración es mejor alternativa a utilizar el gasto público como medida contracíclica. De hecho, una ventaja esencial de las redes de seguridad social es que el gasto asociado es intrínsecamente contracíclico, se recauda cuando la económica aún no se encuentra en crisis. Además, una dependencia en las políticas contracíclicas basadas en el gasto público —más que una combinación entre ingresos fiscales y fondos de estabilización— puede generar desequilibrios entre los suministros de bienes públicos y privados con efectos distributivos sustanciales, ya que los que reciben los bienes y servicios públicos no son los mismos agentes que los que se benefician del gasto privado[22]. Por estas razones, es recomendable la construcción de un fondo contracíclico con base en criterios a largo plazo.

[1] Luz Elena Marcos y Cristóbal M. Riojas, “El peso, la Bolsa mexicana y los bonos del NAIM caen con fuerza”, Expansión, (2018), https://expansion.mx/economia/2018/10/25/la-bolsa-y-peso-mexicanos-la-consulta-sobre-el-naim (Consultado el 18/07/2019); Forbes Staff, “AMLO confirma cancelación del NAIM en Texcoco; ofrece legalidad a contratistas”, Forbes, (2018), https://www.forbes.com.mx/live-amlo-habla-sobre-la-consulta-y-el-futuro-del-naim/ (Consultado el 26/06/2019).

[2] Ana Thaís Martínez y Jorge Andrés Castañeda, “La importancia de los bonos del nuevo aeropuerto”, Nexos, (2018), https://www.nexos.com.mx/?p=40378 (Consultado el 25/06/2019).

[3] El Financiero Redacción, México da señal de no querer respetar contratos: embajador de Canadá, 2019. 

[4] Zaga et al, Mexico Economic Growth to remain slow for rest of the year, 2019.

[5] TC Energía, El Ducto Marino Sur de Texas-Tuxpan Entra en Operación Comercial, 2019, https://www.tcenergia.com/noticias/el-ducto-marino-sur-de-texas-tuxpan-entra-en-operacion-comercial/

[6] SHCP, Zonas Económicas Especiales El Gran Proyecto de Nación, 2017, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287342/Libro_ZEE_2017_web.pdf

[7] Blanco, Government to make more spending cuts as it seeks to avoid deficit, 2019.

[8] Mejía et al, Germán Martínez renuncia al IMSS; denuncia política de recortes y despidos, 2019.

[9] Inegi, Inegi en 2019, 2019. Arena Pública, ¿Cuánto afectará el recorte al poder de investigación de Cofece?, 2019. Hernández, Por una austeridad mejor implementada: CONEVAL, 2019. 

[10] Inegi, Producto Interno Bruto de México Durante el Primer Trimestre de 2019 (Cifras desestacionalizadas), 2019.

[11] Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, Ante el programa económico de 2020, 2019.

[12] OCDE, The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, 2017.

[13] Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre 2018 (población ocupada).

[14] Arturo Zaldívar. “Corregir un pasado de discriminación”. Milenio. 9 de julio, 2019. https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/corregir-un-pasado-de-discriminacion

[15] OCDE, Tax Revenue total, % of GDP, 2017.

[16] OCDE et al, Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, 2019.

[17] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Las malas ideas no deben convertirse en políticas: Precios de garantía para el campo”, https://imco.org.mx/temas/las-malas-ideas-no-deben-convertirse-en-politicas-precios-de-garantia-para-el-campo/

[18] Análisis realizado a partir de un modelo de equilibrio general GTAP (Global Trade Analysis Project).

[19] De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se estima asignar 19 mil 455 millones de pesos a este programa durante el ejercicio fiscal 2020.

[20] Heraldo de México. “Poco alentador pronóstico de crecimiento económico para cierre de 2019: Moody’s Analytics”. 24 septiembre, 2019. https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/pronostico-crecimiento-economico-para-2019-moodys-analytics/

[21] Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, Ante el programa económico de 2020, 2019

[22] CEPAL, Developing countries’ anti-cyclical policies in a globalized world, 2002.

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VIII. SECTORES PRECURSORES DE CLASE MUNDIAL

  • Desde 2001 en México se registran pérdidas promedio anuales de electricidad equivalentes al 14% de la energía total generada en el país
  • Entre 2007 y 2017 el porcentaje de la población que usa internet en los países evaluados pasó del 48 al 75%
  • En 2017 menos de una tercera parte (32%) de la población de Indonesia usó internet

El subíndice Precursores mide la calidad y eficiencia de los sectores financiero, energético, de telecomunicaciones y de transporte. Estos sectores son de gran importancia pues se les considera como condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo debido a su incidencia directa en muchos otros sectores de la economía. Los sectores precursores conforman una infraestructura logística, financiera, energética y de telecomunicaciones que facilita el intercambio comercial, la provisión de servicios de punta, la innovación y el desarrollo de productos y empresas. Por ello, su buen funcionamiento es una condición necesaria para atraer y retener talento e inversión.

Tabla VIII.1 Indicadores que conforman el subíndice Precursores

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Países Bajos

Países Bajos lidera este subíndice al obtener el primer lugar en tres indicadores: índice de infraestructura portuaria (6.8 de 7 puntos), índice de calidad de carreteras (6.2 de 7 puntos) y servidores de internet seguros (70 mil 406 servidores por millón de personas). Asimismo, obtuvo el tercer lugar en el índice de desempeño logístico (4.1 de 5 puntos), así como el quinto lugar en cuanto a la penetración del sistema financiero privado (192%).

2° Japón

Obtuvo la segunda posición como resultado de su buen desempeño en la mayoría de los indicadores que componen este subíndice. De los 16 indicadores analizados, Japón se ubicó dentro de las primeras 10 posiciones en 9 de ellos. Destaca al obtener el primer lugar en cuanto a la penetración del sistema financiero privado (350% frente a un promedio de 125%), el tercer mayor incremento en el número de empresas listadas en su bolsa de valores (68 más que el promedio general) durante 2017, así como el quinto lugar en cuanto a la calidad de sus carreteras (6 de 7 puntos posibles).

3° EUA

Estados Unidos alcanzó el tercer lugar como resultado principalmente del desarrollo de su sector financiero. Es el país con la segunda mayor penetración del sistema financiero privado (245% del PIB) y el tercero con mayor capitalización del mercado de valores (148% del PIB). Asimismo, ocupó el cuarto lugar en términos del incremento en el número de empresas listadas en su bolsa de valores (52) y en cuanto a la rotación de activos bursátiles (133%). Adicionalmente, fue el tercer país que presentó los menores riesgos de seguridad energética (762 puntos) durante 2017.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Índice de competencia de Boone (-0.2 puntos)

México fue el cuarto país con el índice más bajo con un valor de -0.2 puntos. Lo anterior implica que en nuestro país el sector financiero es relativamente eficiente, sin que esto implique utilidades desproporcionadas para los intermediarios.

Índice de riesgos de seguridad energética (797 puntos)

México obtuvo el sexto lugar en este índice al obtener 797 puntos. Esta cifra fue apenas 83 puntos mayor al promedio de los tres mejores países de la muestra.

Cambio en empresas listadas (4 empresas)

En 2017 aumentó en cuatro el número de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En cambio, durante ese año los países de la muestra tuvieron una reducción promedio de 5 empresas listadas en sus respectivas bolsas de valores. Por esta razón México ocupó el décimo cuarto lugar en este indicador.

DEBILIDADES

Pérdidas de electricidad (13.6% de la energía generada)

Las pérdidas de electricidad en México representaron el 13.6% de la energía total generada durante 2017. Solamente cuatro países reportaron pérdidas superiores: India (17.8%), Brasil (15.5%), Argentina (14.4%) y Turquía (14.0%). El promedio de la muestra fue de 8.1%.

Líneas móviles (89 líneas por cada 100 personas)

Aunque en años recientes se ha incrementado de forma importante el número de líneas móviles en México (entre 2001 y 2017 pasó de 21 a 89 líneas por 100 personas), nuestro país únicamente se ubicó por encima de India (87), Canadá (86) y Nigeria (76) en este indicador.

Servidores de internet seguros (179 servidores por millón de personas)

Después de Guatemala (68) e India (123), México fue el país con menor disponibilidad de servidores seguros. Nuestro país, con 179 servidores de internet seguros por millón de personas, se posicionó muy por debajo del promedio de 12 mil 316 servidores que por millón de personas tuvieron los 43 países evaluados.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE PRECURSORES

IMCO PROPONE

1. Inversión pública en infraestructura económica de largo plazo

Los proyectos de infraestructura que requiere México son incontables y los recursos generados por el trabajo de los contribuyentes obligan al Gobierno a priorizar el gasto público en este rubro. A la luz de esto, un proyecto de infraestructura debe demostrar, no solo que generará más beneficios que costos a la sociedad, sino que esa inversión dará más beneficios que cualquier otro proyecto de la misma naturaleza.

El actual Gobierno ha establecido como principales proyectos de infraestructura el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Transístmico y el Sistema aeroportuario zona metropolitana que agrupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Santa Lucía. 

En general, los proyectos de la presente administración se concentran en el sureste del país y tienen como objetivo detonar el desarrollo y crecimiento de las poblaciones que habitan esta región. Los objetivos de desarrollo que se buscan obtener con estos proyectos son loables. Sin embargo, la literatura y experiencia nacional e internacional indican que obtener beneficios de estos proyectos es difícil: solo un megaproyecto de cada mil logra ser exitoso.

Al igual que la decisión de iniciar un megaproyecto, la decisión de cancelar uno con un 31.5% de avance global y con más de 60 estudios asociados, debe de analizarse desde la perspectiva técnica rigurosa. En el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), su cancelación generó incertidumbre y desconfianza en los inversionistas para futuros proyectos, igualmente conllevó costos de oportunidad más allá de la cancelación directa. Se perdió la oportunidad de crear un nodo hemisférico en la red aeroportuaria global (hub) que generara ingresos suficientes para su operación y mantenimiento, a la par de más empleo, más turismo y mayores ingresos fiscales para el Gobierno.

La cancelación no sería tan grave si la construcción del NAIM no hubiera iniciado aún. El hecho de que ya exista un avance importante, no solamente en la obra, sino en el andamiaje financiero, administrativo y social para su conclusión, representa una pérdida para la economía mexicana en la producción de un activo de capital muy costoso que no podrá utilizarse para el propósito por el cual fue creado.

Las decisiones como el inicio o cancelación de este tipo de obras deben de llevarse a cabo con estudios con rigor técnico y revisión de peritos en la materia. Específicamente, el inicio de los proyectos debe estar ligado estrictamente a que estos prueben ser rentables, es decir, que generarán más recursos que pérdidas a lo largo de su vida útil y no acabarán siendo obras públicas subsidiadas que nadie utiliza. Para lograr esto se recomienda lo siguiente:

  • Que la evaluación de la rentabilidad de las obras se lleve a cabo, no solo con lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda, sino que también se utilicen los establecidos del Green Book del Ministerio de Hacienda del Reino Unido, elaborado por expertos internacionales en infraestructura es una buena práctica.
  • Despolitizar la toma de decisiones de infraestructura, esto se puede llevar a cabo a través de la creación de una autoridad a nivel nacional encargada de la planeación, proyección, supervisión y dirección efectiva de los proyectos de infraestructura a gran escala.

2. Consolidar los logros de la reforma de Telecom, mediante

  • El seguimiento y la adopción oportuna de mejores prácticas regulatorias en materia de telecomunicaciones y competencia del sector.
  • La preservación de la fortaleza técnica, institucional, operativa y presupuestal del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que logre los objetivos plasmados en su plan regulatorio 2019-2023.[1]
  • La creación de una agenda que vaya más allá de los temas recurrentes de competencia en el sector, como lo son el acceso a infraestructura y la administración de insumos esenciales. En este sentido, es necesario incorporar temas de gobernanza del internet, problemáticas relacionadas con la neutralidad de la red, así como la regulación del uso, explotación, protección y seguridad de datos relacionada con la economía digital.

3. Financiar pequeñas y medianas empresas (Pymes) a través del mercado de capitales

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento de Pymes es la falta de acceso a fuentes diversificadas de financiamiento. En México la política pública se ha enfocado en programas de asistencia y particularmente al financiamiento vía crédito. Sin embargo, es posible que el crédito no sea el vehículo ideal para financiar Pymes debido a que éstas tienen características particulares de riesgo, retos de gobierno corporativo y productividad. Tanto en el mundo desarrollado con mercados financieros profundos y sofisticados, como en países en desarrollo, existen ejemplos de mercados alternativos bursátiles y mecanismos innovadores de financiamiento para Pymes por medio del mercado de capitales. Para trabajar en este sentido sugerimos:

  • Modificar la regulación para crear una plataforma en línea que permita a las Pymes levantar capital mediante la emisión de acciones. Actualmente no existe una plataforma a través de la cual una Pyme pueda realizar ofertas públicas ni pueda intercambiar títulos accionarios. Esto genera un vacío entre mecanismos de fondeo tradicionales como los créditos y la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores. Existen casos de éxito de estos mercados en Estados Unidos (Nasdaq, por ejemplo, para los valores tecnológicos, pero también intercambios como Pinksheets y OTCBB para las empresas pequeñas) y también en países menos desarrollados como Kenia, donde existen plataformas basadas en dispositivos móviles que permiten a las empresas levantar capital.
  • Generar un programa gubernamental que dé calificaciones de riesgo a las Pymes. Un problema usual es la falta de información y preparación de las Pymes al momento de querer acceder al mercado de capitales. Por un lado, los inversionistas no cuentan con certeza de la confiabilidad de la inversión y por el otro, los empresarios no cuentan con información sobre la debilidad en su estructura de negocios, contable o legal. La creación de un esquema de calificación de Pymes en aspectos contables, fiscales y legales, podría ayudar a reducir el problema de riesgo moral y a la vez mejorar la asesoría a las Pymes.
  • Fortalecer la eficiencia de los juicios mercantiles. En México realizar juicios es caro y tardado. De acuerdo con datos del Banco Mundial, un juicio mercantil en nuestro país toma en promedio 340 días y su costo es del 33% de la demanda[2]. Una buena justicia mercantil garantiza que los individuos puedan hacer negocio más allá de su círculo de conocidos, dada la certeza de la protección de su inversión. Por ello, se requieren acciones en dos rubros: 1) modernizar en todo el país los sistemas de gestión para contar con expedientes en línea y procesos virtuales y 2) capacitar a litigantes y servidores públicos en la implementación de los juicios orales mercantiles que están siendo introducidos en México.

4. Mejorar la eficiencia logística del país

De acuerdo con la OCDE, en México el costo de la logística representa cerca de 20% de las ventas, mientras que en otras partes del mundo representa 9%.[3] Aunque gran parte de la agenda logística se ha centrado en una mayor inversión en infraestructura, se requieren acciones de inteligencia y honestidad que van más allá de elevados presupuestos y grandes obras. Entre las acciones más importantes se encuentran:

  • Reconocer la saturación de carreteras, e invertir en medios alternativos de transporte de carga y pasajeros, como los trenes. Las medidas propuestas recientemente para prohibir los dobles remolques o los proyectos de trenes exclusivamente turísticos no están ayudando a resolver los graves problemas de saturación de vías, tanto en carga como en pasajeros. Un ejemplo es el Tren Maya , si el desarrollo de proyectos ferroviarios está enfocado únicamente para el turismo, el aforo de pasajeros y carga será menor, lo cual implica una menor rentabilidad de los proyectos.

México podría privilegiar la inversión al interior de las ciudades para resolver problemas de última milla, que reduzca el costo promedio de la construcción de infraestructura mediante acciones enérgicas contra la corrupción en el sector, y empaquetar varios servicios en un mismo derecho de vía.

  • Mejorar la inspección aduanera. Existen distintas medidas para lograr esto, entre las que destacan: 1) establecer una sola inspección en las fronteras para todos los productos con formatos prellenados, 2) permitir el pase automático para aquellas mercancías que cumplan con estándares internacionales y que tengan un historial de riesgo bajo, 3) estandarizar los procesos de verificación e incluirlos dentro de los estándares de los productos para que los que cumplan cierto estándar ya no tengan que ser verificados,  4) reconocer los procesos de verificación de otros países para reducir las barreras sanitarias; y 5) Elevar el valor de la franquicia de envío libre de impuestos, con un mecanismo de revisión anual. 
  • Crear un marco regulatorio para la logística a través de una ley paraguas para reducir los costos y la incertidumbre de los procesos logísticos en el país. Por ejemplo, para el caso del cabotaje entre puertos mexicanos, es decir, para transportar mercancía de un puerto mexicano a otro se necesita conocer las reglas de inspección y de arribo de cada puerto, lo que hace complejo el proceso. Una ley paraguas que homologue este tipo de normativas y leyes a nivel nacional podría ser de gran ayuda.
  • Promover mayor competencia en servicios logísticos. La reforma a la ley financiera ha dado un primer paso para incrementar la competencia entre almacenes. Sin embargo, aún falta trabajar para acotar el poder monopólico que pueden imponer transportistas locales, así como generar más información y sistemas de indicadores para comparar costos, inseguridad y calidad de los servicios logísticos en distintos mercados y rutas.

Mantener el control civil de puertos y aduanas. Se han presentado iniciativas en el Congreso de la Unión encaminadas a ceder el control de los puertos y las aduanas a las autoridades navales y militares. También se están viendo importantes acciones encaminadas a que el Ejército controle los aeropuertos civiles. Estas políticas, además de distraer a los soldados y marinos de las labores de seguridad pública y defensa, pueden implicar retrocesos en términos de facilitación logística y priorización de las labores de seguridad por encima de las de comercio exterior. Consolidar el uso de las TIC en el país.

  • Profundizar acciones para reducir el uso de efectivo. La introducción de CODI como medio de pago es un gran avance en la materia. La penetración de telefonía celular del país se acerca al 100%, por lo que utilizar estos sistemaspara pagos y transacciones financieras debería ser una prioridad nacional para reducir los costos de las transacciones y para reducir los incentivos al crimen, la corrupción y la economía informal. Otras medidas posibles para aumentar la penetración del dinero electrónico en economía esa sacar de circulación los billetes más grandes, restablecer impuestos a los depósitos en efectivo, elevar las comisiones por retiro en cajeros, eliminar las comisiones para pagos con tarjeta y celular, y establecer la obligación de los comercios de aceptar medios electrónicos de pago a los consumidores. Es necesaria una reforma al Art. 7º de la ley monetaria, de manera que dé el mismo estatus legal para solventar obligaciones de pago a las formas autorizadas de dinero electrónico que a los billetes y monedas emitidos por el Banco de México.
  • Concluir el proyecto de conectar al país no sólo a través de la estrategia de México Conectado, sino a través de alianzas público privadas utilizando la banda de 700Mhz para proveer cobertura social.
  • Liberar el espectro. La creciente demanda de servicios de datos de banda ancha móvil requiere de una estrategia más eficiente y expedita de liberación de espectro en el país, a través de licitaciones transparentes, como sucede en la mayoría de los países de la OCDE. Por ejemplo, la Comisión Europea anima a sus estados miembros a introducir enfoques con base en mercado para el manejo del espectro. Sus características son un proceso transparente, resultados explicables y eficiencia económica, ya que este enfoque permite que los solicitantes que más valoran el espectro sean quienes lo utilicen. Un siguiente paso para la liberación de espectro es la transición de las transmisiones de radio FM y AM a formatos digitales.

5. Asegurar un mercado energético competitivo y transparente

  • Condicionar los apoyos propuestos por el Gobierno federal como parte de la estrategia de rescate de Petróleos Mexicanos a la implementación de una serie de ajustes estructurales en la empresa que garanticen su viabilidad en el mediano y largo plazo. Entre ellos:
  • Reactivar la participación de la iniciativa privada en la exploración y producción de hidrocarburos mediante asociaciones estratégicas con Pemex (farmouts).
  • Focalizar su inversión en aquellas etapas dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos que generan las mayores rentas para el gobierno, como las actividades de exploración y extracción (upstream), frente a las actividades de refinación (downstream).
  • Garantizar que su consejo de administración cuente con perfiles profesionales e independientes de las decisiones del Gobierno. Un modelo en el cual la voz de los consejeros independientes de Pemex tenga una mayor influencia sobre su estrategia corporativa le permitirá tomar mejores decisiones de negocio para hacerla financieramente sustentable y maximizar las rentas económicas para el Estado mexicano.
  • Ejecutar un programa de austeridad al interior de la empresa que le permita liberar recursos para financiar su gasto en inversión y hacer frente a sus obligaciones financieras y laborales sin incurrir en mayor deuda.
  • Implementar un sistema como el Sistema General de Regalías de Colombia, para dar mayor transparencia a los ingresos petroleros. Este sistema reúne información sobre el pago de regalías al Estado y su transferencia a departamentos y municipios que identifica reportes periódicos en un mapa, incluyendo información sobre ingresos, beneficiarios y proyectos financiados con regalías. De esta forma el público puede analizar los reportes sobre ingresos petroleros, así como su contribución al presupuesto y al Fondo Mexicano del Petróleo.
  • Impulsar la generación distribuida. La segunda ola de transformación de los mercados de electricidad en el mundo es la democratización de dicha red a través de la generación distribuida. La producción de electricidad en el centro de consumo es para muchos el futuro del sector energético. El año pasado, General Electric lo llamó su nuevo “negocio de 100,000 millones de dólares” .La reforma energética mexicana no contempla muchas regulaciones para asegurar el buen funcionamiento de este mercado. Son muchos los factores clave para detonar este segmento de suma importancia para la competitividad del país, entre los que destacan: la regulación técnica relacionada con redes inteligentes y protocolos de comunicación abiertos, esquemas de financiamiento ad hoc diferenciados para pequeños productores, contratos simplificados para que cualquiera pueda vender energía a la red, y la normatividad necesaria para la construcción, operación y mantenimiento de estas nuevas generadoras de energía a pequeña escala.
  • Diversificar la matriz energética. No sólo importa el costo de la energía en un país, sino la certidumbre de poder generarla. En este sentido, la alta dependencia de México al gas de Estados Unidos podría ser preocupante, porque las veces que el país ha tenido que importar gas de otros países el costo ha sido 10 veces mayor. Por ello, se requiere trabajar en:
  • Diferenciar los certificados de energía limpia por tamaño de productor, dando beneficios adicionales a los pequeños productores.
    • Dar mayor certidumbre sobre la expansión de la red, punto que deberá establecerse en las reglas de mercado del sector, ya que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) puede celebrar contratos y asociaciones con particulares para servicios auxiliares.[4]
  • Incluir externalidades y pagos por servicios ambientales en el precio de la electricidad. Por ejemplo, en áreas cercanas a suelo de conservación se puede aprovechar el uso del biogás para reducir la demanda de madera, lo que evitará la degradación del suelo y el ecosistema de una forma económicamente viable, lo que podría generar pagos por servicios ambientales.

6. Flexibilizar las libertades del aire

México, a través de 45 convenios aéreos internacionales, permite cuatro libertades para empresas extranjeras por lo que aún hay oportunidad de flexibilizar el marco normativo y permitir la quinta y sexta libertades con países dispuestos a ser recíprocos. Es decir, otorgar el derecho de embarcar y desembarcar entre dos países utilizando una aerolínea de un tercer país, con la ruta comenzando o finalizando en el país bandera. La liberalización de la política aérea puede proveer mayor conectividad y diversificación de turistas, especialmente para destinos que viven enteramente del tráfico aéreo como Los Cabos o Huatulco. La salida de Mexicana de Aviación muestra cómo la competencia que se detonó en este mercado en los últimos siete años logró mover a más pasajeros con menor cantidad de aviones y mejores tarifas.

[1] Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Visión regulatoria de las telecomunicaciones y la radiodifusión 2019-2023”, 2018, http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/transparencia/1vision19-23.pdf

[2] World Bank, “Historical Data Sets and Trends Data”, Doing Business, https://www.doingbusiness.org/en/custom-query (Consultado el 01/09/2019).

[3] José Luis Guasch, La logística como motor de la competitividad en América Latina y el Caribe (S/P: BID, 2011), https://publications.iadb.org/es/publicacion/15035/la-logistica-como-motor-de-la-competitividad-en-america-latina-y-el-caribe (Consultado el 01/09/2019).

[4] Ley de la Industria Eléctrica, Título segundo: De la Industria Eléctrica, Capítulo I: De la Planeación y Control del Sistema Eléctrico Nacional.

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IX. APROVECHAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

IX. APROVECHAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

  • De 2015 a 2017 los indicadores en los que avanzo México fueron Acuerdos comerciales y Aranceles manufactureros.
  • ●      La inversión extranjera directa neta de gran parte de los países disminuyó considerablemente, pasando de un promedio de -258 dólares a -536 dólares por persona económicamente activa.

El subíndice Relaciones internacionales califica el grado con el cual los países capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con las organizaciones internacionales a las que pertenece, los socios comerciales efectivos que tiene, el tamaño de comercio exterior, el tránsito de turistas internacionales y el flujo de capitales.

Tabla IX.1 Indicadores que conforman el subíndice Relaciones internacionales

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Bélgica

Bélgica se colocó en el primer lugar dado a que ha mantenido su desempeño en cuatro indicadores y, a su vez, escaló su posición en otros ocho. Su principal fortaleza se ubica en Inversión extranjera directa (neta), en donde alcanzó el primer lugar con 6,202 dólares por persona en el flujo neto de inversión extranjera que recibe en un año.  De igual manera se ubica en el tercer lugar en Apertura comercial, con un valor total de las exportaciones e importaciones de 185.5% relativo al PIB.

2° Países Bajos

Países Bajos se posiciona en segundo lugar dado que, a pesar de haber escalado posiciones en cinco indicadores, también bajó su calificación en el mismo número. Obtuvo el primer lugar en Acuerdos comerciales, con un total de 37 mercados potenciales para importación o exportación de mayor facilidad. Lo hizo de igual manera en Inversión extranjera directa neta promedio, con 6,013 dólares por persona en el flujo neto promedio de inversión extranjera que recibe en cinco años.

3° Alemania

Alemania logra avanzar un lugar, en comparación con el 2015, para posicionarse en el tercer lugar en este subíndice, al mantener su desempeño en siete indicadores y escalar su posición en cinco más. Obtuvo el primer lugar en Diversificación de las exportaciones, con un 8.8% de exportaciones totales provenientes del principal socio exportador; y el segundo en Diversificación de las importaciones, con un 10.1%.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Gasto militar (0.5% del PIB)

La principal fortaleza de México fue la disminución en Gasto militar, pasando del 0.7 % del PIB, en 2015, al 0.5% del PIB en 2017. Tomó fuerza gracias a la posición en que se ubicó con respecto a los países medidos, en donde el promedio fue de 1.5%.

Variabilidad de la IED (Desviación estándar de 206)[1]*

A pesar de haber perdido un puesto este año, la Variabilidad de la IED sigue siendo una de las fortalezas de México, al colocarse en el lugar 11. Sin embargo, el resultado es prometedor, al compararlo con el dato de la media de los países del índice, el cual es de 1430.

DEBILIDADES

Diversificación de las exportaciones (80% de las exportaciones provienen del principal socio exportador)

La principal debilidad de México es el alto porcentaje de las exportaciones que provienen del principal socio exportador, con un 80%. Mientras que para el promedio de todos los países en el índice es únicamente del 22.9%.

Diversificación de las importaciones (46.4% de las importaciones provienen del principal socio importador)

De igual manera, el alto porcentaje de las importaciones que provienen del principal socio exportador se convierten en una debilidad para el país, con un 46.4%. El promedio de los países dentro del índice es del 22.5%, por lo que México ocupa el lugar número 42.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE RELACIONES INTERNACIONALES

IMCO PROPONE

1. Implementación del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (TMEC)

Se prevé que el TMEC continúe impulsando la competitividad de la economía mexicana, con un aumento de las exportaciones hacia Estados Unidos del 3.8% en los próximos seis años. Sin embargo, existen áreas de oportunidad en las que se debe trabajar para mejorar la competitividad de nuestro país.

  • Garantizar la seguridad energética de Norteamérica. El contexto energético en la región se ha transformado con la inclusión de las nuevas tecnologías. Hoy en día, México tiene acceso a precios competitivos del gas de lutita (shale) estadounidense y al petróleo de arenas bituminosas desde Canadá. No obstante, para aumentar la seguridad energética de México, es necesario generar oportunidades de inversión y asociación para promover flujos de inversión, transferencias tecnológicas y el comercio de hidrocarburos entre los tres países.
  • Promover el turismo médico. México se ha posicionado como uno de los cinco mercados más importantes para el turismo médico mundial pese a la falta de infraestructura en el sector. En México, sólo ocho de los más de 3,000 hospitales existentes cuentan con una certificación de la Joint Commission International, factor fundamental para detonar el turismo médico. Este tipo de certificaciones permitirán a los hospitales mexicanos probar ante aseguradoras extranjeras que cumplen con los estándares internacionales de procesos, higiene, capacitación de sus médicos y condiciones en general de sus quirófanos.
  • Optimizar la seguridad de la región. Se debe integrar los servicios de inteligencia de las tres naciones para mitigar el riesgo de ataques terroristas y reducir la violencia del crimen organizado.
  • Continuar con la incorporación de temas ambientales y laborales en la implementación del TMEC.  Es importante que México defienda los avances recientes, entre ellos el impulso que se ha dado a las energías renovables y la liberalización del sector energético, como medidas que están mejorando la eficiencia energética nacional y que por ende resultan en una menor huella de carbono. Los objetivos de negociación de los Estados Unidos establecieron también que los temas laborales estarán incluidos en el cuerpo del TMEC, no en un acuerdo paralelo. Eso implica que México tendrá que intervenir en sus mercados laborales, y dicha intervención seguramente tendrá que parecerse al tipo de políticas que existen en Estados Unidos y Canadá en la materia. Debe existir un compromiso de adopción en este sentido por parte de nuestro país.

2. Diversificar las exportaciones a otros mercados

México es uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo, con un acceso potencial a más de 1.1 mil millones de consumidores y al 60% del PIB mundial. Sin embargo, debido a la ubicación geográfica y al tamaño de su economía, el mercado estadounidense concentra el 80% de las exportaciones mexicanas. Esta situación ha beneficiado a la economía de ambos países, pero a su vez ha sido utilizada como moneda de cambio en materia política. Un claro ejemplo fue en junio de 2019, cuando Estados Unidos propuso la aplicación de una tarifa arancelaria del 5% a todas las importaciones mexicanas.

  • Aprovechar el alto potencial comercial con Centroamérica y América Latina. Centrar la atención en el comercio de servicios, generar cadenas regionales de valor y la exportación de bienes con mayor valor agregado, son algunas de las áreas de oportunidad para expandir el comercio en el mercado latinoamericano. No obstante, las barreras no arancelarias son el principal obstáculo para el comercio entre países latinoamericanos, por lo que el gobierno mexicano puede reducir la carga regulatoria, de trámites y servicios para impulsar el intercambio de bienes y servicios en la región.
  • Brindar financiamiento estratégico enfocado al comercio exterior. Por parte de la demanda, se debe asesorar y facilitar el acceso a capital a pequeñas y medianas empresas que buscan exportar sus productos a mercados extranjeros. En cuanto a la oferta, se requiere una promoción internacional especializada para exponer las ventajas comparativas de los productos mexicanos, tal como lo hacía ProMéxico desde las embajadas.
  • Reforzar la participación de México en los organismos internacionales más relevantes. Éstos son de gran influencia en el comercio exterior al vincular las transferencias comerciales entre los mercados, además de vigilar que se acaten las reglas comerciales y las buenas prácticas internacionales. Algunos de estos organismos son: la Organización Mundial de Comercio (WTO), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (ITC).

3. Mejorar la logística de la frontera sur para controlar el flujo de migrantes y garantizar la protección de sus derechos

Recientemente, se han incrementado significativamente los índices migratorios irregulares de personas procedentes de Centroamérica hacia México, quienes ya no sólo consideran a nuestro país como una vía de tránsito hacia los Estados Unidos, sino también como país de destino.

  • Implementar un registro de los migrantes que transitan y/o permanecen en el país. Es necesario contar con un monitoreo adecuado del flujo migratorio para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, proveerles las condiciones de seguridad necesarias y controlar su tránsito dentro de la República Mexicana. De este modo, se podrá reducir la extorsión y xenofobia por parte de autoridades locales y federales, además de mejorar las condiciones de seguridad social a refugiados y desplazados durante el periodo establecido para su estadía en México.
  • Incorporar servicios de inteligencia y vigilancia tecnológica. Por cada cruce formal en la frontera sur (cinco con Belice y ocho con Guatemala), se estima que hay al menos 30 informales (cerca de 400) que concentran el 95% del tránsito irregular de personas. Se podrá vigilar de forma más adecuada una frontera que hoy carece de controles efectivos a través de una patrulla fronteriza con tecnología de punta, con radares y drones.
  • Crear una política explícita, clara y abierta de migración que contemple a refugiados y desplazados. Se deben esclarecer las prácticas de detección de migrantes ilegales por parte del Instituto Nacional de Migración, además de considerar una política de cuotas para migrantes con ciertos perfiles de países en conflicto. México debe mejorar el control del flujo migratorio, pero a su vez ser un ejemplo regional del trato a estos grupos.

4. Promover una apertura migratoria en el país

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en México, menos del 0.9% de la población es migrante, lo cual nos pone en una de las últimas posiciones del mundo en términos de asimilación de migrantes. Por ello, proponemos:

  • Reformar la ley de naturalización para dotar a los mexicanos naturalizados de derechos políticos plenos y brindarles la posibilidad de acceder a la doble nacionalidad. A pesar de que es relativamente fácil acceder a la nacionalidad mexicana, ésta es restrictiva para los naturalizados, quienes no pueden acceder a una segunda nacionalidad o cuentan con tratos diferenciados dentro de las leyes militares, aeronáuticas, políticas e incluso de las constitucionales.
  • Instaurar un sistema de puntos, como el canadiense, para estimular la migración de individuos con capital físico y humano necesario en industrias como la educación, energía, manufactura y servicios. El déficit de maestros de inglés, ingenieros y otros profesionales puede cubrirse con migrantes talentosos que apoyen al capital humano nacional.
  • Generar equivalencias para la revalidación de estudios técnicos, profesionales y de posgrado con todos los países con quienes tenemos tratados de libre comercio, y eliminar el procedimiento de revalidación discrecional de estudios que hoy realiza la Secretaría de Educación Pública.

5. Crear una frontera sur digna para erradicar el tráfico ilegal de personas, armas y mercancías

Para cumplir con este objetivo es necesario:

  • Construir infraestructura adecuada para el manejo de la frontera. En la mayor parte de los cruces fronterizos que no están regulados, se estima que menos del 5% cuenta con infraestructura adecuada.
  • Implementar servicios de inteligencia y vigilancia de clase mundial. A través de una patrulla fronteriza, con radares y drones, se podrá vigilar de forma más adecuada una frontera que hoy carece de controles efectivos.
  • Regularizar el estatus de la población migrante que se interna para que sea más sencillo que aquellos trabajadores que cruzan para trabajar en territorio mexicano puedan ser reconocidos de forma más fácil y puedan ejercer derechos.

6. Instrumentar un mecanismo anual para revisar la franquicia libre de impuestos tanto para pasajeros como vía correo y mensajería

La franquicia actual, de 300 USD para pasajeros internacionales y de 50 USD para paquetes postales, es demasiado baja, y parte de la razón es que el valor no ha reconocido el valor de la inflación en dólares.

[1]* Últimos 10 años.

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X. INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS

  • México destinó solo un tercio del promedio que destinan los países a investigación y desarrollo.
  • Corea del Sur sigue siendo líder indiscutido por cuarto año consecutivo en innovación.
  • La diferencia de patentes entre Corea del Sur y Japón es suficiente para darle a Corea del Sur la primera posición en el ranking.

El subíndice Innovación mide la capacidad de los países para competir con éxito en la economía global, particularmente en sectores de alto valor agregado intensivos en conocimiento y tecnología de punta. El subíndice considera la complejidad económica de los países, así como la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo vía investigación y patentes. Un país que cuenta con sectores económicos innovadores es capaz de atraer y retener más inversión y talento.

Tabla X.1 Indicadores que conforman el subíndice Innovación

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Corea del Sur

Corea del Sur mantuvo la primera posición por cuarta vez de forma consecutiva desde 2014. Se sitúa dentro de las primeras cinco posiciones en 5 de los 10 indicadores, en particular, obtiene la primera posición en gasto en investigación y desarrollo, así como en coeficiente de invención. Corea del Sur produce 2 mil 553 más de aplicaciones de patentes por cada millón de personas económicamente activa que la segunda posición en el ranking, Japón.

2° Japón

Japón se posicionó dentro de los primeros cinco lugares en 5 de los 10 indicadores. El país obtuvo la primera posición en el Índice de Complejidad Económica que evalúa la diversidad de exportaciones que produce un país y el número de países que pueden producirlas. Asimismo, presentó 51 empresas dentro de las 500 empresas más grandes del mundo y el 67.3% de su población vive en ciudades grandes con más de 500 mil habitantes. Por el otro lado, el número de artículos de investigación equivalente a 1 mil 444 por cada millón de habitantes se encuentra por debajo del promedio.

3° EUA

El país se ubicó en 3 de 10 indicadores dentro de las primeras tres posiciones. En particular, ocupó la posición uno en número de empresas dentro de las 500 más grandes con 132 y el porcentaje de servicios respecto al PIB con 77.2%. La mayor debilidad identificada se relaciona con el número de empresas certificadas en sus procesos y estándares de calidad según el estándar ISO 9001.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Población en grandes ciudades (51% de la población)

México, obtuvo la posición número ocho con el 51% de su población viviendo en ciudades catalogadas como grandes por su número de habitantes. Este porcentaje es mayor al promedio general de 34.8%., y se sitúa por debajo de Argentina (52.3%) y por encima de Colombia (48.4).

Exportaciones de alta tecnología (14.9% de las exportaciones manufactureras)

Con 14.9%, México, ocupó la posición 18 por encima del promedio general de 14%. Se sitúa por encima de Australia (14.7%) y por debajo de Dinamarca (15.4%). Este porcentaje subió en 0.2 puntos porcentuales respecto a 2015.

Índice de Complejidad Económica (1.1 puntos)

Según el Atlas de Complejidad Económica, México se posicionó en el lugar 18 en el índice que evalúa el conocimiento de una sociedad a través de la sofisticación y replicabilidad de los productos que exporta. Por encima de la media general de los países evaluados.

DEBILIDADES

Empresas ISO 9001 (124 empresas certificadas por millón de PEA)

En México, solo 124 empresas por cada millón de PEA cuentan con la certificación ISO 9001 en capacitación el procesos y estándares de calidad. Este número se encuentra por debajo del promedio general de 770 y posición a México en el lugar 36. Se observó un decremento de 2015, año en el que 132 empresas por cada millón de la PEA contaban con dicha certificación.

Gasto en Investigación y Desarrollo (0.59% del PIB)

0.59% del PIB fue lo que México gastó en investigación y desarrollo (I+D). Este porcentaje ubicó a México en la posición número 36, y por debajo del promedio general de 1.68% del PIB.

Artículos científicos y técnicos (255 artículos publicados por cada millón de PEA)

El promedio general de artículos científicos y técnicos por cada millón de personas económicamente activas equivale a 1 mil 855, para México esta cifra equivale a 255. El país obtuvo la posición 34 dentro de los 10 países con menor número de artículos. México se ubicó por encima de Tailandia (255) y por debajo de Argentina (439).

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE INNOVACIÓN

IMCO PROPONE

1. Enfocar un porcentaje de la inversión pública de investigación y desarrollo hacia la demanda

En México los recursos para fomentar la innovación vienen en su mayor parte del sector público (60%), y están enfocados principalmente en la investigación académica (se estima que más del 90%). Para democratizar los esfuerzos por fomentar la innovación y llevarlos a todos los sectores sugerimos:

  • Fortalecer a las agencias de promoción económica para dirigir esfuerzos, establecer prioridades y coordinarse con otras agencias gubernamentales para dirigir recursos y fomentar la innovación. El Consejo de Desarrollo Económico de Singapur (EDB, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de Inversión Extranjera de Seúl e Invest in Bogotá, son ejemplos de esto.  México necesita un Proméxico. Las representaciones diplomáticas no pueden hacer esta labor, ya que tiene costos de oportunidad. La prioridad de los embajadores debe ser la relación política con otros países.
  • Complementar los incentivos salariales del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a través de un fondo de incentivos y de bonos otorgados en función del número de patentes registradas o el número de empresas creadas con sus estudiantes que generan ventas.  Aunque, para el ingreso, reingreso o prórroga al SNI, se consideran patentes, desarrollos tecnológicos, entre otros criterios, los incentivos económicos otorgados no son tomados en cuenta explícitamente. Se debe premiar directamente la investigación aplicada y potencialmente productiva.
  • Flexibilizar los fondos de inversión pública en innovación. Esto significa asignar un porcentaje de estos fondos (entre el 15% y el 20%) por medio de un concurso internacional para encontrar e implementar soluciones a problemas nacionales, como el aprovechamiento de energía solar en los hogares.  Actualmente la inversión pública se asigna a centros de investigación públicos y universidades públicas con montos inerciales.

2. Cambiar el modelo de educación terciaria

  • Implementar un modelo de educación superior más flexible que incorpore un tronco común en la primera mitad de los años de la carrera e integre módulos de especialización en la segunda mitad. Este modelo reduciría los costos asumidos y el estrés generado en jóvenes de 18 años, que deben decidir sobre su futuro a esa edad, motivándolos además a continuar su especialización. De acuerdo con la OCDE, hay una fuerte tendencia a buscar este tipo de modelo educativo entre los jóvenes que deciden buscar mejores opciones educativas fuera de su país.
  • Cambiar el modelo educativo. Incentivar en los estudiantes la búsqueda activa de fuentes de información, soluciones a problemas prácticos y trabajo en equipo, a través de un nuevo enfoque de los programas de estudio. De esta forma el profesor no es la fuente última de la verdad, sino una guía para los proyectos.
  • Desarrollar nuevas capacidades. Además de ampliar las materias e infraestructura que permitan a los estudiantes estar al día en el uso de nuevas tecnologías y herramientas, es necesario incluir materias técnicas, sociales, ambientales y financieras dentro del tronco común de los programas educativos.
  • Obligar a las Universidades a llevar un seguimiento puntual y a transparentar el posicionamiento de sus egresados en el mercado laboral.

3.  Mejorar esquemas de financiamiento público para innovación

De acuerdo con los fondos de inversión especializados en alta tecnología e innovación, sí hay dinero público para proyectos, sin embargo, hace falta que estos proyectos sean orientados al mercado. Éste es, ante los ojos de los emprendedores, uno de los problemas más importantes. Atender la falta de información en el mercado y acercar buenas ideas con potenciales inversionistas podría lograrse con algunas medidas como:

  • Incorporar fondos para la recuperación de la inversión inicial para empresas pequeñas y medianas dependiendo de su impacto por sector. El Centro Nacional para la Producción de Tecnologías Limpias y Ambientales es uno de los programas más exitosos de inversión en tecnologías en Colombia. Esta agenda incentiva la recuperación de hasta un 25% de la inversión inicial en tecnologías limpias, dependiendo de su impacto ambiental. El éxito del programa ha atraído la inversión del gobierno suizo.[1]
  • Verificar que los solicitantes de financiamiento público no se encuentren en el buró de crédito.

4. Mejorar el flujo de información entre el sector académico y el sector productivo

  • Fomentar el acercamiento de la academia y las empresas privadas a través de una plataforma digital. En otros países han funcionado programas de internships o prácticas profesionales que no solo forman parte de la calificación de los estudiantes, sino que permiten que las empresas incorporen estudiantes que les ayuden a encontrar mejores soluciones a problemas reales. Otra buena práctica es que estos problemas se propongan como proyectos prácticos para estudiantes durante las clases y se otorguen premios económicos a las soluciones.
  • Crear más programas de estancias para estudiantes universitarios y de incubación con multinacionales. Ampliar los programas doctorales de vinculación práctica (académica-industrial, similar al modelo inglés de doctorados prácticos) enfocados en el desarrollo de profesionales especializados en industria.
  • Ofrecer programas de mentorías a emprendedores que incluyan capacitación financiera, administrativa y fiscal.

5. Promover mayor protección a los derechos de autor

  • Reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para fomentar asociaciones entre trabajadores innovadores y empresas. De acuerdo a lo establecido en la LFT reformada en 2019, las innovaciones en el centro de trabajo son propiedad de la empresa. Un esquema que permita hacer spin-offs de innovación y que haga socios a los trabajadores innovadores puede propiciar un mayor crecimiento de la innovación en el trabajo.

[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Investment Policy Reviews: Colombia 2012 (París: OECD Publishing, 2012), http://dx.doi.org/10.1787/9789264167742-en (Consultado el 31/07/2019).

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RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

El Índice de Competitividad Internacional 2019 (ICI) mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión que se traduzcan en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Un país competitivo es aquel que, consistentemente y más allá de las posibilidades intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos y capacidades, resulta atractivo para el talento y la inversión. Para medir esto, el ICI está compuesto por 126 indicadores, categorizados en 10 subíndices[1] que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 43 países considerados.[2]

En esta edición se modificaron algunos indicadores con base en criterios de disponibilidad de la información, así como de oportunidad de los temas abordados. Adicionalmente, la metodología para la asignación de los pesos de los indicadores se modificó para homogeneizar la construcción del ICI con versiones pasadas del Índice de Competitividad Urbana y el Índice de Competitividad Estatal (ver Anexo Metodológico). Lo anterior impide realizar comparaciones directas entre esta edición y la de 2017, por lo que se construyeron las series de todos los indicadores de 2001 a 2017, para analizar la evolución de los países a través del tiempo con los cambios incorporados en esta edición.

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Noruega

Noruega se encuentra en la posición más alta del Índice general debido a que se encuentra entre los mejores tres países en cinco de los 10 subíndices. Obtiene el primer lugar en Medio Ambiente y Sociedad, el segundo en Derecho, y el tercero en Sistema Político y Gobiernos. Adicionalmente al ocupar el cuarto lugar en Mercado de Factores y Economía consolida su posición como el país más competitivo.

2° Suiza

La segunda posición de Suiza se debe a que se encuentra entre los cinco mejores países en seis de los 10 subíndices. Sobresale la segunda posición en Economía, la tercera en Derecho y la quinta en los subíndices de Sociedad, Gobiernos, Precursores e Innovación.

3° Dinamarca

Dinamarca alcanza el tercer lugar en el Índice general debido a que se ubica en el primer lugar de los subíndices Político y Gobiernos. Destaca su cuarta posición en Precursores, así como su quinto puesto en otros cuatro subíndices.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

CAMBIOS DE MÉXICO POR SUBÍNDICE (2015-2017)

[1] Los subíndices que componen este índice son: Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho), Manejo sustentable del medio ambiente (Medio Ambiente), Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad), Sistema político estable y funcional (Sistema Político), Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos), Mercado de factores eficiente (Mercado de Factores), Economía estable (Economía), Sectores precursores de clase mundial (Precursores), Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Relaciones Internacionales) e Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación)

[2] Los países que forman parte de la muestra son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Países Bajos, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía.

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ANEXO METODOLÓGICO

GENERALES

El objetivo del Índice de Competitividad Internacional 2019 (ICI) es aportar información útil para diseñar, priorizar y dar seguimiento a las políticas públicas nacionales que fomenten la competitividad y el desarrollo económico de México. Lo anterior, a partir de una definición clara de competitividad y del análisis del desempeño de México a través del tiempo y en relación con las principales economías del mundo.

Conceptualmente definimos competitividad como la capacidad de las ciudades, estados o países de atraer y retener talento e inversiones. Tanto el talento como la inversión tienden a gravitar hacia los lugares donde es posible obtener mejores retornos. Así, en un país atractivo para el talento y la inversión podemos esperar un alto nivel de productividad en las empresas y en las personas, y por su estrecho vínculo también podemos esperar altos niveles de prosperidad y bienestar.

Igualmente importante es identificar los factores que contribuyen a la competitividad. IMCO identificó 10 diferentes factores asociados a ella. Estos factores surgen de la teoría económica, la experiencia internacional y el sentido común. Cada factor dio origen a un subíndice de tal manera que fuera posible caracterizar la relación de cada uno con la definición de competitividad.

Finalmente, se identificaron indicadores que contribuyeran claramente a cada factor, tratando de eliminar redundancias. Así se determinó un universo inicial de indicadores y se recopilaron los datos correspondientes para todos los países del estudio. El conjunto final de 126 indicadores para 43 países fue el resultado de un proceso intenso de revisión donde se emplearon herramientas de análisis estadístico y econométrico con el objetivo de corroborar (i) que las variables estuvieran correlacionadas con la inversión y talento y (ii) que se excluyeran variables redundantes.

¿QUÉ HACE EL ÍNDICE?

  • Compara transversalmente y a través del tiempo, la posición relativa de los 43 países en torno a los 10 subíndices mencionados que tienen un impacto en la competitividad.
  • Comprueba que los 10 subíndices afectan positivamente la competitividad de un país (alta correlación con la inversión y con el talento).
  • Asigna una calificación de 0 a 100 a cada país, tanto globalmente como para cada subíndice.
  • Complementa la información que proveen otros indicadores internacionales y nacionales al brindar una perspectiva más amplia y específica para los 43 países, lo que permite elaborar análisis de sensibilidad para sugerir agendas prioritarias de política pública.

¿QUÉ NO HACE EL ÍNDICE?

  • No pretende ser un modelo de equilibrio general ni parcial.
  • No permite realizar predicciones ni determinar causalidad en relación con la inversión ni el talento de los países.
  • No hace explícitas las interacciones entre los indicadores considerados.

La base del índice son los indicadores de inversión y talento que componen la medición de competitividad. El resto de los indicadores pertenecientes a los 10 subíndices son comparados contra los primeros para poder establecer relaciones que permitan orientar el diseño de políticas públicas. La construcción del índice está en función y gira en torno a los primeros y por lo mismo los llamamos variables ancla.

INVERSIÓN Y TALENTO

La medición de inversión que se considera tanto para países como para estados es la formación bruta de capital fijo dividida entre la población económicamente activa.

El talento se define como la proporción de la población en edad laboral con educación superior. Esta definición es aplicable tanto para países como para estados.

Finalmente, para obtener una medición objetiva de competitividad se calcula una variable sintética promediando talento e inversión como variables normalizadas.

SELECCIÓN DE INDICADORES

Los 126 indicadores agrupados en los 10 subíndices de competitividad cumplen con las siguientes condiciones:

  • Son publicados regularmente
  • Provienen de una fuente neutral de reconocido prestigio
  • Son de fácil interpretación y sus metodologías de cálculo son transparentes y públicas
  • No son redundantes: cada variable aporta información adicional a la que aportan las otras

Para este informe se revisaron las variables utilizadas tanto en el índice internacional publicado en 2017 como en los índices de estados y ciudades, para analizar y entender su relación con la atracción de inversión y de talento.

Todos nuestros indicadores de competitividad se construyen a partir de los últimos datos disponibles, los cuales generalmente presentan un desfase de uno a dos años. Para la actualización del Índice de Competitividad Internacional 2019 se utilizaron datos al corte de 2017, por ser éstos los últimos disponibles para la mayoría de las fuentes.

En algunas de las variables utilizadas, fue necesario hacer imputaciones y extrapolaciones. Esto se realizó utilizando análisis tendencial. Adicionalmente, para aquellos países y variables que no contaban con información suficiente para extrapolar datos se utilizó un método neutral de imputación. Dicho método consiste en asignar a cada observación omitida el valor del indicador que mantendría inalterada la calificación promedio del país en el subíndice al que pertenece. De esta manera las imputaciones no inducen cambios en la posición relativa de los países en el subíndice.

FUENTES

La objetividad de los datos está determinada por la calidad de las fuentes consultadas. Las fuentes utilizadas se seleccionaron con base en condiciones que aseguraran la imparcialidad de la información analizada y que, además, tuvieran una buena calidad y permitieran fácilmente replicar nuestro Índice a través de los años. Las principales características de las fuentes empleadas son:

  • De reconocido prestigio y especializadas en el tema que trata el indicador.
  • De actualización regular de sus cifras.
  • En su mayoría, de dominio público y acceso gratuito.

PAÍSES CONSIDERADOS

Los países considerados en el análisis son principalmente aquellos con los que México compite:

• Por consumidores y mercados

• Por inversiones

• De manera muy especial por el mercado estadounidense y los productos que éste importa

También se incluye a países que, por el tamaño de su economía o por acuerdos, gozan de tratamiento especial por las principales economías del mundo.

LISTA DE PAÍSES CONSIDERADOS

  1. Alemania
  2. Argentina
  3. Australia
  4. Austria
  5. Bélgica
  6. Brasil
  7. Canadá
  8. Chile
  9. China
  10. Colombia
  11. Corea del Sur
  12. Costa Rica
  13. Dinamarca
  14. España
  15. EUA
  16. Finlandia
  17. Francia
  18. Grecia
  19. Guatemala
  20. Países Bajos
  21. Hungría
  22. India
  23. Indonesia
  24. Irlanda
  25. Israel
  26. Italia
  27. Japón
  28. Malasia
  29. México
  30. Nigeria
  31. Noruega
  32. Panamá
  33. Perú
  34. Polonia
  35. Portugal
  36. Reino Unido
  37. Rep. Checa
  38. Rusia
  39. Sudáfrica
  40. Suecia
  41. Suiza
  42. Tailandia
  43. Turquía

HOMOLOGACIÓN DE INDICADORES 0-100

Las variables de cada país se normalizan en una escala de 0 a 100 en función de los valores que presenten el resto de los países. Así, el peor valor de la muestra toma el valor 0, mientras que el mejor toma el valor 100. Los demás valores toman una calificación entre 0 y 100 en proporción a la escala utilizada. De esta forma se consiguen cuatro aspectos importantes:

  • Se comparan valores normalizados y no números absolutos
  • Se hacen homogéneas las unidades de todas las variables
  • Se puede observar fácilmente la posición relativa de los países
  • El índice de competitividad general está en la misma escala que todos los subíndices

PESOS DE LOS INDICADORES

La asignación de los pesos por indicador se hizo en dos etapas. En primer lugar, 65%[1] del peso de la calificación se calculó a través de proceso de asignación de pesos (budget allocation process).[2] En éste se consultó a los expertos de IMCO en cada materia para que asignaran a todos los indicadores valores de 0.1, 0.5 o 1, en función de su nivel de relevancia para la competitividad en los países. En segundo lugar, 35% del peso se asignó con base en la varianza de cada indicador. Se premió a aquellas variables con comportamientos más estables para evitar sobre-reacciones en el ranking, causadas por movimientos abruptos de los indicadores. 

PESOS DE LOS SUBÍNDICES

Para la asignación del peso que se otorga a cada subíndice en función de su contribución a la competitividad de los países, se sigue el método de regresión por componentes principales (PCR) utilizando las calificaciones por subíndice y tomando como la variable dependiente la medición de competitividad caracterizada por el promedio simple de las variables de inversión (formación bruta de capital fijo) y talento (el porcentaje de los trabajadores con educación terciaria). Los resultados de estas regresiones nos permiten conocer el peso relativo de cada subíndice con base en los coeficientes obtenidos en la regresión sobre cada uno de los componentes incluidos. A partir de dichas regresiones, se definieron los ponderadores de cada subíndice, como sigue:

Subíndice Peso
Derecho 0.11620459
Precursores 0.11210877
Sociedad 0.11190822
Gobiernos 0.10708198
Sistema Político 0.106687
Mercado de Factores 0.10623911
Innovación 0.09412437
Relaciones Internacionales 0.0879294
Economía 0.08265639
Medio Ambiente 0.07506018

Se decidió utilizar regresiones por componentes principales sobre otros métodos (por ejemplo Análisis de Componentes Principales sin regresión) y otras especificaciones del modelo por tres razones fundamentales: (1) este método toma en cuenta la relación estadística que existe entre la variable ancla y los subíndices, (2) al utilizar componentes principales es posible explicar un porcentaje alto de la varianza en la base de datos sin incurrir en problemas de multicolinealidad entre las variables dependientes, en este caso los subíndices, y (3) haciendo el análisis con subíndices y no con variables permitimos al modelo incorporar la información de los pesos individuales asignados a cada variable por los expertos y simplificar la interpretación de las relaciones entre subíndices y la variable ancla.

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE Y LAS VARIABLES ANCLA

El puntaje que arroja el Índice general muestra una correlación positiva con la variable ancla compuesta, la cual se construyó con un promedio simple de la inversión y el talento. Esto significa que los países que tienen tanto un alto nivel de inversión como un gran porcentaje de su población de 25 años o más con educación superior, tienen las mejores calificaciones.

La misma correlación positiva se puede observar entre el puntaje del Índice general y cada variable que compone a la variable compuesta o ancla.

CONTACTO

Para cualquier duda adicional sobre la metodología del Índice, escribir a oscar.ruiz@imco.org.mx

[1] El porcentaje se determinó minimizando la función de variabilidad entre los pesos de todos los indicadores.

[2] Para información más detallada acerca del proceso de asignación de pesos puede consultarse el documento Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user guide publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2008 y que se encuentra disponible en la siguiente liga: http://www.oecd.org/std/42495745.pdf

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I. DESIGUALDAD EN MÉXICO: EL QUE QUIERE NO SIEMPRE PUEDE

  • César Ruiz
    César Ruiz
    Editor institucional

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  • En México, “echarle ganas” no garantiza poder alcanzar nuestros sueños. Existen brechas tan marcadas que incluso el lugar en donde vivimos puede definir nuestro destino. 
  • Los mexicanos que viven en el sur del país son quienes más sufren de la desigualdad de oportunidades. El sur es la región del país que obtiene los resultados más pobres en materias como salud, educación o ingreso.
  • La política fiscal del país no ha logrado una redistribución eficaz del ingreso. México tiene los mismos niveles de desigualdad antes y después de recaudar impuestos.
  • El IMCO propone pensar en políticas públicas que, bajo una buena planeación, busquen mejorar el sur del país, sin descuidar el desarrollo ya alcanzado en otras regiones.

En la literatura y la teoría, la desigualdad es entendida como “la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad”[1]. En México, este problema alcanza niveles alarmantes, a un grado tal que dos mexicanos nacidos en el mismo día y a pocos kilómetros de distancia pueden llegar a tener vidas tan contrastantes que podría parecer que viven en países y mundos completamente distintos.

Imaginemos a Miriam, una mujer mexicana que está por nacer bajo el seno de una familia promedio, y que podría enfrentar condiciones de vida diametralmente distintas dependiendo del estado en donde resida. Una cuestión tan trivial como ésta podría definir, por ejemplo, la probabilidad de que Miriam llegue a cumplir un año de edad, de que su último grado de estudios sea la primaria, o si cuenta con cinco veces más probabilidades de vivir en la pobreza y, además, si llega a vivir tres años menos en comparación con otras entidades[2].

Para entender mejor la desigualdad en México, el presente capítulo analiza tres componentes fundamentales del problema: el ingreso, primer indicio del número de oportunidades que tiene una persona para acceder a recursos; la salud, y la educación, derechos humanos fundamentales para que las personas logren desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que les permitan alcanzar un mayor desarrollo social y económico, y en consecuencia, una mejor calidad de vida.

El análisis de la información disponible revela que en México existen realidades distintas que, en su mayoría, afectan de forma persistente a los mexicanos que viven en el sur del territorio nacional.

¿POR QUÉ UNOS SÍ Y OTROS NO?

En ocasiones, en México suele tener eco la idea de que basta con “echarle ganas” para salir adelante, y que quien es pobre, lo es porque elige serlo. La realidad es que la desigualdad de oportunidades y la carencia de políticas públicas que contribuyan a establecer un piso parejo para los ciudadanos, generan un abismo entre unos y otros.

A pesar de ser la decimoquinta economía más grande del mundo[3], en México el origen es destino, por lo que quienes nacieron ricos, difícilmente dejarán de serlo, mientras que los pobres, rara vez podrán ascender en la escala económica.

La movilidad social en el país —definida como el movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro— es tan baja que siete de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza no lograrán superar esa condición a lo largo de su vida, según el Informe de Movilidad Social en México 2019 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Además, solo el 3% de las personas que nacieron en la base de la escala económica podrán llegar a lo más alto. Por el contrario, el 57% de quienes nacen en los hogares más ricos del país mantendrán dicha condición de riqueza por el resto de su vida[4].

El panorama resulta aún más complicado al comparar la movilidad social entre las distintas regiones de México. El mismo informe del CEEY señala que en el norte del país 25 de cada 100 personas que nacieron en la parte más baja de la escala económica permanecen en el mismo estrato, mientras que en el sur esa cifra se eleva a 67[5].

A nivel global, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) revela que, en países emergentes como México, a un niño de una familia pobre le tomaría más de seis generaciones alcanzar un nivel medio de ingresos[6]. En el caso de México este periodo podría aumentar, ya que nuestro país “parece tener relativamente menos movilidad que otros países de América Latina o economías emergentes”[7].

La OCDE destaca que factores como los altos niveles de pobreza, la informalidad, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, la pobre calidad escolar y la exclusión financiera, influyen en la baja movilidad social del país.

Para lograr capturar de mejor manera las distintas realidades dentro de un mismo país, el análisis estadístico de este capítulo agrupó las entidades del país para formar regiones que faciliten las comparaciones.  El Mapa 1 muestra las zonas que serán utilizadas a lo largo del texto[8].

Mapa 1. México dividido en regiones geográficas para el análisis de oportunidades

Fuente: Elaborado por el IMCO, 2019.

EL INGRESO NO LO ES TODO, PERO CUENTA

A nivel internacional, el ingreso es el indicador más utilizado para analizar la desigualdad porque permite observar la distribución de la riqueza como una aproximación para medir el acceso a servicios y oportunidades. Aunque hay otros factores detrás de este fenómeno, el nivel de ingresos es un elemento que influye y no puede ser ignorado.

En México, una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en los indicadores de rezago: educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; y al mismo tiempo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias[9].

La desigualdad de ingreso es particularmente amplia en el sur del país, en donde seis de cada 10 habitantes están en situación de pobreza. Esto es el doble de lo que presenta la región del norte, tal y como lo muestra la Gráfica 1, donde los estados con mayor (Chiapas) y menor (Nuevo León) porcentaje de pobreza pertenecen a las regiones mencionadas. Es claro que la brecha ha crecido en los últimos años.

Grafica 1. Evolución de la pobreza nacional y en entidades federativas

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Uno de los factores que puede explicar la situación de pobreza es el ambiente económico de cada región: la economía del sur produce poco en los sectores en crecimiento y, además, es poco diversificada. Esto va de la mano con que el PIB per cápita es tres veces menor que en la capital del país, y su crecimiento promedio es el menor de todas las zonas analizadas.

Tabla 1. Indicadores económicos por región geográfica

Región PIB per cápita (Pesos por persona) PIB en sectores de alto crecimiento (Millones de pesos a precios de 2013) Crecimiento del PIB (Promedio de la tasa de crecimiento real de los últimos 3 años) Diversificación económica (Número de sectores) Pobreza (Porcentaje de la población)
Norte $170,318 47 3.4% 770 30%
CDMX $361,944 60 3.6% 909 28%
Centro $138,085 46 4.5% 767 41%
Sur $106,588 36 1.4% 725 55%

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Índice de Competitividad Estatal 2018, con información de 2016.

Otro elemento que puede explicar la desigualdad en los ingresos tiene que ver con la estructura del sistema tributario, el cual no está diseñado para reducir las brechas entre ricos y pobres[10]. Si bien, la recaudación de impuestos suele ser utilizada como una estrategia para redistribuir parte del ingreso de los que más tienen entre los más desfavorecidos, México después de pagar impuestos es un país tan desigual que antes.

De acuerdo con el coeficiente de Gini —un índice que va del cero al uno, donde el cero es la perfecta igualdad de ingresos y uno la perfecta desigualdad— México es el segundo país más desigual de la OCDE, lugar que mantiene incluso después de pagar impuestos y transferencias[11].

Al tomar en cuenta la información de 36 países, la desigualdad después de impuestos y transferencias cae alrededor de 0.16 puntos (de 0.48 a 0.32), en nuestro país el Gini prácticamente no cambia (pasa de 0.48 a 0.46)[12]. Esto indica que el efecto redistributivo de los ingresos en México, a través de los impuestos, es mínimo. Por ello, es necesario crear políticas que reduzcan la desigualdad más allá de las contribuciones. (Ver capítulo Cobrar impuestos para reducir la desigualdad: el rompecabezas de la política fiscal).

A pesar de que el nivel de ingresos es un indicador relevante para explicar la desigualdad, no es el único ámbito que debe ser considerado. Por ello, es necesario analizar otros aspectos que conviven día a día con los ciudadanos y que obstaculizan su desarrollo personal y profesional, lo que a su vez frena el crecimiento del país.

DIME DÓNDE NACISTE Y TE DIRÉ CUÁNTO PODRÁS VIVIR

Uno de los indicadores sociodemográficos de mayor relevancia es la esperanza de vida, el cual indica cuántos años en promedio vivirá una persona nacida en cierto lugar. La esperanza de vida, que toma en cuenta el riesgo de mortalidad de la zona, muestra algo que todos sabemos: en nuestro país existen realidades muy distintas donde el riesgo de muerte anticipada por falta de salud o por inseguridad varía considerablemente.

El simple hecho de nacer y vivir en una entidad u otra, para los mexicanos significa que su tiempo de vida puede variar cerca de cuatro años (Gráfica 2). Es decir, mientras que los habitantes de estados del sur como Chiapas y Guerrero tienen una esperanza de vida promedio de 73 años, la población de la Ciudad de México vive en promedio hasta 76 años y en Nuevo León casi hasta 77.

Grafica 2. Esperanza de vida por entidad federativa

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

La diferencia en el tiempo de vida entre habitantes del mismo país responde a diversos factores como el acceso a instituciones de salud (públicas o privadas), educación, tasa de homicidios y diversas condiciones sociales. La Gráfica 3 muestra que la región sur del país presenta el menor porcentaje de acceso a salud desde 2005 y cada vez queda más rezagada. Por el contrario, en el norte y la Ciudad de México, la proporción de personas que cuentan con este servicio es casi el doble.

Gráfica 3. Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que tiene acceso a instituciones de salud por región geográfica

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (tercer trimestre de 2016) del Inegi.

Esta situación es igual al tomar en cuenta distintas tasas de mortalidad, en donde el sur es la región con los resultados menos favorables. Al comparar distintas causas de muerte entre las regiones del país (Gráfica 4), los datos revelan que la mortalidad infantil, la mortalidad por diabetes y enfermedades del corazón y la mortalidad infantil por enfermedades respiratorias, son más altas en el sur que en las zonas centro y norte del país. Solo en el caso de suicidios, la tasa de mortalidad es menor en el sur que en las otras regiones.

En el caso de la mortalidad infantil por enfermedades respiratorias, la tasa promedio es el doble en el sur que en el norte y centro. No obstante, más allá de los promedios, la información también demuestra que hay estados del sur con casi 20 veces más mortalidad por esta causa que en el centro o en el norte. Las brechas y los riesgos son enormes.

Gráfica 4. Distintas causas de muerte en México por zona geográfica

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Registros administrativos y del SNIEG, 2016 del Inegi.

La desigualdad también es clara en infraestructura y en personal de los servicios de salud. Aunque en indicadores como el número de médicos y enfermeras, médicos con especialidad y camas de hospital, los promedios por cada mil habitantes son similares entre las zonas norte, centro y sur del país, el contraste es claro al comparar las regiones con la Ciudad de México (Gráfica 5).

La evidencia muestra una marcada concentración de los recursos de salud en la capital del país, la cual cuenta con más del doble de capital humano e infraestructura que cualquier región de México. Por ejemplo, tiene 1.8 camas de hospital por cada mil habitantes, mientras que los demás estados tienen en promedio 0.7. Sin embargo, a pesar de los aparentes buenos resultados de la Ciudad de México a nivel nacional, aún está muy por debajo de economías como Alemania que cuenta con 8.3 camas de hospital por cada mil personas o el Reino Unido, con 2.8[13]. Es decir, ni la entidad más favorecida en el país en este rubro alcanza estándares de naciones con mejores sistemas de salud.

Gráfica 5. Infraestructura y personal médico por zona geográfica

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) y Boletines de Información Estadística, 2016.

Esto repercute de manera directa en la calidad de vida y en el ejercicio del derecho al acceso a los servicios de salud de los ciudadanos, quienes también se ven afectados por factores como los largos tiempos de espera, que pueden llegar hasta a una hora y media, o el resultado de la atención que varía según la institución en donde son atendidos[14].

Para combatir la desigualdad en este tema y tener una sociedad más sana, es necesario que el Gobierno federal garantice el acceso a la salud a todos los mexicanos. Esto implica incrementar el gasto público que el país realiza en este rubro, que en 2017 representó el 2.8% del PIB y es el más bajo entre los países de la OCDE[15]. (Ver capítulo Salud para todos: ¿qué tan lejos está México de lograrlo?).

MÁS EDUCACIÓN, ¿MENOS DESIGUALDAD?

Uno de los elementos más importantes y efectivos para el progreso de los países es la educación. Este derecho les proporciona a las niñas y niños las herramientas y habilidades esenciales para enriquecer sus vidas y desarrollarse como adultos dentro de la sociedad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) considera que la educación es la mejor inversión para alcanzar un futuro sostenible, y en México, la Constitución señala en su artículo tercero que todos tenemos el derecho a recibirla. Sin embargo, aunque el Estado ha redoblado esfuerzos por ampliar la cobertura educativa en el país, el acceso no ha llegado a todos los sectores de la sociedad ni a todos los rincones del país, por lo que los beneficios de más educación han estado concentrados en determinados grupos.

Así lo reflejan, una vez más, las diferencias de cobertura y calidad de la educación que prevalecen entre las distintas zonas del país. En donde el sur nuevamente obtiene los peores resultados. Los contrastes son aún más visibles al agregar a la Ciudad de México como un elemento adicional de comparación.

La Tabla 2 muestra que la proporción de población analfabeta es seis veces mayor en el sur que en la Ciudad de México y más de tres veces que en el norte. Al hablar de calidad, la situación es similar: el rendimiento es menor en el sur tanto a nivel escuela como a nivel alumno. Además, la población de la región sur cuenta en promedio con dos años menos de escolaridad que los residentes de la capital del país y con uno menos que los ciudadanos que habitan en el norte. (Ver capítulo Los que aprenden y los que no: brechas escolares, desigualdad social y políticas educativas).

Tabla 2. Indicadores de desempeño educativo por región geográfica

  Analfabetismo (porcentaje de la población que no sabe leer ni escribir) Escolaridad (Años promedio) Escuelas de calidad (Porcentaje con nivel excelente y bueno) Rendimiento académico (Porcentaje de alumnos en nivel bueno o excelente en matemáticas)
Norte 2.47% 9.61 21.48% 15.75%
CDMX 1.20% 11.02 34.43% 24.38%
Centro 4.08% 9.22 23.13% 17.54%
Sur 7.62% 8.66 18.56% 14.90%

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Índice de Competitividad Estatal 2018 e información de Planea 2016.

CONCLUSIÓN

El presente capítulo ha expuesto distintas razones que demuestran que en México no basta con “echarle ganas” para salir adelante ya que existen diversos factores que perpetúan la desigualdad en el país. Primordialmente, el lugar y las condiciones de nacimiento juegan un papel fundamental en la calidad de vida y expectativas a futuro de los ciudadanos. En México, origen es destino.

Con base en la información recabada, es posible confirmar que los habitantes del sur del país presentan el panorama menos favorable en la búsqueda de disminuir la desigualdad ya que presentan diferencias marcadas con otras regiones del país.

En los próximos capítulos del Índice de Competitividad Internacional 2019 se desglosarán aspectos específicos para conocer las causas y consecuencias de la desigualdad: cómo afecta a los ciudadanos y cómo se puede revertir este fenómeno a través de propuestas de política pública dirigidas a actores de los sectores público y privado que sirvan como guía a la hora de tomar decisiones para el bienestar de todos los mexicanos.

IMCO PROPONE

Para que las políticas públicas que buscan combatir la desigualdad sean efectivas, es importante planear cuidadosamente, pensar en los incentivos generados por las políticas y plantear una medición del impacto de su implementación. En ese sentido, el IMCO propone las siguientes acciones:

  • Invertir en infraestructura que permita atraer talento a zonas de bajo desarrollo y que estas cuenten con los servicios básicos o con condiciones mínimas necesarias para la conectividad y desarrollo, no solo de la industria sino de su población.
  • Priorizar la mejora educativa como herramienta fundamental para el desarrollo de capital humano en regiones de bajo desempeño académico.
  • Invertir en tecnologías para acercar la medicina de calidad a zonas rurales y remotas.
  • Diseñar mecanismos de evaluación, retroalimentación y transparencia de los resultados de las políticas implementadas para garantizar su adecuado desempeño e idoneidad.
  • Conservar y fortalecer los mecanismos de evaluación implementados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

[1] Eduardo López-Aranguren, Problemas sociales: desigualdad, pobreza, exclusión social (Madrid: Biblioteca Nueva, 2005), 61.

[2] IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018. Base de datos, https://imco.org.mx/indices/el-estado-los-estados-y-la-gente/ (Consultado el 22/06/2019).

[3] Banco Mundial. GDP ranking, 2017, https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf  (Consultado el 24/06/2019).

[4] Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Informe de Movilidad Social en México 2019 (Ciudad de México: CEEY Editorial, 2019), 18, https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico-2019..pdf (Consultado el 22/06/2019).

[5] Ibíd, 18–20.

[6] OCDE, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility (París: OECD Publishing, 2018), 16, https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-en#page4 (Consultado el 10/06/2019).

[7] Ibíd.

[8] Las regiones se agrupan de la siguiente forma:  Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas; Centro: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Estado de México (la Ciudad de México se encuentra agrupada en esta región en los casos donde no es analizada por separado); CDMX: Ciudad de México; Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

[9] Medición de la pobreza, “Glosario”, Coneval, https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

[10] Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México (Ciudad de México: Oxfam, 2015), página 22-25, https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf (Consultado el 22/06/2019).

[11] OCDE,Estudios Económicos de la OCDE: México, 2017 ( OCDE 2017, 2017), 22, https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf (Consultado el 18/06/2019).

[12] Max Roser y Esteban Ortiz-Ospina, “Income Inequality”, Our World in Data, (2016), https://ourworldindata.org/income-inequality (Consultado el 18/06/2019).

[13] Datos del Banco Mundial, “Camas hospitalarias”, Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.MED.BEDS.ZS?most_recent_value_desc=true&view=chart

[14]INSP, Ensanut MC 2016 (Ciudad de México: Secretaría de Salud, 2016), Página 60, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf (Consultado el 22/06/2019).

[15] Health Statistics, “Health Expenditure”, OCDE, estadísticas, https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT